Después de 26 años de negociación, el 17 de enero, los representantes de la Unión Europea, encabezados por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se reunieron en Asunción, Paraguay, con los presidentes y cancilleres del Mercosur para oficializar la firma del acuerdo comercial. La noticia fue recibida con indignación por los sindicatos agrarios españoles y europeos, que confiaban en que el Parlamento Europeo (PE) votara en contra de esta alianza comercial, algo que sucedió este miércoles, remitiendo el tratado al Tribunal de Justicia de la UE.
De esta manera, será la justicia europea la que revise su compatibilidad con los tratados comunitarios, lo que supone, a su vez, la paralización del proceso de ratificación hasta que los jueces dicten su conclusión, algo que podría dilatarse hasta dos años. “La presión en la calle y las gestiones en los despachos están dando sus frutos y hemos convencido a una mayoría del PE para cuestionar un acuerdo que es dañino para el sector agrario europeo”, expresó Andrés Góngora, miembro de la comisión ejecutiva de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG).
Por su parte, desde Asaja han valorado como “un paso fundamental” que el PE haya aprobado la solicitud para someter a control jurídico el acuerdo y ha destacado que esta decisión permite avanzar en el análisis de un acuerdo que el sector lleva tiempo denunciando por su grave impacto económico, productivo y territorial, así como por las dudas jurídicas y políticas que plantea.
Además, el presidente nacional de Asaja, Pedro Barato, confía en que este dictamen “sirva para frenar la ratificación de un acuerdo claramente desequilibrado y perjudicial para los agricultores y ganaderos europeos y que pone en riesgo la viabilidad de miles de explotaciones” y ha hecho un llamamiento al Gobierno de España para que defienda al sector, garantizando el principio de reciprocidad y unas condiciones de competencia justa.
En la misma línea se ha expresado Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, que ha calificado la decisión de “una pequeña victoria” y ha agradecido a los europarlamentarios el “sentido del voto” tras haberles trasladado “la realidad y el sentir de los agricultores y ganaderos europeos y españoles”. Además, han confiado en que este sea “el primer paso para poder frenar el acuerdo UE-Mercosur”.
Se frena el acuerdo, pero se mantienen las movilizaciones
Según han destacado COAG, la decisión del parlamento es una buena noticia, aunque seguirán “peleando en la calle”, y han hecho un llamamiento a los agricultores y ganaderos españoles a participar en las movilizaciones que se llevarán a cabo antes de final de mes, principalmente la que se celebrará el 29 de enero.
También comparten esta mirada desde Unión de Uniones, donde el coordinador estatal, Luis Cortés, ha subrayado que “la movilización funciona”, añadiendo que la presión de los productores “es aún más importante”, por lo que mantendrán su calendario de manifestaciones y concentraciones previstos para la última semana de este mes.
La Comisión Europea podría aprobar la aplicación provisional del acuerdo
La propuesta de pedir un dictamen jurídico al Alto Tribunal europeo fue promovida por el bloque de izquierda y ha salido adelante por una diferencia de diez votos: 334 votos a favor, 324 en contra y 11 abstenciones. En la práctica, esta decisión suspende el proceso de ratificación del pacto, pero la Comisión Europea podría aprobar su aplicación provisional.
“Todo intento del Consejo o de la Comisión por impulsar una aplicación provisional equivaldría a otro escándalo democrático. Por nuestros agricultores, el medio ambiente y la salud pública, seguimos firmemente movilizados contra este acuerdo y seguiremos luchando para que el Parlamento Europeo lo rechace”, ha celebrado tras la votación la copresidenta de la Izquierda europea, Manon Aubry.
Con esta decisión, el TJUE deberá examinar tanto la base jurídica del acuerdo de asociación como el acuerdo interino comercial, cuya competencia recae en exclusiva en la Unión Europea, por lo que la Eurocámara esperará a conocer la posición del Tribunal, con sede en Luxemburgo, antes de someter a votación de su pleno la aprobación o no del acuerdo, aunque nada impide a los eurodiputados avanzar en los trabajos de análisis.