El Congreso ha aprobado este martes tramitar la ley del PSOE que rebaja la tasa máxima de alcohol al volante hasta 0,2 gramos por litro de sangre, una reforma con la que los socialistas pretenden reducir los accidentes mortales y extender el mismo límite a todos los conductores.
La toma en consideración ha salido adelante por 173 votos frente a 168, con la abstención del PNV. El apoyo de ERC, que en marzo había tumbado la misma iniciativa, ha permitido que el Congreso tramite una reforma que unifica el límite para conductores noveles, profesionales y el resto.
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PP, Vox y UPN han votado en contra de la iniciativa, que hace seis meses no superó su primer examen parlamentario por un solo voto. Sumar, Junts, EH Bildu y Podemos han respaldado la propuesta junto a los socialistas y Esquerra Republicana.
La proposición de ley modifica los artículos 76 y 77 de la Ley de Tráfico. El nuevo umbral convertiría en infracción grave conducir con más de 0,1 miligramos de alcohol por litro de aire espirado o más de 0,2 gramos por litro de sangre, hasta los límites actuales de 0,25 miligramos y 0,5 gramos, respectivamente.
Qué cambia en la tasa de alcohol y en las sanciones
La reforma califica como infracción muy grave superar los 0,25 miligramos por litro de aire espirado o los 0,5 gramos por litro de sangre, así como conducir con presencia de drogas en el organismo. Estas conductas llevarían aparejada una multa de 1.000 euros.
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El sistema de puntos también cambiaría si la ley culmina su tramitación. Perderían dos puntos quienes superasen 0,1 miligramos y no rebasasen 0,25; cuatro puntos quienes estuviesen por encima de 0,25 y hasta 0,5; y seis puntos los conductores que excediesen ese último límite.
El diputado del PSOE Manuel Arribas Maroto ha defendido durante el debate que la medida “puede contribuir a salvar vidas”. “Mientras exista una sola decisión que pueda evitar una muerte en nuestras carreteras, esta Cámara tiene la obligación de intentarlo”, ha afirmado.
La norma sostiene que su propósito no es represivo, sino garantizar que los ciudadanos ejerzan el derecho a la libre circulación sin que queden comprometidas su vida y su integridad física. El texto vincula ese objetivo con los derechos fundamentales recogidos en la Constitución.
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La iniciativa constituye una de las medidas centrales del Ministerio del Interior dirigido por Fernando Grande-Marlaska. El PSOE busca desterrar la idea de que existe un consumo moderado de alcohol compatible con conducir y sustituir la pregunta sobre cuánto se puede beber por un mensaje directo: si se va a conducir, no se puede beber.
Los socialistas han comparado el cambio con la implantación obligatoria del cinturón de seguridad, el casco para motoristas y el carné por puntos. Arribas ha pedido al resto de grupos que asuman una medida que puede resultar incómoda o impopular, pero que persigue evitar muertes en carretera.
Los grupos reclaman cambios y cuestionan la vía urgente
ERC ha respaldado esta vez la tramitación, aunque su diputada Inés Granollers ha reclamado una prohibición completa. “No engañen con la tasa de alcoholemia, sean valientes y si quieren cambiar la tasa de alcoholemia la única tasa viable es el cero”, ha dicho.
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Durante julio y agosto han muerto 240 personas en las carreteras, entre ellas 31 jóvenes de 15 a 24 años, de acuerdo con los datos expuestos por el PSOE. Los socialistas también han señalado que uno de cada tres fallecidos en siniestros viales presentaba alcohol en sangre.
La diputada de Sumar Laura Vergara ha anunciado el respaldo de su grupo con otra formulación tajante: “Si bebes, no conduzcas. Si vas a conducir, bebe sin alcohol, porque ninguna muerte es aceptable”. Junts ha pedido revisar la redacción porque, a juicio de la diputada Marta Madrenas i Mir, los conductores noveles y profesionales podrían perder menos puntos que con la normativa vigente.
ERC ha reclamado además mejorar el transporte público para que los conductores no dependan del coche cuando salgan a celebrar. PP y Vox han cuestionado que la reforma se tramite por la vía de urgencia como proposición de ley y no como proyecto del Gobierno, que requeriría informes de organismos expertos.
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El PP ha acusado a Grande-Marlaska de intentar desviar la atención sobre las entradas masivas de migrantes en Ceuta, mientras que Vox ha calificado al Gobierno de “trilero, autoritario y manipulador”. Asociaciones de víctimas como Stop Accidentes y Ponle Freno han seguido el debate desde la tribuna de invitados.
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