La Comisión Europea ha presentado este jueves en Bruselas una batería de ideas aún pendientes de desarrollo normativo para endurecer la política de visados y reforzar los controles en la frontera exterior de la Unión Europea, con el objetivo declarado de reducir al mínimo las entradas irregulares de migrantes. El planteamiento, que la propia institución comunitaria define como estratégico y de largo recorrido, parte de una premisa clara: el acceso sin visado al territorio europeo no puede considerarse un derecho automático y debe estar supeditado al cumplimiento de condiciones estrictas por parte de los países terceros.
El encargado de desgranar el enfoque fue el comisario europeo de Interior y Migración, Magnus Brunner, quien subrayó en rueda de prensa que “viajar sin visado a la UE es un privilegio, no algo que se dé por sentado”. Según explicó, la Comisión propone un sistema comparable a un “semáforo”, en el que el comportamiento de los países beneficiarios de la exención determine el mantenimiento, la revisión o la suspensión de ese estatus. La idea central es reforzar la capacidad de la UE para reaccionar con rapidez cuando detecte desviaciones en materia migratoria o falta de cooperación.
Exención bajo condiciones estrictas
Brunner detalló que, para optar al régimen de exención de visados, los países terceros deberán cumplir una serie de “criterios objetivos”. Entre ellos, destacó una baja tasa de denegación de visados a sus nacionales y, de forma especialmente relevante, la disposición a aceptar “altas tasas” de retorno de migrantes deportados desde la Unión. “Solo así se podrá conceder la exención”, insistió el comisario, que defendió la necesidad de alinear de forma más directa la política de visados con los intereses europeos.
La Comisión subraya, además, que la inclusión en ese régimen no será un punto de llegada. Bruselas pretende mantener un diálogo permanente con los países beneficiarios para verificar que los compromisos asumidos se respetan en el tiempo. En caso contrario, la respuesta será inmediata. “Si un país no cumple con sus obligaciones, se pondrá la luz roja y los viajes libres de visado se suspenderán sin dudarlo”, advirtió Brunner, dejando claro que el sistema será reversible y estará sujeto a evaluación continua.
Este enfoque responde a una de las principales preocupaciones de los Estados miembros: la dificultad para ejecutar retornos efectivos de personas cuya solicitud de asilo ha sido rechazada. La Comisión considera que la política de visados puede convertirse en un instrumento de presión eficaz para mejorar la cooperación con los países de origen y tránsito, un ámbito en el que la UE ha chocado tradicionalmente con resistencias diplomáticas y administrativas.
La “seguridad” europea
El endurecimiento de la política de visados se enmarca en una estrategia más amplia de seguridad. Tanto Brunner como la vicepresidenta del Ejecutivo comunitario para Seguridad y Democracia, Henna Virkkunen, insistieron en que la prioridad es reducir “al mínimo” las llegadas irregulares, aumentar los retornos y reforzar la cooperación con terceros países. En este contexto, alertaron también sobre la “instrumentalización” de los migrantes como herramienta de presión política, una referencia directa a episodios recientes en las fronteras orientales de la UE con Rusia y Bielorrusia.
La Comisión vincula así la gestión migratoria con la estabilidad geopolítica y la protección de las fronteras exteriores, defendiendo una respuesta coordinada que combine controles más estrictos con herramientas diplomáticas y de política exterior. El mensaje es que la UE no puede permitirse una política reactiva y fragmentada ante flujos migratorios que, en determinados contextos, pueden ser utilizados como elemento de presión.
Carrera por el talento
Junto a este refuerzo del control, el Ejecutivo comunitario reconoce la necesidad de un “cambio paradigmático” en la manera de abordar la migración legal. Brunner advirtió de que los Estados miembros se enfrentan a una “seria escasez” de determinados perfiles profesionales, un problema que considera clave para el crecimiento económico y la competitividad europea. En un contexto de envejecimiento demográfico y competencia global por el talento, la Comisión defiende que la UE debe convertirse en uno de los destinos más atractivos para trabajadores cualificados de fuera del bloque.
Entre las medidas esbozadas figura la simplificación y aceleración de los procedimientos para atraer capacidades que Europa necesita, especialmente en lo relativo al reconocimiento y validación de cualificaciones profesionales obtenidas en terceros países. Bruselas considera que los actuales obstáculos burocráticos actúan como freno y restan atractivo al mercado laboral europeo frente a otros polos económicos.
El planteamiento incluye también un refuerzo de la lucha contra el empleo ilegal y la explotación laboral de los trabajadores migrantes, así como mejoras en las políticas de integración en los Estados miembros de acogida, con apoyo financiero de la UE. La Comisión insiste en que una migración legal, ordenada y bien gestionada no solo responde a necesidades económicas, sino que contribuye a la cohesión social y a la estabilidad del proyecto europeo.