La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) confirmó este viernes que España cumple la regla de gasto en pensiones, con un gasto neto de medidas de ingresos del 13,0% del PIB en el promedio del periodo 2022-2050, cuatro décimas por debajo del límite legal del 13,3%. El aprobado del organismo evita al Gobierno la obligación de aplicar una subida de cotizaciones sociales para cubrir un potencial déficit, y refuerza el compromiso adquirido con Bruselas de contener el volumen de recursos destinados al pago de prestaciones públicas. No obstante, la AIReF advierte de que, en ausencia de reformas adicionales, la deuda pública alcanzará el 123% del PIB en 2050, impulsada por el envejecimiento de la población, que casi duplicará la tasa de dependencia de mayores en los próximos 25 años.
El aprobado, con todo, tiene un asterisco de peso. La AIReF subraya en su informe que el cumplimiento de la regla es compatible con una trayectoria de deuda pública insostenible a largo plazo, lo que el organismo atribuye a los problemas de diseño de la propia norma. La regla, tal y como está concebida, mide el gasto en pensiones en nivel sobre el PIB y lo compara con un límite estático, sin tomar en cuenta la evolución del conjunto de las cuentas públicas ni el volumen de deuda acumulada.
En esta línea, la AIReF propone al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones reformar la regla de gasto para integrarla en el marco fiscal europeo, al considerar que su diseño actual “no guarda relación con la sostenibilidad de las cuentas públicas”.
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Las cifras de la AIReF, menos optimistas que las del Gobierno
El informe de la AIReF llega un día después de que el Ministerio de Seguridad Social publicara su propia proyección del gasto en pensiones, elaborada con la herramienta propia INTegraSS. El documento del Gobierno sitúa el pico máximo de gasto en el 15,3% del PIB en 2050, frente al 16,4% que proyecta ahora la AIReF, y se apoya en supuestos más optimistas: una fuerte caída del desempleo hasta el 6,9%, una mayor participación de los mayores de 65 años en el mercado laboral y un crecimiento de la población hasta los 53,7 millones de habitantes en 2050, por debajo de los 52,7 millones que estima el propio organismo fiscal.
El documento se publica además en un momento de tensión institucional: la anterior presidenta de la AIReF, Cristina Herrero, paralizó el proceso al considerar que la petición de un segundo examen anticipado mermaba la independencia del organismo, ya que la ley solo obliga al organismo a realizar esta evaluación cada tres años. La última evaluación fue publicada en 2025 y no correspondía una nueva hasta 2028, pero el Gobierno pidió adelantarla tras críticas de la Comisión Europea. El análisis se ha retomado ahora cuando la institución estrena nueva presidenta, Inés Olóndriz, cuyo nombramiento ha sido cuestionado por la oposición al provenir de un alto cargo del Ministerio de Hacienda.
El organismo reclama rediseñar la regla de gasto
La proyección central de la AIReF sitúa la deuda pública española en el 123% del PIB en 2050, frente al 100,7% registrado al cierre de 2025. El deterioro se acelerará a partir de 2035, cuando el envejecimiento de la población empiece a presionar con mayor intensidad el gasto público. Entre ese año y 2050, la deuda acumulará un incremento cercano a 30 puntos porcentuales, impulsado por el aumento del gasto en pensiones (que pasará del 13% al 16,4% del PIB), el mayor coste de los intereses y el crecimiento del gasto sanitario y en cuidados de larga duración. El número de pensiones, que hoy ronda los 11,6 millones, alcanzará los 17,4 millones en 2050, según se desprende del informe.
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A este escenario contribuye también una segunda debilidad de diseño que la AIReF señala de forma reiterada: la regla toma como referencia las proyecciones del Informe de Envejecimiento de la Comisión Europea de 2024, elaboradas con supuestos demográficos y macroeconómicos de 2023, lo que impide incorporar información más reciente.
El tercer flanco débil identificado por el organismo es el encaje de la regla con el marco fiscal europeo. Mientras el nuevo marco comunitario toma como ancla el nivel de deuda pública y supervisa el crecimiento del gasto primario neto en tasas anuales, la regla de pensiones opera en niveles de PIB y se revisa cada tres años. La consecuencia práctica es que el sistema de pensiones puede crecer al 4% anual cumpliendo la norma, mientras el Plan Fiscal y Estructural de Medio Plazo comprometido con Bruselas solo permite un incremento medio del 3% para el conjunto de las administraciones públicas. Ese diferencial reduce el margen disponible para el resto del gasto público.
Ante este diagnóstico, la AIReF propone al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones reformar la regla para que se exprese en tasas de crecimiento del gasto primario neto de los Fondos de la Seguridad Social y se integre en los compromisos del Plan Fiscal y Estructural de Medio Plazo, de modo que el organismo pueda evaluarla de forma conjunta con el resto de la planificación presupuestaria.
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