Un tribunal de Madrid ha decidido aplazar al 28 de septiembre el desahucio de Zaira, su marido y sus cuatro hijos -tres de ellos menores de edad-, tras una petición de prórroga presentada a instancias del Ministerio Fiscal para dar tiempo a que los Servicios Sociales del Ayuntamiento dispongan de un plazo adicional para buscar una alternativa habitacional. El pasado 25 de junio estaba previsto el quinto intento de desahucio contra la familia y, si bien el juez desestimó el recurso presentado por la defensa y confirmó la orden de desalojo, aceptó aplazar la ejecución para evitar que se queden sin vivienda de manera inmediata. No obstante, aunque la medida les concede un respiro durante el verano, no resuelve la situación de precariedad que viven.
“Los Servicios Sociales siguen, de momento, sin darles una alternativa habitacional”, explican a Infobae desde la plataforma Stop Desahucios.
El piso donde residen, ubicado en el barrio de Vicálvaro, pertenece a la Agencia de la Vivienda Social (AVS) de la Comunidad de Madrid y ha sido su hogar desde hace más de 15 años. Tras el primer intento de desahucio, la ONU pidió a España que tomara medidas para evitar su desalojo, aunque la petición no ha tenido éxito. En concreto, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de la ONU consideró que la actuación de las autoridades españolas vulneró el derecho de la familia a una vivienda adecuada y que no se evaluó el impacto sobre los menores ni se ofrecieron alternativas habitacionales.
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Pese a las recomendaciones de la ONU, critica Stop Desahucios de Vicálvaro, la Comunidad de Madrid volvió a iniciar un proceso de desalojo por la vía penal y se programó para el 25 de junio, aunque ahora ha quedado pospuesto hasta septiembre.
Esta familia alquilaba previamente una vivienda particular, pero la enfermedad del padre -tiene un 65% de discapacidad- y la falta de ingresos les llevaron a ocupar un piso vacío de la AVS que se encontraba “en un estado deplorable”, según sus palabras. En 2015, el matrimonio trató de regularizar su situación a través de un alquiler social, pero el organismo público “siempre se ha negado a llegar a un acuerdo”, indica Stop Desahucios, que asegura que la familia “solo quiere pagar un alquiler adecuado a sus ingresos“.
Fin de la moratoria antidesahucios
La AVS, por su parte, solicita el inmueble argumentando la necesidad de gestionar el parque público y la irregularidad de la ocupación. La entidad explica que el informe de vulnerabilidad de la familia ya se había valorado previamente y que “la ocupación ilegal no puede justificarse, incluso en situaciones de especial necesidad”. Además, subraya que los dictámenes internacionales no tienen carácter obligatorio para la jurisdicción española.
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El caso de la familia de Zaira refleja la incertidumbre a la que se enfrentan los hogares en situación vulnerable desde que el pasado mes de febrero el Congreso tumbó la moratoria antidesahucios con los votos de PP, Vox y Junts, una medida que prohibía los desahucios sin alternativa habitacional. Como ella, miles de personas temen ahora quedarse en la calle en plena crisis habitacional, con unos precios disparados en toda España.