“¿Y si te dijera que casi el 15% de la superficie de todo el municipio de Madrid no es de nadie? Sí, lo que lees. No tiene propietarios. Vamos a hablar de uno de los mayores quebraderos de cabeza del Ayuntamiento desde hace décadas: los espacios interbloque". El concejal socialista Antonio Giraldo, geógrafo y urbanista de formación, ha lanzado esta interesante pregunta en su cuenta de X y la consiguiente respuesta para abrir al público un curioso debate. ¿Qué debe hacer el Consistorio capitalino con los espacios libres no ocupados por edificación que hay en muchos barrios? Giraldo, en conversación con Infobae, señala que estamos hablando de unos 90,4 kilómetros cuadrados.
“Es muy difícil saber los metros cuadrados exactos, porque son suelos que no están escriturados por parte del Ayuntamiento. Lo que sí sabemos es que estos espacios interbloque están dentro de la norma zonal 3, que el urbanismo de la ciudad califica como bloque abierto. Esa norma zonal 3 es más o menos el 15% de la superficie del municipio. Madrid tiene 605 kilómetros cuadrados, por lo que estamos hablando de 90,4 kilómetros cuadrados”, explica Giraldo. Para poner un poco de contexto histórico, estos espacios interbloque nacieron “en tejidos residenciales de bloque abierto producidos en las periferias de las ciudades españolas durante el franquismo”, afirma Iván Rodríguez, arquitecto y profesor de la Universidad Autónoma de Madrid.
“Estos espacios reúnen dos características que los diferencian radicalmente del resto de los espacios libres de la ciudad y que suponen al mismo tiempo su mayor oportunidad y limitación de transformación: la indeterminación morfológica y la indeterminación jurídica”, prosigue Rodríguez. “Madrid no dejó de crecer cuando llegó la democracia. Y empresas y cooperativas se repartieron enormes parcelas donde se levantaron miles de bloques de viviendas. Había suelo de sobra”, recalca Giraldo, que pone como mejor ejemplo el distrito de Moratalaz, donde abundan estos espacios. En estas parcelas, además de bloques de viviendas, las promotoras propietarias de ese suelo también pusieron jardines y aparcamientos para el disfrute de todos los vecinos.
¿Eran, entonces, estos espacios propiedad de los vecinos que compraron su casa?, se preguna Giraldo. “Aquí empieza el mayor marrón del Ayuntamiento de Madrid desde la democracia. El caso es que miles de vecinos compraron una casa en un edificio, y en cada edificio constituyeron una comunidad de propietarios con sus zonas comunes. Solo eso. Solo edificios. Y Luego el Consistorio tiene las calles. La pregunta aquí es: ¿de quienes son todos esos espacios blancos que no son edificio ni calle?“, señala Giraldo, que pide visualizar el casatro para ver mejor estos espacios en blanco (como la foto superior).
Inmadurez urbanística
La respuesta rápida podría ser que pertenecen a promotora o cooperativa que vendieron los edificios pero no los espacios libres entre ellos (el interbloque). El problema es que estas cooperativas se extinguieron y las promotoras se disolvieron o quebraron. “Así que el melón es este: no son de nadie”, incide Giraldo. En 2018, el Gobierno local dirigido por Manuela Carmena reconoció que estos crecimientos urbanos [de bloque abierto] “se realizaron en un contexto de inmadurez del cuerpo legal del urbanismo, lo que ha provocado múltiples situaciones irregulares en cuanto a la transformación jurídica de la propiedad del suelo, procesos inacabados que se han mantenido en el tiempo y que hoy día mediatizaban y dificultan la intervención para la mejora de sus condiciones urbanas”.
Es decir, que en estos espacios, al vivir en un escenario “de situación de inseguridad jurídica sobre la titularidad del suelo no hay una responsabilidad clara de las obras de mantenimiento y urbanización y de la propia inversión necesaria”, reconocía el propio Ayuntamiento hace un años. Vicente Pérez, que durante muchos años fue responsable de urbanismo de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), asegura que “cuando se empieza a arañar y arañar, el propietario siempre aparece”. Según Pérez, la mayoría de estos espacios interbloque pertenecían al antiguo IVIMA (hoy AVS), organismo de la Comunidad de Madrid, que lo heredó a su vez del aniguo ministerio de Vivienda.
“Pero a IVIMA [hoy AVS] no le interesa ser el propietario, ya que conservarlo este espacio de la ciudad supone invertir. Y cuando no hay propietario conocido, el propietario debe ser el ayuntamiento, pero a este tampoco le interesa incorporar suelos que no tienen ningún uso, donde no se puede hacer nada, solo suponen un coste para su mantenimento”, recalca Pérez. “¿Quién ha mantenido todo esto todos estos años, quién limpia?“, se pregunta de nuevo el concejal Giraldo. ”La respuesta es otra vez variopinta: a veces el Ayuntamiento sin corresponderle, a veces los vecinos, y a veces nadie. Con el paso de los años las situaciones han ido evolucionando. Desde el abandono total hasta la apropiación por parte de vecinos para jardines privados, aparcamientos o vallas de las que luego otros vecinos se quejan. Unos no pueden demostrar propiedad ni los otros lo contrario", cuenta Giraldo.
De hecho. Los espacios interbloque no fueron incluidos en el nuevo contrato de limpieza de la ciudad de Madrid que inició su ejecución en 2022 por no figurar en los inventarios de suelos que el Ayuntamiento debe conservar. Ante la evidencia de que no podían dejarse zonas tan extensas sin limpieza de ningún tipo, el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida tuvo que licitar un nuevo contrato de limpieza para estos suelos. Vicente Pérez señala que desde la FRAVM se presionó bastante hace años para dar una cobertura legal a estos espacios, y a finales del mandato de Carmena se aprobó lo que se denominó el ‘Plan Especial de los 44 barrios’, que pretendía intervenir sobre 44 polígonos de promoción pública localizados en 13 distritos, en su mayor parte periféricos, que fueron traspasados por el Estado a la Comunidad de Madrid.
¿Quién pone el dinero?
“El plan está aprobado y Almeida lo heredó con disposición de llevarlo a cabo, pero ni la Comunidad de Madrid ni el Ayuntamiento de la capital se ponen de acuerdo sobre el dinero que debe aportar cada uno”, recalca Pérez. “Estos espacios son al mismo tiempo un problema y una oportunidad. Son un problema por los costes que supone su mantenimiento y conservación y por la determinación de quién se hace cargo de ellos. Al mismo tiempo, son una oportunidad por su extensión y por lo que podrían suponer para la mejora de las condiciones ambientales de la ciudad y para la reducción de los flujos de materia y energía”, concluye el profesor Rodríguez.
La verdad es sí se están dando algunos pasos, porque como recuerda el edil Giraldo “cada una de esas bolsas de suelo original necesitan de un Plan Especial para determinar qué se queda el Ayuntamiento, qué mantienen los vecinos...” y ya se han aprobado de esos 44 planes especiales, en concreto tres, lo que se ha llamado Planes Especiales de Regulación de Espacios Libres (PEREL), una especie de un instrumento urbanístico diseñado para ordenar, adecuar y titularizar estos espacios. Su objetivo es “mejorar la accesibilidad, integrar estos espacios en el patrimonio municipal y garantizar su uso público”. Por ejemplo, ya se aprobaron el año pasado los planes de las colonias San Nicolás y Arechavaleta (en Villaverde), el de Puerto Chico (Latina), y el de Loyola y Virgen de la Inmaculada (también en Carabanchel).