El Gobierno ha decidido ampliar un año más una de las principales medidas de protección para los hogares con menos recursos frente al coste de la energía. Según recoge el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicado este martes, el Ejecutivo prorroga hasta el 31 de diciembre de 2026 los descuentos extraordinarios del bono social, así como la garantía de suministro de electricidad, gas y agua para los consumidores más vulnerables.
La decisión se enmarca dentro del capítulo II de la norma, dedicado a las medidas en materia energética, y evita que estas ayudas decaigan a partir del 1 de enero de 2026. De no haberse aprobado la prórroga, miles de familias habrían visto reducida de forma abrupta la protección de la que disfrutan desde la crisis energética provocada por el encarecimiento de los precios entre 2021 y 2022.
El bono social es un mecanismo de apoyo dirigido a hogares con dificultades económicas que permite aplicar descuentos directos en la factura de la luz -y, en determinados casos, del gas-. Su objetivo es reducir el impacto del coste energético en familias con rentas bajas, pensionistas con ingresos mínimos, familias numerosas o personas en situación de vulnerabilidad social.
Estos descuentos se aplican automáticamente sobre el precio regulado de la electricidad y varían en función del grado de vulnerabilidad del consumidor. Existen tres categorías principales: consumidor vulnerable, vulnerable severo y consumidor en riesgo de exclusión social. Cada una de ellas tiene asociado un nivel distinto de protección y ayuda económica.
Durante la crisis energética, el Gobierno elevó de forma excepcional los porcentajes de descuento para hacer frente al fuerte aumento de los precios. Ahora, aunque los costes se han moderado, el Ejecutivo considera que todavía no se dan las condiciones para retirar por completo estas ayudas.
Qué medidas concretas se mantienen
La norma incluye dos prórrogas clave. Por un lado, se amplía hasta el 31 de diciembre de 2026 la aplicación de los descuentos extraordinarios del bono social, que se habían aprobado como respuesta a la crisis energética. Estos descuentos seguirán una senda decreciente, es decir, irán reduciéndose de forma progresiva hasta alcanzar el régimen permanente previsto en la normativa actual. Por otro lado, se mantiene también la garantía de suministro de agua y energía, lo que implica que los hogares que cumplan los requisitos no podrán sufrir cortes por impago mientras se mantenga su situación de vulnerabilidad.
La prórroga beneficia especialmente a hogares con bajos ingresos, pensionistas, familias numerosas y personas en riesgo de exclusión social. Para muchos de ellos, el bono social supone la diferencia entre poder afrontar el pago de los suministros básicos o caer en una situación de pobreza energética.
Además, la continuidad de estas medidas aporta certeza y estabilidad a miles de familias que, aunque han visto una moderación en los precios, siguen teniendo presupuestos muy ajustados y escaso margen para asumir subidas inesperadas. Con esta decisión, el Gobierno refuerza su compromiso de proteger a los consumidores más vulnerables mientras se avanza hacia soluciones más estructurales que permitan reducir de forma sostenida la pobreza energética en España.