El Gobierno de España ha lanzado, a través de un comunicado, una advertencia directa a Israel: “Cualquier acto” que limite la libertad de movimiento, de expresión o vulnere el derecho internacional respecto a la Global Sumud Flotilla, que navega con destino a Gaza, provocará una reacción oficial. Así lo expresó el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación José Manuel Albares, quien subrayó que la “protección diplomática y consular” a los participantes de la expedición humanitaria está garantizada. Esta postura se produce en un contexto de creciente tensión, tras las “amenazas” del Ejecutivo israelí y un reciente ataque con drones en aguas tunecinas, según información de Europa Press.
Albares: “No acepto las amenazas de Israel”
Albares rechazó de forma tajante las “amenazas” de Israel y reiteró el compromiso del Gobierno español con la defensa del derecho internacional. “No acepto las amenazas de Israel y por supuesto no aceptaré ninguna acción contraria al Derecho Internacional”, afirmó el ministro, asegurando también que el seguimiento de la situación es constante desde Madrid. El titular de Exteriores insistió en que la flotilla representa una iniciativa de la sociedad civil, de carácter pacífico y humanitario, y que España responderá ante cualquier intento de coacción o vulneración de los derechos de sus ciudadanos.
Por su parte, el Ministerio de Exteriores de Israel ha acusado a la Global Sumud Flotilla de actuar en beneficio del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y ha advertido que no permitirá la entrada de ningún buque en lo que considera una “zona de combate activo”, ni tolerará la “violación del bloqueo naval legal” impuesto sobre Gaza. Las autoridades israelíes han reiterado que cualquier intento de romper este cerco será considerado una amenaza, lo que ha elevado la preocupación internacional sobre la seguridad de los participantes.
La Global Sumud Flotilla partió de Barcelona el pasado 31 de agosto con el objetivo de llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. Entre sus integrantes se encuentra la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, junto a otros activistas que, según Albares, “son gente pacífica que lo único que quiere es llevar a cabo una acción humanitaria”. El ministro recalcó que todos los participantes están amparados por el derecho internacional y que la expedición no busca provocar, sino prestar asistencia humanitaria.
Cualquier “acto ilegal o violento” conllevaría “la rendición de cuentas”
Desde el inicio de la travesía, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha mantenido contacto permanente con los miembros de la flotilla y con los ministerios homólogos de los países cuyos ciudadanos también participan en la misión. El objetivo es analizar la evolución de la situación y garantizar la protección consular y diplomática necesaria para todos los implicados. Albares enfatizó que los países involucrados no cederán ante “provocaciones” ni se dejarán “amedrentar” por posibles acciones hostiles.
El 16 de septiembre, España lideró la publicación de un comunicado internacional conjunto, firmado por otros 16 países - entre ellos Turquía, Bangladesh, Brasil, Colombia, Eslovenia, Indonesia, Irlanda, Libia, Malasia, Maldivas, México, Omán, Pakistán, Qatar, Sudáfrica y Tailandia-, en el que se expresó preocupación por la seguridad de la flotilla y se instó a respetar el derecho internacional y el derecho humanitario. El texto llamó a la “abstención de todo acto ilegal o violento” contra la expedición y recordó que “cualquier violación del derecho internacional y de los derechos humanos de los participantes”, incluidos ataques en aguas internacionales o detenciones ilegales, conllevará “la rendición de cuentas”.
La tensión aumentó tras el ataque con drones registrado en aguas tunecinas contra la flotilla. Ante este incidente, el ministro Albares ordenó al embajador español en Túnez que estableciera contacto inmediato con los participantes, investigara los hechos y determinara las medidas de apoyo necesarias. Además, el jefe de la diplomacia española exigió a las autoridades tunecinas una investigación exhaustiva y reforzó la coordinación con los ministros de Exteriores de los países cuyos nacionales se encuentran a bordo de la Global Sumud Flotilla.
En este escenario, el Gobierno español mantiene su compromiso de velar por la seguridad y los derechos de sus ciudadanos en la expedición, asegurando que la protección consular y diplomática se mantendrá como prioridad mientras la flotilla continúe su misión humanitaria.