La factura de la luz se dispara un 24% en mayo: el usuario medio pagará casi 15 euros más

Facua atribuye el encarecimiento al regreso del IVA ordinario y del impuesto especial eléctrico tras el fin de las rebajas fiscales

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Un hombre sube los plomos con una factura de luz en la mano (Alberto Ortega / Europa Press)

El recibo de la luz del usuario medio con tarifa semirregulada, el PVPC, subirá en mayo hasta los 75,63 euros, lo que supone un incremento del 24% respecto a los 60,99 euros registrados en abril, según un análisis de Facua - Consumidores en Acción. La asociación calcula que el encarecimiento equivale a casi 15 euros más en un solo mes para un consumidor tipo con una potencia contratada de 4,4 kW y un consumo mensual de 366 kWh.

La subida se explica por dos factores: el aumento del precio de la energía, que añade 4,30 euros antes de impuestos, y el final de las rebajas fiscales aplicadas hasta ahora. El IVA vuelve al 21% y el Impuesto Especial de la Electricidad regresa al 5,11%, frente al 10% y el 0,5% que se habían aplicado desde que se aprobó el plan anticrisis del Gobierno.

Facua sostiene que, si esos tipos reducidos se hubieran mantenido, la factura de mayo habría sido de 65,73 euros, un 7,8% más que en abril, en lugar de subir un 24%. La diferencia se debe a que la normativa obliga a aplicar los impuestos vigentes en el momento en que se emite el recibo, aunque el consumo corresponda a un periodo anterior.

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La factura sube también respecto al año pasado

En términos interanuales, el recibo se encarece un 8,5% respecto a mayo de 2025, cuando el usuario medio pagó 69,71 euros. La factura de este mes queda, además, por encima de las registradas en mayo de 2024, cuando fue de 60,76 euros, y de 2023, cuando se situó en 65,50 euros, aunque continúa lejos de los 120,68 euros de mayo de 2022, en plena crisis energética.

El precio medio del kilovatio hora consumido también ha aumentado respecto a hace un año. Según el análisis de Facua, en mayo se sitúa en 21,82 céntimos en horario punta, 14 céntimos en horario llano y 14,96 céntimos en horario valle. En comparación con mayo de 2025, el coste de la energía sube un 1,7% en punta, un 4,9% en llano y un 19,7% en valle.

La potencia contratada también vuelve a encarecerse tras el final de las rebajas fiscales. Facua calcula que pasa de los 2,87 euros vigentes durante el periodo de aplicación de las medidas del Gobierno a los 3,30 euros que mantenía desde enero, incluyendo cargos, peajes, margen de comercialización e impuestos.

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El ministro Félix Bolaños anuncia la disposición del Gobierno a escuchar propuestas para un plan anticrisis, mientras el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, detalla su plan basado en la rebaja de impuestos como el IRPF y el IVA energético. Yolanda Díaz y María Jesús Montero exponen la visión del ejecutivo.

Reclaman un IVA reducido permanente

La organización reclama al Ejecutivo que convierta en permanente un tipo reducido de IVA para la electricidad. Facua considera que no debería aplicarse el tipo más alto a un suministro esencial para los hogares y defiende que la pérdida de recaudación podría compensarse con un aumento de impuestos directos a quienes más ganan, sin afectar a servicios como la sanidad o la educación.

La asociación también pide sacar las energías nuclear e hidroeléctrica de la subasta marginalista diaria y someterlas a precios fijos a largo plazo fijados por el Gobierno. A su juicio, esta medida permitiría evitar los denominados “beneficios caídos del cielo”, derivados de un sistema en el que el precio de mercado lo marca la oferta más cara necesaria para cubrir la demanda.

Facua reclama además al Ministerio para la Transición Ecológica que impulse campañas para que más consumidores soliciten el bono social eléctrico. La organización sostiene que la mayoría de potenciales beneficiarios no lo pide porque desconoce su existencia, sus condiciones o cree que no tiene derecho a recibirlo.

También plantea medidas para que los hogares ajusten mejor la potencia contratada, ya que, según sus cálculos, los consumidores domésticos pagan cerca de 1.000 millones de euros de más al año por exceso de kilovatios en sus contratos.