La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha solicitado al juez instructor del ‘caso Leire Díez’ una amplia batería de diligencias centradas en seguir el rastro del dinero, con especial atención a las cuentas del PSOE, varias sociedades mercantiles y una agencia de publicidad cuya actividad ha despertado el interés de los investigadores.
En un oficio fechado el pasado 1 de junio, al que ha tenido acceso la Cadena SER, los agentes reclaman que se recabe toda la información bancaria y tributaria del PSOE correspondiente a los ejercicios 2024 y 2025. Se trata precisamente del periodo en el que, según las sospechas que maneja la investigación, se habrían desarrollado distintas actuaciones dirigidas a interferir o boicotear procedimientos judiciales.
El objetivo, según expone la propia unidad en el documento remitido al juzgado, es esclarecer el recorrido de determinadas operaciones económicas y comprobar si existieron mecanismos financieros que permitieran sostener las actuaciones que están siendo objeto de investigación. Los investigadores quieren conocer las cuentas bancarias en las que el partido figure como titular, autorizado o bajo cualquier otra modalidad de vinculación. También reclaman información sobre movimientos de efectivo, imposiciones, retiradas de fondos, bienes inmuebles, bienes muebles y posibles participaciones o relaciones societarias.
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Paralelamente, la UCO pide al juez que libre oficios a varias entidades financieras para que remitan directamente a la Policía Judicial toda la información disponible sobre movimientos, saldos y operativa de las cuentas identificadas en la investigación. La justificación de esta petición aparece recogida de forma explícita en el oficio. Los agentes sostienen que, dada la naturaleza económica de los hechos investigados y la posible utilización de operaciones comerciales como instrumento para ejecutarlos, resulta necesario ampliar el análisis financiero de las personas y entidades implicadas.
El rastro de los 43.200 euros
La solicitud de información no se limita al PSOE. La Guardia Civil también quiere profundizar en los movimientos económicos de un despacho de abogados y una consultora que, según la investigación, habrían sido utilizados para canalizar pagos por un importe total de 43.200 euros a Leire Díez.
La petición alcanza igualmente a los responsables de ambas entidades, Ismael Oliver y Gaspar Zarrías, respectivamente. Los investigadores buscan reconstruir con precisión cómo se produjeron esas operaciones, cuál fue el origen de los fondos y qué recorrido siguieron antes de llegar a su destino final.
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La intención de la UCO es disponer de una fotografía financiera completa que permita conectar todos los elementos económicos que aparecen dispersos a lo largo de la investigación. En este punto, los agentes consideran que la documentación bancaria y tributaria puede aportar información clave para comprender la estructura de las operaciones analizadas.
Una agencia de publicidad entra en el foco
Sin embargo, una de las novedades más significativas del oficio aparece en un apartado distinto. La UCO ha puesto también la mirada sobre Grupo IKI, una agencia de medios y publicidad que aparece mencionada en documentación localizada durante un requerimiento practicado en la sede federal del PSOE, en la calle Ferraz. Según explica la Guardia Civil, entre la documentación intervenida apareció una orden de encargo relacionada con esta empresa. Ese hallazgo llevó a los investigadores a examinar con mayor detenimiento las relaciones económicas mantenidas por la agencia.
El interés no surge únicamente por esa documentación. Los agentes destacan que Grupo IKI realizó pagos por algo más de 18.000 euros al diario digital con el que estaba asociada Leire Díez, Crónica Libre. Lo relevante para la investigación es que esos pagos se produjeron en fechas muy próximas a otros desembolsos publicitarios que, según las pesquisas, comprometerían al PSOE con ese mismo medio de comunicación.
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La coincidencia temporal y la cercanía de las cantidades son dos elementos que llaman la atención de los investigadores. En el oficio, la UCO señala expresamente que esa vinculación económica podría guardar relación con la operación que trata de reconstruir.
De ahí surge una de las principales hipótesis que manejan los agentes: la posibilidad de que Grupo IKI hubiera actuado como intermediario en el circuito de fondos investigado. Es decir, que determinados recursos económicos hubieran transitado a través de la agencia antes de llegar a su destino final. Se trata, en cualquier caso, de una sospecha que la Guardia Civil intenta ahora verificar mediante nueva documentación.
Los investigadores recuerdan además que informes anteriores ya apuntaban a que algunos pagos podrían haberse articulado mediante una campaña publicitaria desarrollada en Cataluña. Esa referencia explica que la UCO haya decidido ampliar el foco no solo sobre las relaciones entre Grupo IKI y el PSOE, sino también sobre los vínculos comerciales mantenidos con el PSC.
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Por ese motivo, la Guardia Civil solicita que las empresas del grupo aporten al juzgado toda la documentación relativa a los trabajos realizados para ambas formaciones políticas durante los ejercicios 2024 y 2025. La petición incluye contratos, facturas, justificantes de pago, informes sobre los servicios prestados y cualquier otra documentación que permita acreditar el contenido real de esas relaciones comerciales.
La exigencia documental se extiende igualmente a las operaciones realizadas entre Grupo IKI y Grupo Crónica Libre, el diario digital que aparece mencionado en la investigación. Los agentes reclaman el mismo nivel de detalle: contratos, facturación, pagos efectuados y documentación complementaria correspondiente a ese mismo periodo temporal.