El 19 de marzo, Maruja y Argemiro, de 80 y 93 años, salieron de su vivienda en Perales del Río, Getafe (Madrid), para acudir a una cita médica y pasaron la noche en casa de un sobrino. En ese intervalo, una mujer forzó la cerradura e intentó establecerse en su casa.
Su estrategia estaba estudiada. Lo primero que hizo al entrar fue llamar a la policía, fingiendo ser una vecina preocupada por “movimientos sospechosos” en el domicilio.
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Del mismo modo, la mujer pidió comida a domicilio con la intención de obtener un recibo con su nombre y la dirección de la vivienda, lo que valdría como prueba de resistencia prolongada ante un posible proceso judicial.
Al día siguiente, la Policía contactó con Argemiro para avisarle de la presunta okupación, a lo que respondió con firmeza. “Por la mañana me llamó la Policía y me preguntó que si yo vivía en la vivienda. Les dije que sí, que es donde hemos vivido siempre desde hace muchos años”, explicó el hombre a las cámaras de Telemadrid.
Alerta vecinal y reacción inmediata
Una vecina de la pareja fue la primera en sospechar. Al ver a la mujer asomada a la ventana y presentarse como “la nueva inquilina”, contactó con los propietarios y el resto de los residentes. En pocas horas, varios vecinos se congregaron frente a la vivienda para impedir que la situación se consolidara.
“La presión fue inmediata. No íbamos a permitir que alguien ajeno comiera en la casa de nuestros vecinos”, declaró uno de los residentes. Otro añadió: “Ha sido toda la gente, no hemos necesitado ningún juzgado”.
Además, la intervención colectiva incluyó interceptar al repartidor de comida, frustrando la obtención del ticket de compra que la intrusa necesitaba para acreditar su estancia.
Chantaje económico y sospechas de mafia
Según los distintos vecinos, la okupa llegó a pedir entre 15.000 y 20.000 euros para abandonar la vivienda. Una práctica de chantaje que cada vez es más habitual en los casos similares.
Se sospecha además que podría formar parte de una red vinculada a la Cañada Real, dedicada a ocupar viviendas vacías para luego venderlas a familias vulnerables por sumas cercanas a los 3.000 euros.
La vecina suplantada por la intrusa también ofreció su versión: “No llamé a nada, pensaba que era un familiar el que estaba en la casa”. El intento de consolidación de morada, según fuentes policiales, coincide con otros casos recientes en los que los okupas recurren a documentos falsos, testigos ficticios y la saturación judicial para evitar el desalojo.
Si la ley no responde, lo hacen los vecinos
Este no es un caso aislado, sino que demuestra cómo los okupas están mejor preparados que los propietarios y ya conocen perfectamente la letra pequeña de la ley aprobada el 3 de abril, por el que se intervendría rápidamente a desalojar la casa en caso de ser ocupada.
Por ello, una vez superadas las 48 horas en la que la Policía puede actuar sin orden judicial, comienzas las artimañas para retrasar el juicio o el desahucio.
“Lo que no íbamos a consentir los vecinos es que a una persona que han dejado en la calle, que es su propia casa, no comiese en su casa”, insistió uno de los testigos. La respuesta vecinal fue determinante para que, esta vez, la historia no terminara en desahucio.
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