Cuenta atrás para el voto del Decreto Maricarmen. Este viernes, el Congreso de los Diputados debatirá los dos textos sobre vivienda que el Consejo de Ministros aprobó este martes. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está confiado en que salgan adelante. Quien no lo está tanto es Junts, y así lo ha hecho saber este miércoles en el Congreso.
Su portavoz, Miriam Nogueras, ha apuntado a los medios que se encontraban en los pasillos de las Cortes que su formación está “decepcionada y preocupada” por sendos textos, y ha evitado adelantar si darán luz verde a los decretos este viernes. “No tenemos posición ahora mismo”, ha señalado, antes de recordar que el texto tiene unas 200 páginas y que el partido continuará estudiándolo durante las próximas horas.
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Las principales reticencias de Junts se concentran en dos cuestiones. Según Nogueras, los objetivos prioritarios del decreto debían ser “parar a los fondos buitre” y “proteger a las familias”, pero considera que ninguna de las dos metas queda garantizada con la redacción actual. “Este real decreto no para a los fondos buitre porque los fondos buitre pueden seguir comprando, y este real decreto tampoco protege a las familias”, ha criticado. La portavoz también ha cuestionado las consecuencias que podría tener el texto para algunos propietarios. Nogueras ha puesto como ejemplo el caso de una vivienda alquilada que su dueño quisiera dejar en herencia a un hijo y ha asegurado que, con la redacción actual, “el inquilino podría tener derecho a comprar ese piso antes de que su hijo pudiera heredarlo”.
Qué dicen los dos decretos
Fue apenas hace una semana cuando el desahucio de Maricarmen, la mujer de 87 años residente en el distrito de Retiro que llevaba más de 70 en la misma casa, fue la gota que colmó el vaso ante la crisis de la vivienda que sufre España desde hace años, con unos precios que no paran de subir. La acampada instalada en la Puerta del Sol de Madrid desde este sábado ha recogido ese descontento, obligando al Gobierno a actuar en un plazo de 48 horas.
Este martes, el Consejo de Ministros aprobó dos reales decretos con medidas destinadas a reforzar la protección de los inquilinos, ampliar las garantías para las personas vulnerables y poner límites a algunas prácticas del mercado del alquiler.
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