Dos notarios y un colaborador enfrentan cargos tras comprar propiedades a dos octogenarias, una de las cuales murió apenas 28 días después de la adquisición, lo que ha llevado a la fiscalía a solicitar penas de prisión y multas por un presunto abuso de personas en situación de vulnerabilidad, informa La Dépêche du Midi.
Se hizo mediante la fórmula viager, así llamada en Francia, donde ha sucedido este caso, lo que en España se conoce como nuda propiedad, es decir hacerse con una vivienda a un precio por debajo de mercado, pero que no puede gozarse hasta que su dueño haya fallecido. A esa persona, ya jubilada, el comprador le hace pasar unos últimos años de vida desahogados económicamente. Esto sobre el papel.
La causa involucra a Sophie, notaria, su pareja, Martin, y su colega Sébastien, acusados. Fueron ellos quienes llevaron a cabo la operación para quedarse con parte del patrimonio de las ancianas, que ellas en un principio preveían legar a la diócesis de Toulouse.
La primera víctima
La primera operación bajo sospecha, judicializada, tuvo lugar en agosto de 2018, y gira en torno a Christiane, nacida en 1936. Según Martin, con un rol fundamental, descubrió la casa en venta en un portal en internet. Interesado, contactó con la mujer, que le indicó que debía gestionar la compra mediante una agencia inmobiliaria.
Según la acusación, “hicieron una oferta por debajo del precio solicitado por la agencia, con rentas mensuales también más bajas”. El inmueble, inicialmente valorado en 250.000 euros, finalmente fue vendido por 56.000 más mensualidades de 700 euros. Además, la vendedora asumió el coste de la totalidad de las reformas necesarias.
Algo menos de cinco años después, tras el fallecimiento de Christiane, la vivienda ya reformada pasó a manos del matrimonio por solo 87.000 euros. Sébastien, funcionario y amigo del matrimonio, firmó el contrato como representante oficial.
El tribunal trata ahora de dilucidar la capacidad de Christiane para tomar decisiones informadas en el momento de la venta. Su hermana, de 83 años, mencionó durante el proceso que ella ya presentaba síntomas de Alzheimer en 2015. No obstante, los acusados niegan que existiera un diagnóstico médico reciente que confirmara esa condición: “Ella se encontraba bien”, testificaron.
La vendedora, ha quedado constatado, no contó con asesoría independiente durante la operación, lo que, según la magistrada, debilitó su posición.
“Su estado solo empeoró”
El segundo caso involucra a Ange, de 83 años, quien en 2019 decidió vender su propiedad. Martin, notario de confianza de la familia, intervino en la operación. Un informe médico de ese año señalaba un deterioro leve de las facultades mentales de Ange. Su abogado afirma que la anciana firmó el contrato postrada en cama, aquejada de un problema renal desde 2017 y bajo estudio para una curatela reforzada, prevista para personas que no cuentan con plena capacidad y requieren de asistencia.
“Su estado solo empeoró” desde la firma, sostiene el letrado. La venta se concretó en noviembre de 2019, estableciéndose una suma inicial baja y pagos periódicos que, en teoría, alcanzarían los 140.000 euros. Sin embargo, Ange falleció solo 28 días después de la firma, lo que permitió a los compradores adquirir la propiedad por apenas 30.000.
La presidenta del tribunal ha remarcado que el colegio profesional ha reprochado a los notarios una operación de carácter “puramente especulativo”. Sophie y Martin se defienden de todo señalamiento y de cualquier responsabilidad penal.
Ya condenados por su profesión
Tras el fallecimiento de Ange, la diócesis, a la que inicialmente irían los bienes, presentó una denuncia formal. Esto desencadenó tres investigaciones: una interna dentro de la profesión notarial, que resultó en una sanción deontológica para el matrimonio; una civil, que también los condenó; y una penal, a cargo de la división de crimen organizado.
La representante del ministerio público considera probado el estado de debilidad de ambas vendedoras y ha solicitado 12 meses de prisión para Martin, seis para Sophie, una multa de 30.000 euros para el matrimonio y seis meses de cárcel para Sébastien, además de inhabilitación para los tres.
La defensa de los acusados alega que sus clientes consultaron previamente al colegio profesional sobre la legalidad de las operaciones antes de proceder. Todos sostienen que el procedimiento judicial carece de fundamento suficiente para una condena. La decisión del tribunal sigue pendiente de deliberación.