Ante la falta de una lista unitaria de todas las izquierdas en Castilla y León, que celebra elecciones este próximo 15 de marzo, Juan Gascón (Alcañiz, Teruel, 1975) ha asumido el liderazgo de la coalición que une a Izquierda Unida, Movimiento Sumar y Verdes Equo con el objetivo de construir una izquierda alternativa capaz de dar voz a quienes no se sienten representados por el actual panorama político. “Nosotros no vemos el fin del Partido Popular y Vox en estas elecciones, pero sí que vemos la necesidad de una izquierda alternativa fuerte en las Cortes que le diga a [Alfonso Fernández] Mañueco las verdades sobre lo que opina la gente de abajo”, dice en esta entrevista con Infobae desde Valladolid.
El candidato, que es profesor de instituto, denuncia que tanto el PP como Vox han centrado sus discursos en la confrontación con el Gobierno central y los intereses empresariales, dejando de lado los problemas específicos de la región, como la despoblación o el escaso dinamismo económico. Gascón reivindica la necesidad de un proyecto común para Castilla y León, basado en la protección del medio rural, el fortalecimiento de la sanidad y la educación públicas, y políticas activas para no perder población y atraer jóvenes.
-Pregunta: ¿Cuáles son los principales riesgos que identifican en las propuestas y discursos de la extrema derecha para el futuro de esta región?
-Respuesta: El problema principal que vemos es que el foco no está puesto en los problemas de la comunidad, que Castilla y León tiene sus propias particularidades y hay algunos partidos que construyen solo desde Madrid, y eso nos parece muy peligroso para el problema de la despoblación, que en Madrid no saben lo que es, para problemas como que la gente joven se va y no pueden construir sus proyectos de vida aquí. La Junta, o el Partido Popular especialmente, pero también la extrema derecha, está muy enfocada en generar confrontación con el Gobierno de España en relación a los problemas de la vivienda, pero no en dar soluciones. Me parece que al final se utiliza la población de Castilla y León como elemento de confrontación con el Gobierno de España, en lugar de dar solución de los problemas. Pero al margen del debate que hay ahora mismo entre la extrema derecha y la derecha, la realidad es que esta ha sido una legislatura fallida y no han sido capaces de ponerse de acuerdo en cuáles eran los problemas de la gente de aquí y de qué manera se tenían que implementar políticas concretas para solucionarlos.
-P: ¿Cuáles cree que han sido los mayores errores del PP -que lleva 37 años al frente de la Junta- en esta legislatura que califica de fallida?
-R: La gestión de la Consejería de Economía no la decide la política, sino que la deciden los juzgados con importantes procesos de corrupción como la trama eólica. Gran parte de la infraestructura de esa consejería y responsables del Partido Popular están siendo juzgados, mientras que para la extrema derecha la corrupción no es un problema y ha apoyado al PP para mantenerse al frente de la Junta de Castilla y León.
Además, no solo hablamos de corrupción política, sino también de intereses empresariales que han condicionado el modelo económico de la comunidad, beneficiando a determinadas empresas que venden Castilla y León al mejor postor. Un ejemplo son las plantas de biogás, impulsadas por compañías que presentan proyectos contaminantes para el aire, el agua y la tierra de nuestros pueblos. En el ámbito sanitario, la gestión ha favorecido a empresas como Quirón o Recoletas, que buscan rentabilidad en la salud de la población, especialmente en una comunidad con una alta proporción de personas mayores. Todo esto evidencia que los intereses empresariales han estado por encima del bienestar de la ciudadanía, la salud y la educación, y que es necesario un cambio que sitúe las necesidades de la gente como prioridad. Para ello, hacen falta organizaciones políticas valientes, capaces de enfrentarse a los grandes poderes económicos.
P: ¿Qué consideraría como buen resultado para esta nueva coalición de izquierdas?
R: Las encuestas nos dan diferentes proyecciones, alguna entre uno y cuatro escaños. La parte positiva, tanto para Izquierda Unida como para la coalición que formamos con Movimiento Sumar y Verdes Equo, es que todo está muy convulso y existe la posibilidad de que se produzca un gran cambio en estas elecciones autonómicas, porque la gente está dudando mucho. Nuestro objetivo es poder explicar lo que proponemos y trabajar junto a movimientos, plataformas y sindicatos para construir una Castilla y León alternativa. No soy un gran pronosticador, pero las encuestas nos señalan como la izquierda transformadora que tiene opciones de entrar en las Cortes y que va a poder ser ese caballo de Troya dentro de la institución para decirle a la extrema derecha como al Partido Popular cuál es el punto de vista de la gente de abajo.
-P: Hace unos días escribió una tribuna en elDiario.es en la que decía que era el momento de que Castilla y León deje de ser considerada una periferia. ¿Cómo podría la región dejar de ocupar un lugar secundario?
-R: Para tener un papel protagonista, es necesario tener un proyecto de comunidad y, tras casi 38 años de gobierno del Partido Popular, aún no existe una propuesta sólida y en positivo para la región. Predominan los planteamientos provinciales, pero falta una visión autonómica común. El Partido Popular, consciente de esta situación, ha optado por reforzar las divisiones provinciales en lugar de impulsar un proceso de construcción comunitaria, una estrategia que la extrema derecha también ha replicado.
