El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha citado como investigados a Julio Martínez Sola y Roberto Roselli Miele, presidente y antiguo consejero delegado de Plus Ultra, para los días 7 y 8 de septiembre. Ambos deberán acudir acompañados por sus abogados y responderán ante el juez y el Ministerio Fiscal en el marco de la instrucción sobre el rescate público a la aerolínea. Será la primera vez que los dos directivos declaren presencialmente en esta causa.
La citación llega tras la comparecencia en el juzgado de Julio Martínez Martínez, empresario vinculado a la gestión del rescate. Después de esa declaración, la fiscal de Anticorrupción, Elena Lorente, consideró necesario volver a llamar a Martínez Sola y a Roselli para profundizar sobre los escritos que ambos presentaron este lunes.
El presidente y el antiguo CEO de Plus Ultra, citados a declarar como investigados
El procedimiento se tramita bajo la modalidad de juicio abreviado, lo que indica que la investigación preliminar está avanzada y el tribunal busca delimitar la situación procesal de los implicados. Según la resolución judicial, a la que ha tenido acceso Infobae, no se especifican los delitos concretos que se investigan.
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El auto firmado por el juez establece que la comparecencia es obligatoria salvo que alguna de las defensas aporte un justificante concreto y documentado, presentado en el plazo de tres días hábiles. “La imposibilidad real de comparecer deberá acreditarse documentalmente dentro del plazo previsto por la Ley de Enjuiciamiento Criminal”, cita el texto. Además, cualquier recurso contra la citación debe presentarse en ese mismo plazo.
Martínez Sola aseguró en un escrito que se pactó el pago del 1% del rescate por “labores de acompañamiento”
En el escrito presentado por Martínez Sola este lunes, se reconoce que se pactó el pago del 1% del rescate de 53 millones de euros por lo que denominaron “labores de acompañamiento”. El presidente de la aerolínea expone que ni él ni Roselli Miele tuvieron “una constancia fehaciente de las concretas actuaciones llevadas a cabo para influir o favorecer la concesión del rescate a Plus Ultra por parte de la SEPI”. Añade que “como una medida desesperada, se asumió que Plus Ultra debía contratar con el Sr. Martínez Martínez para tal fin, conscientes de que tenía la relación con el Sr. Rodríguez Zapatero, asumiendo asimismo el pago de elevadas cantidades de dinero (el 1%) por tales labores que, eufemísticamente, llamaron ‘de acompañamiento’”.
Martínez Sola detalla que en enero de 2021 la empresa firmó un contrato con Idella Consulenza, sociedad de Julio Martínez Martínez, que “vinculaba directamente la remuneración” a la obtención del rescate público y fijaba el pago en el 1% más IVA del total de la financiación, lo que equivaldría a unos 641.300 euros. El pago se realizó a través de varias empresas y en diferentes conceptos, incluyendo abonos a Análisis Relevante, Voli Analítica y Domotic Europe, además de un pago en especie valorado en 69.000 euros en billetes de clase business.
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Según el relato de los directivos, en abril de 2020, en plena pandemia y con el espacio aéreo paralizado, Rodolfo Reyes, exconsejero de la aerolínea, contactó con Martínez Sola para explorar posibles apoyos. Tras la intermediación de Manuel Fajardo, Martínez Sola recibió una llamada desde un número oculto el 30 de abril; al otro lado estaba José Luis Rodríguez Zapatero. En esa conversación, que duró unos diez minutos, el presidente de Plus Ultra expuso la difícil situación financiera de la compañía y la necesidad de acceder a un crédito ICO. Zapatero, según el escrito, “manifestó que su intervención podría ser de ayuda y que haría las gestiones oportunas” y le indicó que, a partir de ese momento, el interlocutor sería Julio Martínez Martínez. En esa llamada, según los escritos, no se habló de honorarios ni de contraprestaciones.
El tribunal ha advertido a los investigados que, en caso de ausencia no justificada los días 7 y 8 de septiembre, podrá adoptar nuevas medidas, como fijar una nueva fecha de citación o, en situaciones graves, dictar una orden de detención. Las defensas disponen de tres días hábiles para presentar un recurso de reforma ante el juzgado, lo que podría modificar el calendario si se formaliza dicho recurso. Las próximas semanas serán determinantes para el avance de la causa y para esclarecer el papel de los directivos y los intermediarios en el rescate público de Plus Ultra.