El próximo 8 de abril se dará comienzo a la campaña de la Renta 2026, una fecha clave para todos los españoles y en especial para los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital (IMV). Esta ayuda económica tiene como objetivo prevenir el riesgo de pobreza en aquellas personas o familias cuyos recursos económicos no alcanzan para cubrir sus necesidades básicas.
La Seguridad Social ha marcado como requisito fundamental que todos los beneficiarios de esta prestación presenten su declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) todos los años. En esta ocasión, deberán presentar su declaración de la renta antes de que cierre el plazo el próximo 30 de junio.
Normalmente, las personas que no alcanzan unos ingresos mínimos están exentas de hacer este trámite burocrático, pues se considera que no cobran lo suficiente para estar obligados a tributar. En la mayoría de los casos, los beneficiarios del IMV no reciben ingresos suficientes y sus rentas quedarían exentas de la obligación tributaria, pero el Estado exige igualmente que realicen este procedimiento para poder demostrar sus bajos ingresos. Quienes no cumplan con esta exigencia se exponen a la pérdida de la ayuda.
Adelantándose a los trámites presenciales, la Agencia Tributaria ya ha anunciado cuándo se pondrá en marcua la atención telefónica para la elaboración asistida de declaraciones. Según han informado, este servicio estará disponible desde el 6 de mayo hasta el 30 de junio, con posibilidad de solicitar cita a partir del 29 de abril. Quienes prefieran la atención en oficinas podrán acudir desde el 1 hasta el 30 de junio, solicitando cita entre el 29 de mayo y el 29 de junio. Esta variedad de plazos y modalidades pretende facilitar el cumplimiento de las obligaciones a todos los perceptores, han explicado desde Hoy.
Los requisitos del Ingreso Mínimo Vital
Las personas que perciben el IMV asumen, además de la responsabilidad de presentar la declaración de la renta cada año, otras obligaciones regulatorias. Entre ellas, se encuentra la de facilitar siempre toda la documentación e información necesaria para demostrar que cumplen los requisitos y pueden seguir cobrando la prestación, así como atender cualquier requerimiento para garantizar la recepción de notificaciones oficiales. Otro deber esencial es notificar en el plazo máximo de 30 días cualquier modificación en su situación personal, familiar o económica que pueda influir en el derecho a la prestación, incluyendo cambios de domicilio o en el Padrón municipal de cualquier miembro de la unidad de convivencia.
Por otro lado, si algún beneficiario o familiar convive con rentas procedentes del trabajo o de actividades económicas, debe cumplir estrictamente las condiciones previstas para la compatibilidad y el mantenimiento del IMV. Igualmente, existe la obligación expresa de participar en las estrategias de inclusión social impulsadas por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
En caso de percibir cantidades indebidas, se exige la devolución íntegra de las mismas. Además, se debe informar previamente al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) si alguna persona de la unidad de convivencia tiene previsto salir al extranjero por periodos superiores a 90 días en cada año natural, sean estos continuados o no.
¿Qué pasa si no presento la declaración de la renta?
La presentación de la declaración de la renta, establecida como un deber anual de quienes reciben el IMV, condiciona la conservación de la ayuda. El incumplimiento de esta obligación puede derivar en la suspensión o extinción del derecho a percibir la prestación.
La obligación de documentar cualquier circunstancia relevante, el deber de comunicar variaciones que puedan afectar al cobro y la presencia activa en las iniciativas de inclusión, junto con la entrega anual de la declaración fiscal, son pilares fundamentales del marco normativo que regula el Ingreso Mínimo Vital.