Independientemente de la edad, la profesión o el lugar de residencia, el acceso a la vivienda se ha convertido en el principal problema de la población en España, muy por encima de las dificultades económicas, la sanidad o la calidad del empleo, según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Comprar una casa hoy resulta más caro que en cualquier década pasada, excepto durante el auge de la burbuja inmobiliaria, de forma que ahora se necesitan siete años y medio de salario íntegro para comprarla, frente a los tres años y medio que se requerían en 1997. En cambio, los salarios no evolucionan en consonancia con la subida de precios de la vivienda.
Acceder a un alquiler también es cada vez más difícil, no solo por el elevado coste que implica, sino por la proliferación de viviendas turísticas. Muchos propietarios optan por esta opción atraídos por una mayor rentabilidad, lo que disminuye la disponibilidad de viviendas para uso residencial y encarece los precios para quienes buscan alquilar de forma permanente.
Ante este escenario —y después de que el pasado mes de abril el Congreso tumbara la prórroga de los alquileres con los votos en contra del PP, Vox y Junts y la abstención del PNV—, decenas de organizaciones sociales y colectivos de vivienda, como el Sindicato de Inquilinas, han convocado a una movilización masiva este 24 de mayo en Madrid para exigir una bajada de precios, mayor protección frente a los desahucios y una regulación efectiva que garantice el acceso a una vivienda digna. La de este domingo es solo la primera de muchas protestas que hay convocadas esta primavera por todo el país.
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“El domingo salimos a las calles en el inicio de una oleada de movilizaciones para decir que la vivienda nos cuesta la vida y que no tendría por qué ser así. En Madrid ya dedicamos el 70% de nuestro salario al alquiler, por lo que sufrimos una gran precariedad económica, y ni siquiera tenemos estabilidad, porque cada cinco años nos pueden echar de casa [cuando termina el contrato] simplemente para especular”, dice en conversación con Infobae Alicia del Río, portavoz del Sindicato de Inquilinas, que también alerta sobre el aumento de la infravivienda y las situaciones de hacinamiento que afectan a numerosas familias.
La crisis de vivienda, señala la activista, impacta tanto en la salud física como en la mental, ya que la dificultad para acceder a una vivienda mantiene de forma constante “la ansiedad, el miedo y la incertidumbre”. “Ya no se puede elegir ni dónde ni con quién vives, y mientras nuestras vidas se van precarizando”, critica.
Rentistas y un sistema que lo permite
El Sindicato de Inquilinas responsabiliza de la crisis de vivienda a los rentistas, a quienes acusa de acaparar viviendas y disparar los precios para lucrarse con la especulación. Además, señala que este escenario es posible por “un sistema que lo permite, incluyendo leyes, gobiernos y el aparato judicial y policial, que protegen los intereses de una minoría mientras dificultan el acceso a la vivienda para la mayoría”. “Nos están intentando dividir para desviar la atención de los verdaderos responsables de la crisis de vivienda con una estrategia que busca enfrentar a distintos colectivos, como migrantes, pensionistas o personas que recurren a la ocupación de viviendas vacías, mientras la raíz del problema sigue intacta”, sostiene Del Río.
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Frente a esta situación, el Sindicato de Inquilinas destaca la unidad del colectivo y el respaldo social creciente, también entre propietarios e hipotecados que sufren las consecuencias de la especulación, “viendo cómo la vida de sus comunidades, de sus amigos y de sus barrios queda destrozada”. Por todo ello, las organizaciones llaman a movilizarse este domingo para defender que la vivienda “debe estar al servicio de las personas y no del lucro y para avanzar hacia un modelo donde las casas sean para vivir y no para especular”.