El Ministerio de Consumo ha implementado una nueva regulación que prohíbe a las aplicaciones de transporte y alojamiento, como Uber y Airbnb, aumentar sus precios durante situaciones de emergencia. Esta medida, aprobada por el Consejo de Ministros, modifica la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios para evitar subidas abusivas de tarifas en momentos de alta demanda, como las catástrofes naturales como las inundaciones por la DANA en Valencia.
Las aplicaciones de transporte con conductor, como Cabify y Bolt, utilizan un sistema de precios dinámicos que ajusta las tarifas según la demanda. En condiciones normales, cuando hay más pasajeros que conductores disponibles, las tarifas pueden aumentar hasta que se estabilice el mercado. Además, el tráfico y los peajes influyen, ya que las tarifas se estiman según datos de viajes completados y condiciones en tiempo real.
La tarifa base, calculada según la distancia y duración del trayecto, también influye, mientras que en ciertas ciudades se añade una tarifa operativa fija para cubrir costes normativos, operativos y de seguridad. Por último, los recargos pueden aplicarse a viajes hacia o desde aeropuertos, estadios, puertos marítimos, eventos, u otros lugares, además de incluir tasas gubernamentales específicas.
Este modelo ha generado muchas críticas por parte de las organizaciones de consumidores, ya que en eventos de gran afluencia, como conciertos en Madrid, los precios pueden superar significativamente los de un taxi convencional. Además, en situaciones de emergencia de protección civil este modelo puede resultar un gran perjuicio para las personas. Las tarifas dinámicas perjudican también a los servicios públicos, como los taxis, que mantienen tarifas fijas, lo que contrasta con el modelo de precios variables de las aplicaciones de transporte como Uber o Cabify.
Desde Uber hasta Amazon
La modificación, según ha detallado el departamento que dirige Pablo Bustinduy, se refiere a aquellos casos en los que no pueda fijarse con exactitud el precio de una oferta comercial debido a la naturaleza del servicio o del producto. “Son casos en los que los precios se acaban personalizando de forma automatizada, como ocurre, por ejemplo, a la hora de contratar viajes en vehículos VTC o de alquilar un alojamiento de forma online”, ha indicado.
Aunque el Ministerio de Consumo, liderado por Pablo Bustinduy, no menciona empresas específicas, la medida afecta también a otras comapñías con tarifas dinámicas como Glovo, plataformas como Amazon, Booking y las grandes aerolíneas. En el caso de las aerolíneas, los precios de los billetes tienden a aumentar si múltiples usuarios buscan el mismo vuelo de forma simultánea, lo que genera un ajuste en tiempo real de los costes.
Límite de precio en la venta de coches
Por otra parte, en este mismo Real Decreto-ley, también a iniciativa de Bustinduy, se ha limitado el precio para la venta de vehículos a motor dentro del Plan Reinicia Auto+, aprobado para dar ayudas económicas a todas aquellas personas, físicas o jurídicas, que necesiten comprar cualquier tipo de vehículo a motor porque perdieron el suyo durante la DANA. Especifica que los puntos de venta que se adhieran a este programa no puedan vender coches a las personas afectadas a precios que sean superiores a los que había el 28 de octubre, día en el que tuvo lugar la riada.
Esta limitación se concreta en que los puntos de venta de este tipo de vehículos que deseen adherirse a este plan deberán firmar una declaración responsable de que no alterará los precios que tenían los vehículos ofertados en su establecimiento con anterioridad al 28 de octubre 2024, además de cumplimentar un formulario disponible en la sede electrónica del Ministerio de Industria y Turismo. “Una tragedia de estas características no puede ser un contexto que dé lugar al beneficio económico de ningún operador”, ha afirmado Bustinduy.