La reciente ampliación de competencias de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer en España, establecida por la Ley Orgánica 1/2025 de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, “puede provocar un colapso del sistema judicial en estos casos” si no aumentan los recursos materiales y personales. Así lo han denunciado este lunes en un comunicado los jueces y juezas de los juzgados de violencia sobre la mujer, que advierten de que esa sobrecarga de trabajo afectaría “la calidad y rapidez de la atención a las víctimas, generando espacios de desprotección y dificultando la instrucción adecuada de los casos”.
La reforma, que asigna a estos juzgados la instrucción de delitos contra la libertad sexual, mutilación genital femenina, matrimonio forzado y acoso con connotación sexual, incluso cuando no haya vínculo afectivo entre víctima y agresor, entrará en vigor en octubre de este año, “antes de que estén plenamente operativas las nuevas Secciones de Instrucción y de Violencia sobre la Mujer”, lo cual puede sobrecargar aún más estos juzgados, que “ya trabajan con altos niveles de saturación”, recuerdan.
“Todos los jueces y juezas que están en los juzgados de violencia de género, algunos desde que entró en vigor la ley del 2004 -que estableció una jurisdicción especial para combatir esta violencia-, cuentan con formación especializada en la materia. El colapso supondría que muchos nos tendríamos que ir a otros juzgados y eso puede dejar a las víctimas en una situación complicada”, dice a Infobae España Cira García, magistrada del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Getafe (Madrid), que advierte también de la “gran complejidad” de los asuntos relacionados con este tipo de violencia y los que les van a asignar, pues incluyen delitos como la trata con fines de explotación sexual.
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Sin datos sobre el impacto de la reforma
García recuerda que los juzgados de violencia sobre la mujer son mixtos, por lo que analizan tanto causas penales cuando las mujeres son víctimas de violencia de género como asuntos civiles sobre custodias o régimen de visitas, lo cual también “es un grueso importante”. Los jueces y juezas también lamentan que “a día de hoy no se ha dado ninguna respuesta [por parte del Gobierno], no se ha hecho ningún estudio sobre cuál es la repercusión que va a tener esa ampliación de competencias”. “No hay ningún elemento, ningún dato, ningún estudio, ningún mapeo de lo que realmente vamos a tener que soportar y sobre todo el abandono que va a suponer en estos juzgados”, asegura la magistrada.
“Riesgo de retroceso” en la lucha contra esta violencia
Los jueces y juezas también explican en el comunicado que los muchos de los juzgados de violencia de género "no cuentan con los medios necesarios como son los equipos forenses de valoración, sistemas de grabación adecuados, asistencia letrada presencial o salas especializadas" para la toma de declaraciones de víctimas vulnerables.
Por todo ello, advierten del “riesgo de retroceso en la lucha en la lucha contra la violencia de género”, pues esa saturación judicial podría traducirse en el rechazo de peticiones importantes, “lo que podría poner en peligro la protección de las víctimas”, insisten.
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