El Congreso de los Diputados ha tumbado este martes la proposición de ley pactada entre PSOE y Junts para transferir a Cataluña la gestión de las competencias en materia de inmigración. La iniciativa, uno de los compromisos más simbólicos de los posconvergentes en esta legislatura, ha sido rechazada en su primer trámite parlamentario con 177 votos en contra y 173 a favor, sin abstenciones. El revés complica la relación del Ejecutivo con Junts, un socio imprescindible para garantizar la aprobación de los próximos Presupuestos Generales del Estado.
Podemos y dos diputados de Sumar se suman al rechazo
El rechazo no solo ha venido de los habituales opositores a este tipo de cesiones, PP y Vox, que argumentaron su inconstitucionalidad, sino también de Podemos y de dos diputados del grupo plurinacional de Sumar, Alberto Ibáñez (Compromís) y Jorge Pueyo (Chunta Aragonesista), que rompieron la unidad de voto de su grupo. Podemos llegó a calificar la propuesta de “racista”, por la exposición de motivos del texto, al igual que Ibáñez, mientras que Pueyo, que no había adelantado su posición, finalmente se sumó al rechazo.
Durante el debate en el Congreso, Junts defendió la gestión catalana de la inmigración frente al “colapso” provocado, según su relato, por la “mala gestión” del Gobierno. La diputada Miriam Nogueiras subrayó que la ley permitiría a Cataluña hacer una “gestión eficiente y de proximidad” y controlar el desbordamiento migratorio, recordando que en los últimos 15 años uno de cada cuatro inmigrantes llegados a España se ha instalado en Cataluña.
Por su parte, Podemos y el diputado Javier Sánchez insistieron en que se trata de una iniciativa fruto de “la carrera electoral entre Junts y Aliança Catalana” y alertaron de que podría afectar a las personas racializadas. El PSOE defendió que la delegación de competencias no supondría un traspaso, sino mayor eficiencia y reducción de duplicidades, mientras que PP, Vox y UPN la calificaron de anticonstitucional y de cesión a los independentistas.
Apoyo de algunos socios del Gobierno
A favor de tramitar la ley se pronunciaron los otros 173 diputados, incluidos los proponentes PSOE y Junts, así como los socios habituales del Gobierno: Sumar (excepto Ibáñez y Pueyo), ERC, EH Bildu, PNV, BNG, CC y la diputada de Compromís Àgueda Micó, más el exministro José Luis Ábalos. Desde ERC, Gabriel Rufián criticó el discurso de Junts por racista, aunque apoyó la iniciativa desde la perspectiva del autogobierno. La diputada de Sumar Aina Vidal defendió que la propuesta beneficiaría a “los propios catalanes” y abogó por el cierre de los CIE y la regularización extraordinaria de unos 500.000 migrantes en situación irregular.
La iniciativa buscaba delegar a Cataluña, entre otras competencias, la tramitación de permisos de residencia para extranjeros, la gestión integral de los Centros de Internamiento de Extranjeros y la seguridad de puertos y aeropuertos por parte de los Mossos d’Esquadra, en colaboración con Policía Nacional y Guardia Civil. El resultado evidencia la creciente fragilidad de las mayorías parlamentarias y vuelve a situar la agenda catalana en el centro del tablero político.