El Gobierno volverá a llevar al Congreso de los Diputados la revalorización del 2,7% prevista para las pensiones en 2026, esta vez a través de un decreto en solitario que el Consejo de Ministros ha aprobado este martes. Tras el rechazo en el pleno de la pasado martes del decreto ‘ómnibus’ que agrupaba la subida de prestaciones de los jubilados con otras iniciativas del denominado escudo social, el Ejecutivo ha optado por separar las pensiones de la medidas más polémicas, según adelantan fuentes oficiales a Europa Press.
El Congreso tumbó el pasado martes 27 de enero el paquete de medidas con los votos en contra de PP, Vox, Junts y UPN, que citaron la suspensión de desahucios en hogares vulnerables sin alternativa habitacional como el motivo detrás de su negativa. Sin embargo, PP y Junts ya habían adelantado su disposición a apoyar el incremento de pensiones en caso de presentarse como una norma específica sin depender de la moratoria.
Esta vez, el Consejo de Ministros dividirá en dos el decreto, aprobando una primera norma que contempla exclusivamente la revalorización de las pensiones, otras prestaciones y la congelación de cuotas para autónomos, y una segunda con el resto de medidas del escudo social. Ambas leyes provisionales deberán ser convalidadas por el Congreso de los Diputados para mantener su vigencia.
Medidas contra desahucios de fondos buitre
Sumar ha lamentado la decisión, argumentando que separar los dos decretos facilita el voto en contra de la derecha a la moratoria de desahucios, aunque reconocen que el PP “ya no tiene excusas” para rechazar la subida de pensiones. Sobre el escudo social, que se llevará en bloque a la Cámara Alta, el partido liderado por Yolanda Díaz ha recalcado que el Congreso deberá decidir “si apoya medidas sociales que protegen a los más vulnerables y que ya están en vigor desde la pandemia" y que “no hay que elegir entre vivienda o pensiones”.
El PNV ha anunciado este martes su intención de respaldar la moratoria antidesahucios tras pactar con el Gobierno que los propietarios con una sola vivienda en alquiler no estén obligados a ofrecer alternativas habitacionales a inquilinos vulnerables y que esa obligación recaiga en los servicios sociales competentes. Además de extender la protección a pequeños tenedores y propietarios en situación de vulnerabilidad, el decreto del escudo social incluye salvaguardas para los hogares vulnerables que se enfrenten a desahucios en viviendas propiedad de fondos buitre o grandes tenedores.
Ahora, la convalidación la suspensión de lanzamientos y el resto de medidas de protecciones a familias vulnerables dependen de Junts, cuyo voto en contra impediría al Gobierno lograr la mayoría parlamentaria necesaria. El grupo catalán había impuesto como condición para su ‘sí’ que el escudo social contemplase la situación de los pequeños propietarios, en línea con el acuerdo alcanzado entre PNV y Moncloa.
Vox no garantiza su apoyo a las pensiones
Por su parte, la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, advierte de que su partido no dará apoyo automático al nuevo decreto sobre pensiones. La representante de Vox asegura que la formación de derechas esperará a conocer el contenido exacto de la norma antes de decidir el voto. “No nos fiamos nada en absoluto del Gobierno“, ha explicado Millán. Desde Vox acusan al Gobierno de manipular el debate para presentar a la derecha como contraria a los intereses de los pensionistas y de utilizar a los pensionistas “a su antojo”. “Eso es reírse de los pensionistas”, concluye la portavoz.
El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, considera que la maniobra política supone “una confesión de culpabilidad” por parte del Gobierno. Según expresó en un mensaje en la red social X (antes Twitter), este cambio de estrategia demuestra que “fueron ellos, y no otros, quienes pusieron en peligro la revalorización de las pensiones” y “usaron a los pensionistas como rehenes”.
El desacuerdo político deja sin efecto la subida de las pensiones
La decisión inicial de no aprobar la subida recuerda al rechazo parlamentario al incremento de pensiones de 2025 por haberse llevado ante el Congreso en otro decreto ‘ómnibus’. La caída de la norma pone en riesgo de desgaste político a los partidos de la oposición, que se niegan a convalidar la subida que blinda el poder adquisitivo de los jubilados frente a la inflación, pero también para el Gobierno, que condiciona este incremento a medidas con menor consenso social. Las formaciones que votaron en contra caracterizan la suspensión de lanzamientos como una protección adicional a los ‘okupas’, mientras desde el PSOE les acusan de no defender los intereses de los pensionistas.
Ahora, el Ejecutivo busca acuerdos con los grupos parlamentarios que permita llegar al día 10 de febrero, fecha límite para que la subida de pensiones se vea reflejada en la nómina de este mes, con el decreto que contempla la subida en vigor. Los pensionistas ya se beneficiaron de este incremento en enero, pero la derogación de la norma pone en peligro el ingreso de febrero.
Más allá de la suspensión de desahucios y el incremento de pensiones, el rechazo del real decreto ley en el Congreso dejó sin efecto medidas sociales y económicas como la prórroga del salario mínimo interprofesional (SMI) hasta la aprobación de un nuevo incremento para 2026 y la congelación de cotizaciones para autónomos. Además, se incluían la prohibición de cortes de suministros a familias vulnerables, descuentos en el bono social eléctrico, ayudas a afectados por la DANA e incendios y ventajas fiscales para eficiencia energética y vehículos eléctricos.