El sistema de cese de actividad para los trabajadores por cuenta propia, conocido como el ‘paro de los autónomos’, no responde a las necesidades del colectivo y se ha convertido, en la práctica, en un mecanismo “ineficaz y profundamente restrictivo”, según han manifestado los representantes de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA España).
Argumentan, que, según datos oficiales de la Seguridad Social solo el 45,7% de las solicitudes de cese de actividad han sido aprobadas, mientras el 58,8% han sido denegadas. Esta tendencia deja fuera de la protección a cerca de seis de cada diez trabajadores por cuenta propia que han cotizado específicamente para acceder a esta prestación.
UPTA España, lleva años advirtiendo de la necesidad de reformar esta prestación “esencial” para la protección social del colectivo, ya que, en la actualidad, “se está expulsando” del sistema de protección a miles de autónomos que cesan su actividad de manera involuntaria, especialmente en sectores tradicionales y con mayores dificultades de continuidad, señala en un comunicado.
Un sistema alejado de la realidad
La organización, presidida por Eduardo Abad, sostiene que el ‘paro de los autónomos’ está alejado de la realidad del colectivo. Abad considera que “no es de recibo que, tras cotizar durante años por esta prestación, más de la mitad de las solicitudes sean rechazadas”. A su juicio, “nos encontramos ante un sistema que lejos de proteger al colectivo, lo excluye”.
El nivel de denegación del cese de actividad refleja una problemática estructural que afecta especialmente a sectores tradicionales con mayores dificultades para mantener la continuidad de su actividad.
Por ello, desde UPTA España denuncian que la excesiva complejidad administrativa y los requisitos de acceso desproporcionadamente estrictos han convertido el sistema en una vía prácticamente inalcanzable para la mayoría del colectivo.
Cotizaciones por ingresos
Por otro lado, Eduardo Abad considera una “auténtica imprudencia” no haber avanzado en todo el año 2025 en la adaptación del sistema de cotización por ingresos reales que, entre otras cuestiones, “tenía presente de manera prioritaria la modificación del cese de actividad”.
Por ello, desde UPTA exigen al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que “deje de mirar hacia otro lado y retome las negociaciones de manera urgente”.
La organización también solicita retomar el Observatorio del Cese de Actividad junto a asociaciones representativas y agentes sociales, con el objetivo de revisar los criterios y simplificar la tramitación.
El 25% de los autónomos son “pobres”
Según datos de UPTA, más de 500.000 trabajadores autónomos “malviven” con rendimientos netos de su actividad por debajo de 900 euros mensuales y 795.413 sobreviven con ingresos iguales o inferiores a 670 euros al mes, lo que representa cerca del 25% del total de los afiliados al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (Reta).
Una situación que “evidencia el crecimiento de un colectivo cada vez más amplio de autónomos pobres: personas que, pese a trabajar intensamente, no alcanzan ingresos suficientes para vivir con dignidad ni para garantizar su futuro”, señalan desde la confederación.
Para paliar esta situación, desde UPTA solicitan que se articulen mecanismos de apoyo para la salida ordenada del autoempleo. Para ello, propone que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) impulse un sistema, trasladable a todas las comunidades autónomas, que, mediante programas específicos de orientación laboral individualizada, recualificación profesional y acreditación de competencias, permita a estos trabajadores “transitar hacia empleos asalariados acordes con su experiencia y capacidades”.
Argumentan que impulsar estas medidas no es una renuncia al apoyo al trabajo autónomo, sino un ejercicio de responsabilidad con las personas trabajadoras autónomas: “Defender la dignidad del trabajo implica reconocer cuándo un proyecto es inviable y ofrecer alternativas reales y seguras”. Inciden en que apostar por un autoempleo de calidad también significa ayudar a cerrar etapas “precarias” y abrir nuevas oportunidades laborales que garanticen estabilidad, derechos y salarios suficientes.