La polémica por la implantación obligatoria de la baliza V16 ha escalado este miércoles al pleno del Congreso y se ha convertido un nuevo frente político entre el Gobierno y el Partido Popular. La diputada del PP Ana Belén Vázquez ha interpelado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, con una intervención dura y cargada de reproches. Tras un arranque bronco, Vázquez ha situado la baliza como “el mejor símbolo del caos de este Gobierno” y ha articulado su crítica en torno a la gestión política, el impacto económico para los ciudadanos y las sospechas sobre posibles beneficiarios empresariales del cambio normativo.
Según la diputada popular, el Ejecutivo ha obligado a los conductores a comprar “la baliza que quieren ustedes, de su marca”, forzando a desechar otras opciones. También ha cuestionado la eficacia técnica del dispositivo, al asegurar que algunas unidades no disponen de batería suficiente, que en determinadas carreteras no están operativas y que durante el día no se ven con claridad. A ello ha sumado la polémica por las multas: “Anuncian que no pondrán multas y de repente llegan las multas”, ha reprochado, en alusión a la contradicción entre los mensajes iniciales de flexibilidad y las primeras sanciones impuestas tras la entrada en vigor de la obligación.
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En su intervención, Vázquez ha puesto en cuestión que la medida responda exclusivamente a criterios de seguridad y ha subrayado que el resto de la Unión Europea no ha adoptado una obligación similar. “¿De verdad pretende hacernos creer a los españoles que este cambio se hace exclusivamente en España por seguridad?”, ha preguntado, recordando que hasta hace poco los triángulos eran considerados válidos.
La diputada ha reclamado informes independientes que avalen la decisión y ha preguntado reiteradamente “quién gana” con el cambio. En su enumeración, ha citado la homologación de numerosas balizas a “una red china”, la adjudicación de un contrato millonario a una empresa con dos trabajadores y la vinculación de otra empresa con el secretario general del PSOE en Pontevedra. También ha mencionado compras realizadas por Correos en 2023. Con ese hilo argumental, ha advertido de que el “‘caso Baliza’” puede convertirse en “el nuevo ‘caso Koldo’ del PSOE”.
En el trasfondo de su intervención ha situado el coste para los ciudadanos. Vázquez ha cifrado en 300 millones de euros la recaudación en IVA derivada de la compra de las balizas y ha contrapuesto ese ingreso a posibles destinos alternativos, como la investigación contra el cáncer o la atención a enfermos de ELA. “La baliza ha supuesto la última paliza para los españoles”, ha sentenciado entre aplausos de su grupo.
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“Estamos hablando de salvar vidas”
Grande-Marlaska ha respondido acusando a la diputada de haber dicho “falsedades” y ha tratado de devolver el debate al terreno de la seguridad vial. “Si no quiere que hable, no me pregunte”, ha comenzado, antes de subrayar que la cuestión es “tan seria” porque afecta a la vida de las personas.
El ministro ha recordado que 25 personas fallecen cada año en España al salir de su vehículo para colocar los triángulos de señalización tras una avería o accidente. Esa cifra, ha dicho, es la razón de fondo de la reforma normativa. Para reforzar su argumento, ha invitado a la diputada a visitar el hospital de parapléjicos de Toledo o el Institut Guttmann, centros de referencia en la atención a lesionados medulares, y ha apelado a la experiencia de haber acudido en varias ocasiones.
Grande-Marlaska ha enmarcado la baliza V16 dentro de una trayectoria más amplia de medidas de seguridad vial que en su día también suscitaron controversia, como el carné por puntos, la obligatoriedad del cinturón de seguridad o la reducción de la tasa de alcohol permitida al volante. Todas ellas, ha venido a sostener, respondían a la misma lógica: reducir la siniestralidad y proteger a los conductores.
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Además, ha recordado que la normativa fue aprobada hace tres años en el Consejo Nacional de Seguridad Vial y que contó con el aval de organizaciones y asociaciones de víctimas de violencia vial. Incluso ha señalado que en la Comisión de Seguridad Vial, en junio y julio del año pasado, un diputado del Partido Popular elogió la conectividad de las balizas por su capacidad para salvar vidas.
La baliza V16, que nació como dispositivo luminoso para evitar que los conductores se expongan en la calzada, ha terminado iluminando otra escena: la del choque parlamentario entre acusaciones de caos y corrupción y la reivindicación gubernamental de que, más allá de la polémica, el objetivo es reducir víctimas en la carretera.
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