La herencia yacente ha cobrado protagonismo en el ámbito fiscal de España, en el marco de un debate legal que señala las complejidades inherentes a este tipo de patrimonio. Se refiere específicamente al estado jurídico en que se encuentra el patrimonio de una persona fallecida que aún no ha sido aceptada por sus herederos. Durante este tiempo, mientras los herederos deciden si aceptan o no la herencia, el patrimonio mencionado carece de un titular legal, lo que hace necesario implementar un sistema formal de administración y conservación.
Desde el punto de vista tributario, los bienes integrantes de una herencia yacente generan controversia en lo que se refiere a su imputación fiscal. De acuerdo con el artículo 8.3 de la ley 35/2006, citado por la publicación Fiscal Impuestos de CEF, estos bienes deben ser atribuibles a los herederos en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) desde el momento en que ocurre el fallecimiento del causante. Esa disposición reconoce que si bien las herencias yacentes no son consideradas como contribuyentes, las rentas que puedan generarse se atribuyen directamente a sus herederos, comuneros o partícipes.
Cómo se debe tratar la tributación de las herencias yacentes
La comprensión de estos elementos legales y fiscales se amplía a la luz de un caso particular tratado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que ha aportado claridad sobre cómo debe ser tratada la tributación de las herencias yacentes cuando el heredero ha sido instituido a término. En este escenario específico, se mostró que el heredero está impedido de aceptar la herencia hasta que llegue una fecha particular, indicada de manera explícita en el testamento respectivo.
A pesar de esta limitación temporal, la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) declaró que el heredero debe tributar por las ganancias patrimoniales generadas por la herencia yacente, basado en el argumento de que la condición de heredero se encuentra reconocida desde el mismo momento del fallecimiento del causante. Esto, independientemente de que la aceptación formal de la herencia ocurra en un momento posterior.
La ley española permite que la figura del heredero pueda configurarse de manera pura o bien estar sujeta a alguna condición o término. Este principio es amparado dentro del Código Civil, que en su artículo 805 regula estos aspectos y establece que aun cuando el término no ha llegado, el sucesor legítimo es el único llamado, aunque limitado a no tomar posesión de los bienes, a menos que preste una caución suficiente.
El Impuesto de Sucesiones se aplica solo al recibir bienes y derechos de una herencia
Otro punto relevante que fue abordado por el tribunal es la cuestión de lo que podría interpretarse como doble imposición fiscal. Esta entidad argumentó que, en el marco de la normativa vigente, no existe tal problema entre el IRPF y el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD). Mientras que el primero grava las rentas derivadas del patrimonio yacente, el segundo solo se aplica a la adquisición efectiva de bienes y derechos mediante una herencia. Así, ambos impuestos tienen hechos imponibles que son diferentes y, por consiguiente, no se superponen.
En definitiva, este caso judicial pone de manifiesto la complejidad de la legislación fiscal aplicada a las herencias yacentes y subraya la necesidad para los herederos de comprender cabalmente las implicaciones legales y tributarias de su situación. La resolución proporcionada por el tribunal reafirma que las rentas que se originan a partir de una herencia yacente están sujetas al IRPF, incluso cuando el heredero aún no ha procedido a la aceptación formal de la misma. Este tipo de determinaciones son cruciales para orientar el accionar de los contribuyentes y asegurar un cumplimiento adecuado con el régimen fiscal vigente en España.