El sistema penitenciario del Reino Unido se encuentra al borde del colapso. Con 86.000 reclusos distribuidos en 141 prisiones que operan al máximo de su capacidad, las autoridades británicas buscan soluciones innovadoras para abordar esta crisis.
En ese contexto, una comisión independiente ha propuesto sustituir las penas de cárcel por restricciones específicas que impacten directamente en la vida cotidiana de los delincuentes, como la prohibición de asistir a pubs, eventos deportivos o sociales.
Por otra parte, el sistema judicial británico también enfrenta un atasco significativo, con 73.000 casos pendientes que se acumulan en los tribunales. Este retraso afecta tanto a las víctimas como a los acusados, quienes deben esperar años para que sus casos sean resueltos. La comisión que analizó esta problemática concluyó que muchas personas son enviadas a prisión como una medida punitiva, sin un enfoque claro en su rehabilitación o reintegración social.
Sin embargo, esta iniciativa ha generado un debate considerable. Mientras algunos consideran que estas medidas son demasiado indulgentes, otros las ven como una forma más efectiva de castigar delitos menores sin recurrir al encarcelamiento.
Pero en un marco donde 15 millones de británicos visitan pubs semanalmente y 55 millones compran entradas para eventos deportivos al año, estas restricciones podrían tener un choque considerable en la vida de los infractores.
El costo de la criminalidad y el impacto en la economía
El impacto económico de la criminalidad en el Reino Unido es significativo. Según los datos que ofrece el gobierno, los delitos cuestan a la economía británica 300.000 millones de libras al año, lo que equivale al 6,5 % del Producto Interno Bruto (PIB). Entre los problemas más destacados se encuentra el aumento de los robos en tiendas, que se han convertido en una práctica común.
Mientras el gobierno busca aumentar el gasto en defensa, las inversiones en la construcción de nuevas prisiones, así como en la contratación de más jueces y policías, se han visto limitadas. Esto ha llevado a las autoridades a explorar alternativas menos costosas y más sostenibles para abordar la criminalidad.
Precisamente aquí entra la original propuesta de la comisión, que busca implementar castigos que afecten directamente los intereses y actividades favoritas de las personas que podrían acabar en la cárcel.
Entre las medidas sugeridas se encuentran restricciones para asistir a pubs, partidos de fútbol y otros eventos sociales. Estas sanciones están diseñadas para ser más específicas y menos costosas que el encarcelamiento, al tiempo que buscan reducir la sobrepoblación en las prisiones.
Las consideraciones sociológicas para reflexionar sobre nuevos castigos
Pero hay un aspecto que ha levantado muchas ampollas de las recomendaciones, que es la sugerencia de que los jueces tengan en cuenta el perfil sociológico y étnico de los acusados al dictar sentencias. De esta manera, se propone evitar el encarcelamiento por delitos menores para ciertos grupos, como minorías étnicas, personas transgénero y mujeres jóvenes, especialmente aquellas embarazadas o con hijos lactantes.
La base de esta recomendación radica en estudios que demuestran que las minorías están sobrerrepresentadas en el sistema penitenciario británico y suelen recibir sentencias más severas que los hombres blancos. Además, estas comunidades a menudo carecen de los recursos necesarios para acceder a una defensa legal adecuada.
Sin embargo, esta propuesta ha sido criticada por algunos sectores, incluido el responsable de justicia del Partido Conservador, Robert Jenrick, quien calificó la medida como un “doble rasero” que favorece a ciertos grupos en detrimento de otros. Y en esa línea piensan los conservadores y la ultraderecha, que argumentan que las medidas propuestas son insuficientes para disuadir a los delincuentes, y que además reflejan una postura demasiado “woke” en un contexto político polarizado.