Una funcionaria municipal del Ayuntamiento de Borutta, una localidad de la provincia de Sassari, en Cerdeña, se encuentra bajo investigación por un presunto delito de malversación. Según la reconstrucción realizada por la Guardia di Finanza de Sassari, la trabajadora, responsable del área de Finanzas y Tributos desde 2021, habría desviado durante meses fondos públicos hacia su cuenta bancaria personal.
Las pesquisas comenzaron tras una alerta emitida por una entidad bancaria, que detectó movimientos inusuales en las cuentas de la sospechosa. La señal fue posteriormente respaldada por una denuncia presentada por el alcalde del municipio. A partir de ahí, las autoridades iniciaron un análisis detallado de las operaciones realizadas desde la Tesorería del Ayuntamiento, descubriendo una secuencia de transferencias bajo conceptos considerados genéricos o inusuales.
Los investigadores señalan que los pagos se justificaban con anotaciones como “Plus”, “Rimborso” o “Missione”, sin ningún respaldo administrativo real. Además, se habrían manipulado nóminas, alterando las cifras para simular un salario mayor al realmente percibido. En total, el importe sustraído superaría los 360.000 euros.
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Artículos de lujo y 13 kilos de plata
Durante los registros, ordenados por el juez de instrucción del Tribunal de Sassari, fueron intervenidos varios bienes en posesión de la funcionaria. En su cuenta personal se localizaron aún unos 130.000 euros. El resto del dinero habría sido utilizado en compras de artículos de alta gama, tanto en línea como en comercios de la ciudad de Sassari.
Entre los objetos incautados se encuentran 52 bolsos y complementos de firmas como Louis Vuitton, Gucci, Prada y Twin Set. También se decomisaron objetos de plata, con un peso total de 13,5 kilos, muebles, un vehículo y un inmueble ubicado en la ciudad. Además, el juzgado ordenó el bloqueo preventivo de dos cuentas bancarias vinculadas a la sospechosa.
La mujer ha sido suspendida de empleo público durante un periodo de seis meses, como medida cautelar. El procedimiento judicial se encuentra en fase de instrucción preliminar, y por el momento, no se ha dictado ninguna resolución definitiva sobre la responsabilidad penal de la funcionaria.
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Un sistema prolongado en el tiempo
Los hechos investigados habrían tenido lugar desde que la funcionaria asumió su cargo en 2021. Durante ese periodo, y aprovechando su acceso directo a las operaciones financieras del Ayuntamiento, habría ejecutado las transferencias sin levantar sospechas hasta la intervención del banco. Los investigadores consideran que el sistema contaba con un alto grado de planificación, basado en la repetición de procedimientos internos con escaso control externo.
La Guardia di Finanza continúa analizando documentos y transacciones adicionales, y no se descarta la posible implicación de otras personas o la existencia de episodios anteriores aún no detectados. El caso ha generado inquietud en la administración local, que se encuentra revisando sus procedimientos internos para prevenir posibles irregularidades similares en el futuro.