El modelo de pensiones privadas está cerca de ver la luz en la Unión Europea, donde algunos de los Veintisiete afrontan problemas a corto, medio y largo plazo para cubrir las prestaciones de sus ciudadanos jubilados, así como para incorporar mano de obra al mercado laboral, creando un desbalance entre trabajadores contribuyentes y beneficiarios de pensiones.
Este viernes, los embajadores de los Estados miembros alcanzaron una cuerdo para actualizar la normativa sobre los fondos de pensiones de empleo, con los que las empresas podrán complementar las jubilaciones de sus trabajadores. Este acuerdo mantiene varios “elementos principales” de la propuesta legislativa original pensada para “impulsar las actividades transfronterizas y mejorar la colaboración y el intercambio de información” entre las autoridades nacionales competentes.
En noviembre de 2025 la Comisión Europea modificó el marco de fondo de pensiones de empleo (IORP II), que establece normas comunes para “garantizar una buena gestión y supervisión” de estas entidades, tras comprobar que “muchos regímenes siguen siendo demasiado pequeños para diversificar sus inversiones y ofrecer resultados óptimos a los ahorradores”.
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“Aumentar la participación privada en nuestros mercados de capitales es clave para impulsar la competitividad general de la UE”, destacó en un comunicado el ministro de Finanzas de Chipre, Makis Keravnos, cuyo país ostenta hasta el 30 de junio la presidencia rotatoria de la UE. Además, los socios del bloque han acordado al 100% de su cartera el umbral para que estos fondos inviertan en acciones y bonos corporativos en mercados regulados, frente al 70 % que planteaba el Ejecutivo comunitario, con el objetivo de “favorecer la inversión en economía real”.
El texto final deberá pasar la votación del Parlamento Europeo una vez que los eurodiputados fijen sus líneas rojas y estén listos para empezar las conversaciones. Además, de aprobarse el acuerdo, serán los Estados miembros quienes posean la competencia para aplicar límites “más restrictivos” si lo consideran conveniente.
Las inversiones deben respetar niveles de riesgo adecuados
Respecto al ámbito de aplicación de las normas, los gobiernos podrán aplicar la directiva directamente a los fondos de pensiones de empleo, a la entidad autorizada que los gestione o a ambas, con la condición de que exista una separación jurídica de los activos. Además, los Estados han eliminado las disposiciones sobre los sistemas de seguimiento de pensiones, la asignación de tareas a organismos de supervisión de la UE y la introducción de “diálogos de supervisión” entre los fondos de pensiones de empleo y las autoridades para “reducir la carga administrativa”.
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Por otro lado, Bruselas ha asegurado que la posición del Consejo preserva el “principio de prudencia” que garantiza que las inversiones se realicen respetando unos niveles de riesgo adecuados, al igual que mantiene las normas sobre fondos con múltiples promotores, el marco para transferencias colectivas nacionales y transfronterizas y las normas básicas de conducta empresarial que propuso la Comisión Europea.
Esta normativa, junto con la relativa a los planes paneuropeos de pensiones de empleo (PEEP), pactada recientemente por los Veintisiete, son los dos pilares legislativos con los que la Unión quiere impulsar planes privados que ayuden a los europeos a complementar sus pensiones por jubilación. Se trata de dos piezas legislativas que buscan también profundizar los mercados de capitales del continente y avanzar en la denominada Unión de Ahorros e Inversiones.