El Gobierno no ha podido sacar adelante en el Congreso los objetivos de estabilidad propuestos para el periodo 2025-2027 porque Junts ha votado en contra, con lo que se han sumado 178 votos negativos frente a los 171 a favor. Se trata de un acto simbólico para evidenciar la debilidad del Ejecutivo, ya que la aprobación de la senda de estabilidad de déficit y deuda se considera el paso previo para los Presupuestos Generales del Estado (PGE), pero no paraliza la aprobación de los mismos. Fuentes del PSOE señalan que el Ejecutivo se plantea presentar unos nuevos objetivos en el Consejo de Ministros del 27 de agosto para votarlos en el Congreso en septiembre. Los PGE deberían presentarse en el Congreso el 1 de octubre según el artículo 134 de la Constitución, aunque se suele incumplir la fecha y en la práctica se usan los tres últimos meses del año.
El portavoz adjunto de Junts en el Congreso, Josep Maria Cruset, ha justificado el voto negativo de los siete diputados de su grupo por la “baja” ejecución de presupuestos anteriores en Cataluña y ha incidido en que el Gobierno no podrá contar con sus votos para la tramitación de los Presupuestos hasta que esta situación se revierta. Según ha ahondado desde la tribuna del Congreso, en 2023 en Cataluña “solo se ejecutó un 45% de lo presupuestado, mientras que en Madrid se ejecutó un 212%”. También ha criticado que todos los años se asigne a la región “un presupuesto más pequeño que el que nos correspondería por peso poblacional y PIB”.
El rechazo de la cámara a los objetivos retrasa el calendario presupuestario, ya que obliga al Gobierno a aprobar una nueva senda para su posterior remisión al Congreso y, si resulta aprobada, al Senado. El documento que se ha debatido este martes incluye también la regla y el techo de gasto para 2025 (límite de gasto no financiero), cifras que indican el margen del Gobierno para diseñar las partidas de los PGE, pero que no se votan, como sí se hace con los objetivos de déficit y deuda, según lo dispuesto en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria.
Durante el debate en el Congreso, Junts ha recomendado a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que “vayan pensando en otros caminos para aprobar los Presupuestos de 2025″. El grupo votó a favor de la anterior senda de estabilidad, la de febrero, que tampoco pudo salir adelante por el veto del PP en el Senado. Respecto al resto de socios de la investidura, la mayor parte han criticado que el aumento del gasto es reducido respecto a los años anteriores (es el caso especialmente de Bildu y BNG), pero han aceptado votar a favor para que la legislatura pueda continuar.
La senda de estabilidad y el techo de gasto (de 199.171 millones para 2025) constituyen el marco para elaborar los PGE tanto a nivel estatal como autonómico, pero según ha recordado el diputado del PP Pedro Puy Fraga, el techo de gasto “no se ha cumplido nunca y nunca ha pasado nada”. Más importante es el cómputo del crecimiento del gasto público, variable en la que centran su atención las nuevas reglas fiscales, pero que todavía no está definida. El Gobierno está negociando con la Comisión Europea para fijar el límite de crecimiento del gasto (la tasa de referencia), aunque Hacienda asegura que está en consonancia con la regla de gasto propuesta a nivel nacional (3,2% en 2025; un 3,3% en 2026 y un 3,4% en 2027). La tasa deberá quedar reflejada en el Plan Fiscal estructural que el Gobierno debe presentar a Bruselas en otoño para un periodo mínimo de cuatro años.
El Gobierno proponía más margen para CCAA y ayuntamientos
El déficit propuesto por el Ejecutivo para el conjunto del país es descender a un 2,5% en 2025; un 2,1% en 2026 y un 1,8% en 2027. La mayor parte de este desajuste se lo reserva la Administración Central, como es habitual, con un 2,2% para 2025; un 1,8% para 2026 y un 1,5% para 2027. No obstante, si se compara con la senda de estabilidad anterior, es la Administración Central la que asume una mayor reducción del déficit para dar algo más de margen a las comunidades autónomas y ayuntamientos.
La propuesta, que será rechazada este martes, fija un déficit del 0,1% para las CCAA en vez de equilibrio presupuestario en todo el periodo de aplicación y estabilidad a las entidades locales en vez de superávit. En cuanto a la senda de deuda, el documento se compromete a reducirla al 103,6% del PIB en 2025; el 101,8% en 2026 y el 99,7% en 2027.