El Ingreso Mínimo Vital (IMV) es una prestación económica destinada a garantizar un nivel mínimo de ingresos a personas y familias en situación de vulnerabilidad económica en España. Uno de los requisitos fundamentales para acceder a esta ayuda es la residencia legal y efectiva en España, tanto para los solicitantes individuales como para los integrantes de una unidad de convivencia. Sin embargo, existen algunas excepciones a esta exigencia.
La residencia legal implica contar con un permiso de residencia vigente, lo que excluye a aquellas personas en situación irregular en el país. Además, la Seguridad Social verifica que la residencia sea efectiva, es decir, que la persona realmente viva en territorio español de manera habitual.
En el caso de los solicitantes individuales menores de 30 años, aparte de la residencia legal, se exige haber vivido de manera independiente durante al menos dos años previos a la solicitud y haber estado de alta en la Seguridad Social, en Clases Pasivas del Estado o en una mutualidad alternativa durante un mínimo de 12 meses. Para los mayores de 30 años, se debe acreditar que han residido de manera independiente en España durante el año anterior a la solicitud.
La normativa contempla algunas excepciones en las que no se exige el cumplimiento estricto de este requisito. Estas excepciones aplican a casos de especial vulnerabilidad, como: menores de edad incorporados a la unidad de convivencia por nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento familiar permanente; mujeres víctimas de violencia de género, quienes pueden acceder a la prestación sin necesidad de cumplir el requisito de residencia durante el año previo; y personas víctimas de trata de seres humanos y explotación sexual, debido a su especial situación de vulnerabilidad.
¿Todos los miembros de la unidad de convivencia deben tener residencia legal en España?
La respuesta es sí. Para poder acceder al IMV, es imprescindible que todos los miembros de la unidad de convivencia acrediten residencia legal y efectiva en España de manera continuada e ininterrumpida durante al menos el año anterior a la solicitud. Este requisito se aplica tanto a los beneficiarios individuales como a los grupos familiares que opten a la prestación.
¿Y qué son las unidades de convivencia? Estas incluyen a personas que residen en el mismo domicilio y están unidas por vínculo matrimonial, pareja de hecho o parentesco de hasta segundo grado (padres, hijos, hermanos, abuelos y nietos). También se considera unidad de convivencia a quienes convivan por razones de guarda con fines de adopción o acogimiento familiar permanente.
En el caso de que alguno de los miembros de la unidad de convivencia no cumpla con el requisito de residencia legal, la solicitud del IMV no podrá ser aprobada hasta que todos los integrantes acrediten este requisito.
Para verificar la residencia efectiva de los miembros de la unidad de convivencia, se requiere la presentación de documentos como el certificado de empadronamiento colectivo, que demuestra el tiempo de permanencia en el domicilio común, y documentación que acredite la situación administrativa de cada integrante.
Además, tras haber sido concedida la prestación, si se detecta que el beneficiario o algún miembro de la unidad de convivencia ha salido del país por más de 90 días en un año natural, sin causa justificada, se suspenderá la ayuda. Las ausencias temporales del país no implican automáticamente la pérdida del derecho al IMV, siempre que no superen los 90 días anuales o que sean debidamente justificadas por motivos de salud u otras causas excepcionales. Sin embargo, cualquier salida prolongada del territorio español debe ser comunicada al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).