El Ministerio de Hacienda ha presentado este viernes su nueva propuesta de financiación de las comunidades autónomas. Según ha adelantado La Vanguardia, una de las fórmulas escogidas para este crecimiento de los ingresos comunitarios es destinar un mayor porcentaje de la recaudación del IRPF y el IVA. Ambos se encontraban en el 50% del impuesto para la comunidad, que ahora, si se implanta el modelo, aumentará hasta el 55% y 56,5%.
La reunión del pasado jueves entre Pedro Sánchez y el líder de Esquerra Republicana (ERC), Oriol Junqueras, terminó con un acuerdo con el que, según los líderes, “nadie pierde”, pero que ha conllevado una importante disputa política. El Ejecutivo nacional ha fijado en torno a 21.000 millones de euros la cantidad que añade al presupuesto. Según el político catalán, 4.700 millones de euros corresponderían a Cataluña, tras el pacto realizado con ERC.
María Jesús Montero, ministra de Hacienda, ha comunicado esta propuesta durante una comparecencia. Ha resaltado que el Gobierno lanza un nuevo modelo tras 17 años sin una actualización y que, durante la legislatura de Pedro Sánchez, han renovado el presupuesto con 300.000 millones de euros más. “Todas las medidas han beneficiado a la totalidad de las comunidades autónomas”, ha asegurado Montero, dirigiéndose a las acusaciones de “agravio territorial”.
No entra en cantidades de las comunidades
La ministra de Hacienda ha anunciado un incremento de 20.900 millones de euros en los recursos de financiación autonómica a partir de 2027, cuando entraría en vigor el nuevo modelo. Según ha explicado, el Gobierno plantea que las comunidades autónomas perciban una mayor proporción de ingresos procedentes del IRPF y el IVA, así como de figuras impositivas como el impuesto sobre el patrimonio, los depósitos bancarios, las actividades de juego y el depósito de residuos en vertederos.
Además, ha anunciado que el esquema se apoya en dos grandes pilares. Por un lado, el aumento de los ingresos del IVA y el IRPF, y, por otro, una aportación adicional del Estado. Además, las comunidades podrán elegir voluntariamente entre dos mecanismos en lo referente a las pymes. Pueden recibir fondos de acuerdo al indicador de consumo o encargarse de la recaudación del 5% del IVA de las pequeñas y medianas empresas, asumiendo los riesgos que supone.
El modelo se basa en la denominada financiación por habitante ajustado, que busca “garantizar la solidaridad interterritorial”. Las comunidades con una capacidad tributaria por debajo de la media recibirán más recursos para equilibrar las diferencias entre territorios. “Ninguna perderá recursos y todos ganarán”, ha afirmado la ministra Montero. La responsable de Hacienda también ha señalado que las competencias no homogéneas de las comunidades dependen de sus respectivos estatutos de autonomía, lo que introduce matices en la distribución de fondos.
Al ser preguntada por el dumping fiscal, ha explicado que se buscará el método para limitar la capacidad de las comunidades para disminuir los impuestos buscando inversión empresarial, pero que todavía no se ha cerrado. Traslada el balón al tejado del PP, sosteniendo que no entendería que los populares rechazaran el modelo. No ha querido entrar en cantidades concretas que corresponden a cada comunidad, asegurando que este tipo de “ranking” favorece un falso discurso de “agravio territorial”.