La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha confirmado que José Luis Ábalos, exministro de Transportes, y su asesor Koldo García intervinieron ante los ministerios de Industria de Reyes Maroto y Transición Ecológica de Teresa Ribera para facilitar la obtención de la licencia de operación a la empresa de hidrocarburos Villafuel, vinculada a Víctor de Aldama. Así lo recoge un informe de 182 folios fechado el 3 de diciembre, al que ha tenido acceso Infobae, en el que se detalla el reparto de un millón de euros en comisiones y la implicación directa de altos cargos ministeriales.
El documento de la UCO expone que Koldo García ha mantenido contactos directos con Juan Ignacio Díaz Bidart, jefe de gabinete del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, y con Marc Isaac Pons, jefe de gabinete del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Por su parte, Víctor de Aldama ha actuado como intermediario con Manuel García Hernández, director general de la Dirección General de Política Energética y Minas. El informe incluye mensajes que, según los investigadores, respaldan el apoyo de Ábalos a las gestiones necesarias para la obtención de la licencia.
Mensajes intervenidos por la Guardia Civil reflejan que, tras la compra de un chalé en La Alcaidesa y la formalización de la compraventa ante notario por parte del propietario de Villafuel, el entorno de la organización criminal ha vinculado directamente este regalo con el éxito de la operación.
El informe recoge la percepción de los implicados sobre la relación entre la adquisición de la vivienda y la concesión de la autorización administrativa. “La correlación entre la compra de la casa y la firme convicción, por parte de los integrantes de la organización criminal, de que obtendrían la autorización de operador mayorista, fue percibida en su entorno como una relación directa de causa-efecto, circunstancia espontáneamente verbalizada como ‘hijo puta el putero. Ha sido pillar la casa y le ha dado al botoncito’”. Según la UCO, este tipo de mensajes evidencia que los interlocutores atribuían la concesión de la autorización a la compra previa de la vivienda pretendida por el ministro.
“El putero terminaría de hundir al PSOE”
El informe también recoge conversaciones entre los socios de Claudio Rivas, máximo dirigente de la organización criminal, que coinciden con el día en que Pedro Sánchez cesó a Ábalos como ministro de Transportes. En estos mensajes, Aldama ha informado al grupo de la destitución y ha transmitido tranquilidad, sugiriendo que la operación seguiría adelante pese a la salida de su principal apoyo. Uno de los socios del dueño de Villafuel ha manifestado: “Desde luego, el putero terminaría de hundir al PSOE”, lo que, según la UCO, demuestra que existían garantías de éxito para la obtención de la licencia.
El informe de la Guardia Civil señala que la investigación ha permitido determinar las circunstancias que han rodeado la obtención de la autorización administrativa para Villafuel SL entre septiembre de 2020 y diciembre de 2024. Según el documento, Claudio Rivas ha solicitado la intermediación de Víctor Gonzalo de Aldama Delgado para conseguir la influencia de José Luis Ábalos y que este interviniera en los órganos ministeriales correspondientes, con el objetivo de agilizar la concesión de la autorización y eludir el cumplimiento de los requisitos legales, a cambio de una contraprestación económica.
La UCO ha constatado que Claudio Rivas, a través de la empresa suministradora Have Got Time SL, ha generado un presunto fraude millonario cuantificado en 49,2 millones de euros durante los años 2021 y 2022, según la Hacienda Pública. Parte de estos fondos se ha destinado al pago de aproximadamente un millón de euros para comprar la voluntad de cargos públicos, penetrando en las estructuras de la Administración con el fin de obtener influencia a cambio de dádivas y contraprestaciones ilícitas.
Ábalos puso a disposición de Guaidó “todas las empresas que pudiera necesitar”
El 26 de julio de 2019, cuando José Luis Ábalos era ministro de Fomento, envió una carta al presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela, Juan Guaidó, en la que ponía a su disposición "todas las empresas públicas y de prestigio reconocido internacional que puedan necesitar, así como las empresas privadas que nosotros mismos podamos recomendar“.
Así se recoge en la misiva que incluye el último informe de la Unidad Central Operativa (OCU) de la Guardia Civil sobre la trama de hidrocarburos, que concluye que Claudio Rivas y el comisionista Víctor de Aldama destinaron “aproximadamente un millón de euros” a sobornos para el exministro José Luis Ábalos y otros cargos públicos para conseguir una autorización administrativa que permitiera a la empresa Villafuel S.L. operar como mayorista de hidrocarburos.
El 4 de febrero de 2019, el para entonces líder de la oposición venezolana fue reconocido por España y por otros países europeos como “presidente encargado” de Venezuela, después de que el Gobierno diera un plazo a Nicolás Maduro para que convocara elecciones. Cuatro meses después, en julio, Ábalos comunicó al equipo del dirigente venezolano que ponía “todas las empresas que pudiera necesitar” a su disposición y que había enviado a Víctor de Aldama para actuar como enlace directo entre ambas partes.
“Es nuestro propósito afianzar los lazos culturales y económicos, con miras a estrechar relaciones en la etapa de recuperación que, todos deseamos, llegará pronto. En ese momento, pondremos a disposición de Venezuela todas las empresas públicas y de prestigio reconocido internacional que puedan necesitar, así como las empresas privadas que nosotros mismos podamos recomendar”, escribió Ábalos, para añadir que, por ese motivo, “hemos enviado a Víctor de Aldama con la misión, no solo de hacerle llegar esta misiva, sino también para que sirva de enlace en nuestras relaciones”.
La UCO sitúa que esa “responsabilidad” sugiere que la relación entre Ábalos y Aldama era de “confianza”, pero que “se habría gestado con anterioridad”. “La relación entre Víctor De Aldama y José Luis Ábalos puede situarse objetivamente el 26 de julio de 2019. Sin embargo, (...) la responsabilidad asumida en dicha encomienda sugiere que esa relación de confianza se habría gestado con anterioridad”, resume la Guardia Civil.