Más de 32.000 personas mueren esperando a que el Estado resuelva su solicitud de ayuda a la dependencia

Un total de 32.704 personas fallecieron en 2025 sin que la Administración llegara a resolver su solicitud de ayuda a la dependencia, según los datos recogidos por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales (AEDGSS) y citados en el último trabajo sobre los cuidados de larga duración publicado este jueves por Funcas. La cifra se suma a otro dato revelador de la magnitud del problema: a 31 de diciembre de ese año, 152.693 personas permanecían en lista de espera dentro del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), ya fuera a la espera de que se resolviera su expediente, de que se les asignara una prestación pese a tener el derecho reconocido, o de que dicha prestación se hiciera efectiva.

El tiempo medio que transcurre en España desde que una persona solicita el reconocimiento de un grado de dependencia hasta que recibe efectivamente una prestación se sitúa en 341 días, según el informe. La mayor parte de esa demora se concentra en la primera fase del proceso, la que va de la solicitud al reconocimiento del grado, con 255 días de promedio.

Detrás de esa media nacional se esconde una disparidad territorial considerable. En Andalucía, la comunidad autónoma con más solicitudes en trámite, el tiempo de espera hasta la resolución del grado alcanza los 496 días, casi 17 meses. En el extremo opuesto, Castilla y León resuelve estos expedientes en apenas 113 días, cuatro veces más rápido.

Un sistema con tres cuellos de botella distintos

El informe distingue tres situaciones diferentes dentro de lo que denomina el “limbo de la dependencia”. La primera afecta a quienes llevan más de seis meses esperando una resolución sobre su grado de dependencia, sin motivo de exclusión: 54.203 personas en toda España a finales de 2025. La segunda agrupa a los beneficiarios que, pese a tener reconocido el derecho a una prestación, todavía no la reciben: 90.761 personas. La tercera, más reducida por mucho, la componen 7.729 personas cuyo grado y prestación están reconocidos, pero cuyo cobro aún no se ha hecho efectivo.

Estas tres categorías sumaban, en conjunto, un 9,34% del total de beneficiarios con prestación efectiva en el conjunto del sistema. La proporción se dispara en algunas comunidades: en Murcia alcanza el 22,14% y en Cataluña el 20,28%, frente a cifras cercanas al 1% en Aragón, Cantabria o La Rioja.

El coste que las familias asumen mientras esperan

El informe conecta estas demoras con una carencia de financiación. El gasto público en dependencia en España, sumando la aportación de la Administración General del Estado y las comunidades autónomas, ascendió a 17.382 millones de euros en 2025, equivalentes al 1,03% del producto interior bruto (PIB). Esa proporción queda por debajo de la media observada en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), cifrada en el 1,8% del PIB.

Mientras las solicitudes aguardan resolución, buena parte de los cuidados recaen sobre las familias, sin apoyo económico ni formal. El propio informe estima que el coste informal y oculto de la dependencia en España, asumido mayoritariamente por los hogares, alcanzó los 61.500 millones de euros en 2025, una cifra casi tres veces superior al gasto formal del sistema. Sumando ambas partidas, el coste total de la dependencia en España se sitúa en 82.400 millones de euros, un 4,88% del PIB.

Una reforma legislativa en su tramitación final

El Gobierno aprobó el pasado 23 de junio un Real Decreto-ley que habilita un crédito extraordinario de 2.200 millones de euros para el SAAD, destinado a financiar aumentos en las prestaciones mínimas. Ese mismo día remitió al Congreso de los Diputados un proyecto de ley de reforma estructural de la norma que regula el sistema desde 2006, aprobado por la Cámara Baja el 14 de julio y actualmente en su fase final de tramitación en el Senado.

Entre las medidas previstas figura la reducción del plazo de espera para el reconocimiento del grado de dependencia a un máximo de tres meses, así como la compatibilidad plena entre servicios hasta ahora excluyentes, como la asistencia domiciliaria y la asistencia en un centro de día. El informe de Funcas advierte, no obstante, de que estas reformas podrían resultar insuficientes frente al aumento de la demanda: la población potencialmente dependiente en España, estimada en 6,8 millones de personas en 2025, podría alcanzar los 12,1 millones en 2050.