El Grupo del PP en el Senado ha tramitado una proposición de ley en la Cámara Alta para sancionar a los cargos públicos que “no respeten” los símbolos oficiales, tales como la bandera nacional, el escudo o el himno.
El ordenamiento jurídico español sí regula la naturaleza y uso de los símbolos institucionales (el delito de ultraje está contemplado en el artículo 543 del Código Penal), pero el PP argumenta que, hasta ahora, no existía un régimen sancionador administrativo que garantizase su defensa en el ámbito físico de los edificios y locales públicos dependientes de las diferentes administraciones.
La propuesta, a la que ha tenido acceso Infobae, establece que las obligaciones de defensa de los símbolos oficiales de España recaen sobre los altos cargos del Gobierno, secretarios de Estado, consejeros autonómicos, integrantes de diputaciones y corporaciones municipales y empleados públicos en todos los niveles administrativos.
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Cese de su cargo o suspensión de la indemnización
El texto fija una tipificación escalonada de infracciones: muy graves, graves y leves. Entre las sanciones contempladas por conductas muy graves destaca el cese del cargo y la inhabilitación para ejercer funciones públicas durante un periodo de cuatro años, con la excepción de los cargos electos. Además, se prevé que las infracciones graves conlleven la publicación del incumplimiento en el Boletín Oficial del Estado o diario equivalente y la posible pérdida de indemnizaciones por cese. Las leves serán sancionadas mediante amonestación, de acuerdo con el articulado.
“Los símbolos oficiales son todos y hay que respetarlos y hacerlos respetar. Un país que no respeta o no hace respetar a su bandera, su himno o a su jefe del Estado es un país débil que difícilmente será tomado en serio fuera de sus fronteras”, ha señalado la portavoz del PP del Senado, Alicia García, en unas declaraciones para este periódico. “En España sucede algo más grave especialmente, es que esos actos de ultraje lo suelen cometer los socios del Gobierno de Sánchez y en muchas ocasiones participan de manera activa o pasiva cargos públicos de partidos independentistas”, ha añadido.
La propuesta será debatida este miércoles en el Pleno del Senado, donde se prevé salga adelante porque el PP tiene mayoría absoluta en esta Cámara. A partir de ahí, la proposición de ley pasará al Congreso, que decidirá si sigue adelante con la tramitación de la norma o finalmente la rechaza.
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La ley de Sumar en el Congreso para suprimir los delitos de ofensas o ultrajes
Precisamente en el Congreso, Sumar pretendió el pasado junio sacar adelante una ley para intentar eliminar los llamados delitos de opinión recogidos en el Código Penal, como los de injurias a la Corona, el ultraje a la bandera y otros símbolos nacionales, y las ofensas a sentimientos religiosos.
A principios de esta legislatura, Sumar ya llevó al Pleno del Congreso una proposición de ley específica para acabar con los delitos de opinión y eliminar las penas de cárcel para hacer prevalecer la libertad de expresión. La iniciativa fue tomada en consideración en diciembre de 2023, pero desde entonces está hibernando en un cajón con decenas de ampliaciones del plazo de presentación de enmiendas.