Ya Amou es una mujer de Mali que llegó a España junto a sus tres hijos en 2009 con la esperanza de conseguir un mejor futuro para su familia. Desde entonces reside en la misma vivienda, ubicada en el barrio madrileño de Lucero, donde no ha dejado de afrontar obstáculos para conservar su hogar y, ahora, enfrenta la amenaza más grave, ya que podrían desahuciarla el próximo 26 de mayo a pesar de su situación de vulnerabilidad y no tener otra opción habitacional. El fondo de inversión propietario del piso, Mona ITG, integrado en la sicav Orion Constellation, “ha rechazado sistemáticamente cualquier negociación y ha ejercido presión sobre esta vecina para forzar su salida”, según denuncia el Sindicato de Inquilinas.
“Su caso constituye un ejemplo flagrante de racismo institucional e inmobiliario, agravado por la desprotección de las administraciones públicas”, critica el sindicato, que explica que en febrero de 2025 una empresa de desocupación acosó a la mujer en su domicilio mientras estaba con su hija menor en el interior del piso.
Según explica la organización, la relación de Ya Amou con la propiedad de la vivienda ha estado marcada por constantes obstáculos y promesas incumplidas. En un primer momento, el fondo le ofreció comprar el piso por 110.000 euros y, tras lograr reunir esa cantidad con mucho esfuerzo, la empresa aumentó el precio hasta en dos ocasiones, hasta llegar a los 150.000 euros. Cuando finalmente consiguió reunir todo el dinero, la venta fue rechazada. “Le hicieron creer que podía comprar su casa para luego ir subiendo el precio y acabar negándose a vender. Es una estrategia clara de desgaste para expulsarla”, señala el sindicato.
Ya Amou, además, atraviesa actualmente una complicada situación familiar: vive con su hija adolescente, que ha dado a luz hace apenas unos días. “El fondo nunca ha querido negociar conmigo, pero no puedo irme de esta casa, mi hija vive conmigo y mi nieto ha nacido el 20 de abril, no tenemos donde ir”, explica la mujer en un vídeo que el sindicato ha colgado en sus redes sociales. “Estamos ante una familia en situación de especial vulnerabilidad. No se puede permitir que las instituciones miren hacia otro lado”, añaden desde la organización.
Un proceso judicial plagado de obstáculos
El proceso judicial también ha estado lleno de obstáculos para esta mujer. Sin saber leer en español, acudió a los servicios sociales en busca de ayuda tras recibir la demanda de desalojo y allí le dijeron que bastaba con ser reconocida como persona vulnerable, pero no le explicaron que debía solicitar justicia gratuita ni que era necesario personarse en el procedimiento. A consecuencia de ese error, explica el sindicato, Ya Amou fue declarada en rebeldía y el caso siguió adelante sin que pudiera defenderse.
Desde el sindicato recuerdan que esta familia ha vivido un sinfín de problemas desde el principio. La historia comenzó en 2005, cuando su marido compró la vivienda y, cuatro años más tarde, Ya Amou llegó a España con sus tres hijos buscando estabilidad. En 2010, durante una larga ausencia de su esposo en Mali y sin hablar español, confió los pagos de la hipoteca a un intermediario que debía abonarlos al banco, pero el dinero no llegó a su destino durante varios meses y eso les generó una deuda de 5.000 euros que no pudieron asumir.
Tras un juicio, la familia perdió la propiedad y el piso pasó a manos de Abanca, que les permitió quedarse mediante un alquiler social de 300 euros al mes. Después, la vivienda fue vendida al fondo buitre Mona ITG, con sede en Luxemburgo y propietario de decenas de inmuebles en toda España.
El Congreso tumbará el decreto que prorroga los alquileres
El caso de Ya Amou es tan solo un ejemplo de las dificultades que afrontan las familias vulnerables ante la “falta de protección institucional” y el endurecimiento del acceso a una vivienda digna, sostiene el sindicato. Además, la amenaza de desahucio que enfrenta coincide con un momento clave, ya que el Congreso derogará este martes, salvo sorpresa de última hora, el decreto ley impulsado por Sumar, que permitiría prorrogar dos años los contratos de alquiler que vencen entre el 21 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027 y limitaría al 2% las actualizaciones anuales de renta.
Aunque el PSOE y otros partidos de izquierda respaldan la medida, PP, Vox y Junts, que suman mayoría parlamentaria, han confirmado su oposición, por lo que todo apunta a que el decreto será tumbado. El partido de Alberto Núñez Feijóo alega inseguridad jurídica e invasión de competencias autonómicas, mientras que los de Santiago Abascal consideran que este tipo de intervenciones limitan la libertad de mercado y afectan negativamente a los propietario. La formación liderada por Miriam Nogueras defiende que las decisiones sobre vivienda deben adoptarse desde las instituciones catalanas.