Cada mañana al despertarse, Desiderio, de 84 años, repite un mismo gesto: se acerca a su esposa, María Soledad, de 80 años, para darle un beso y un abrazo. Y cuando se marcha a dormir, cuenta José Hernández, uno de los hijos de este matrimonio que reside en Plasencia (Cáceres), vuelve a hacer lo mismo. Ambos tienen Alzheimer y aunque les falla la memoria, sigue habiendo detalles, recuerdos y muestras de cariño que no son difíciles de olvidar después de vivir 60 años juntos, desde que se que se casaron en 1966. Ahora su hijo quiere evitar a toda costa que les separen enviándoles a una residencia diferente a cada uno, por eso la semana pasada entregó más de 90.000 firmas a la Junta de Extremadura través de la plataforma Change.org para pedir que se les asigne un mismo centro geriátrico.
“De otra cosa no se acordarán, pero sí del cariño que se tienen, eso siempre está presente. Saben que uno es el referente del otro y yo no les quiero separar”, dice José a Infobae España, quien ahora cuida de ambos en casa. La familia ha solicitado para los dos una residencia pública, pero a diferencia de otras autonomías, en Extremadura los criterios para asignar plazas “no tienen en cuenta que sean un matrimonio, sino que valoran a cada uno por separado, incluso teniendo la misma enfermedad”, lamenta José, por lo que pueden asignarles un centro diferente “y eso sería una experiencia desgarradora para ellos”, asegura. Además, añade, otras regiones como Aragón o la Comunidad Valenciana “sí priorizan en sus normativas la reunificación de matrimonios” en residencias de personas mayores.
Desiderio está valorado con un grado dos de dependencia, lo cual le da derecho a una residencia, aunque de momento sigue en lista de espera. Mientras que en el caso de María Soledad, un técnico del Ejecutivo autonómico ha realizado recientemente una nueva valoración y le ha asignado un grado tres, por lo que se considera gran dependiente y necesita el apoyo continuo de otra persona. José, sin embargo, pide que sea un mismo técnico el que realice la evaluación de ambos “para hacer una solicitud conjunta” y lamenta la “escasa información que dan” sobre este tipo de evaluaciones.
Ni él ni sus otros dos hermanos, explica, pueden permitirse pagar una residencia privada para sus padres, por eso recuerda que estos problemas “solo afectan a la gente humilde, a la gente trabajadora, porque con pensiones de 800 euros o salarios bajos es imposible pagar” un geriátrico privado.
Reunión con el Servicio Extremeño de Atención a la Dependencia
Tras el reclamo de José y la recogida de esas más de 90.000 firmas, desde el Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD) han accedido a reunirse con él este martes después de indicar que “la Junta de Extremadura valorará estudiar modificaciones a este respecto”.
Por su parte, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha aclarado que no tiene competencias para intervenir en este caso específico, pues son las autonomías las que gestionan los temas de dependencia.
Reclama un cambio en la normativa
Y como no solo se trata del caso de sus padres, José pide que se cambien los actuales criterios de asignación de plazas en residencias y la normativa autonómica de aplicación de la Ley de Dependencia en Extremadura “para permitir que matrimonios dependientes puedan ingresar juntos” en esos centros. “A muchos matrimonios mayores del barrio ya les ha pasado, uno se ha tenido que ir a la residencia y la otra persona se ha quedado en casa o le han asignado otro centro”, lo cual ha supuesto “un golpe muy duro para ellos, porque se morían de pena”.
“Yo solo quiero que el tiempo que les quede a mis padres puedan estar juntos, en paz y tranquilos, porque ahora resulta que, a pesar de los avances, parece que vamos a peor en el cuidado de nuestros mayores y creo que como sociedad tenemos que darles esos cuidados”, concluye.