Sería positivo que Castilla y León tuviera un planteamiento propio en muchos de los ámbitos que se debaten, como es el caso de la financiación autonómica. Sabemos que Partido Popular y extrema derecha rechazan el nuevo plan de financiación autonómica propuesto por el Gobierno central, pero no sabemos cuál es el proyecto para Castilla y León. No basta con oponerse, hace falta plantear propuestas propias que respondan a los retos específicos de la región, como la despoblación y la dispersión de la población en miles de municipios. Estas particularidades deben ser consideradas en la financiación, ya que gestionar servicios como la sanidad en más de 2.000 municipios es muy diferente a hacerlo en comunidades con menos de un centenar. Solo mediante la construcción de un proyecto común y la defensa de los intereses propios en los grandes debates nacionales podrá Castilla y León dejar de ocupar un lugar secundario y superar su actual situación de periferia.
-P: La coalición de izquierdas se articula en torno a tres ejes: protección del medio rural, defensa de los servicios públicos esenciales y medidas para fortalecer el derecho a vivir y trabajar en Castilla y León. ¿Qué políticas plantean para atraer y retener población joven en zonas rurales?
-R: En primer lugar, ya llevamos tiempo trabajando en el Programa de Empleo Garantizado, diseñado para que la Junta de Castilla y León, en colaboración con los ayuntamientos, identifique las necesidades de los municipios, especialmente los más pequeños, y destine recursos para la creación de empleo local. Otro ámbito prioritario es la gestión forestal. Proponemos mejorar las condiciones laborales de los bomberos y bomberas forestales, garantizando la estabilidad en el empleo y evitando la precariedad de contratos temporales, porque el Partido Popular no ha estado interesado en que haya un trabajo continuo que podría revertir también en el ámbito de lo rural. Una gestión forestal sostenible y la generación de empleo estable en este sector contribuirían a fijar población en los pueblos.
En cuanto a la vivienda, planteamos un plan para movilizar 20.000 viviendas en toda Castilla y León. Apostamos por políticas públicas que faciliten el acceso a la vivienda, tanto en pueblos como en ciudades, y por la colaboración con propietarios que tengan varias viviendas para que las pongan a disposición de la Junta, siguiendo experiencias exitosas como la que se hizo en el Ayuntamiento de Valladolid, a través de la sociedad municipal VIVA, con Manuel Saravia como concejal de Urbanismo y Vivienda. El principal problema no son las personas con una o dos viviendas, sino los grandes fondos de inversión y propietarios de cientos de inmuebles, cuya actividad especulativa dificulta el acceso a la vivienda.
-P: ¿Qué proponen en cuanto a Sanidad y Educación?
-R: Nuestra prioridad en la sanidad es garantizar el acceso real a los servicios públicos esenciales, especialmente en un territorio tan extenso y con una población tan envejecida y dispersa como la de Castilla y León. Un primer paso fundamental es establecer un diálogo efectivo entre la Consejería de Sanidad, los sindicatos, las plataformas ciudadanas y los profesionales sanitarios. Resulta imprescindible que la administración escuche las demandas y propuestas de quienes conocen de cerca las necesidades en hospitales comarcales, la falta de pediatras, la escasez de especialistas y la situación de los médicos rurales.
En el ámbito educativo, defendemos una apuesta clara por la escuela pública. Yo trabajo en un centro integrado de Formación Profesional y hay especiales intereses en derivar recursos públicos hacia empresas privadas que están sobrefinanciadas y que no cuentan con las mismas infraestructuras ni garantías que la educación pública. Consideramos necesario eliminar el lucro en la educación financiada con fondos públicos. Los recursos del Estado deben destinarse a fortalecer la red pública, no a subvencionar escuelas privadas que no cumplen con los estándares exigidos.
-P: El sector agroalimentario y el campo son estratégicos para Castilla y León. ¿Cómo pensáis apoyarlo frente a los desafíos actuales?
-R: Nuestra propuesta apuesta por el fortalecimiento de cooperativas y pequeños negocios, frente al modelo de grandes empresas que prioriza la derecha y la extrema derecha, porque creemos que articula mejor el territorio y trabaja más desde lo local, de forma que se puede crecer mucho. Creemos que el desarrollo del sector debe apoyarse en la participación de los trabajadores y de los representantes del campo, no solo en los intereses de las grandes compañías.
Defendemos la protección de los pequeños y medianos agricultores y ganaderos frente a la competencia desleal, especialmente en acuerdos como Mercosur, que permiten la entrada de productos que no cumplen los mismos estándares que los exigidos aquí. Apostamos por políticas que valoren los productos de calidad de la región y garanticen la viabilidad económica de las explotaciones familiares. La Junta debe priorizar la defensa de la tierra, el empleo local y la salud de los consumidores, articulando políticas que fortalezcan el tejido productivo rural y eviten la especulación y el abandono del territorio.