¿Gallinas ‘sin papeles’? Galicia reabre la pugna con el Gobierno para no ‘legalizar’ los corrales

La Xunta de Galicia mandará al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación una carta para que revierta la obligación de registrar los gallineros para autoconsumo, según han confirmado a Infobae España fuentes de la Consellería de Medio Rural. Lo hará a petición del Parlamento gallego, con mayoría del PP, después de que la Cámara aprobara el pasado martes una proposición no de ley en este sentido. A iniciativa de los populares, y con el voto favorable de Democracia Ourensana y las abstenciones del BNG y PSdeG, la Xunta retomará esta reivindicación “histórica”.

El Parlamento gallego aprobó la modificación del “Real Decreto 637/2021, de 27 de julio, por el que se establecen las normas básicas de ordenación de las granjas avícolas, para suprimir la obligatoriedad de registro de las explotaciones avícolas para autoconsumo, excepto decisión de la autoridad competente en aquellas explotaciones en función del riesgo sanitario o criterios de ordenación sectorial de la Comunidad Autónoma”.

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En esencia, esta norma con rango de ley, aprobada por Gobierno en 2021, establece que los titulares de las explotaciones de autoconsumo “están obligados a efectuar una comunicación previa para que se incluyan en el Registro general de explotaciones ganaderas”. El motivo detrás de esta imposición es tener estas aves localizadas para proteger los corrales particulares en caso de que haya un foco de gripe aviar.

Aunque esta obligatoriedad entró en vigor en dicha comunidad el 1 de enero de este año, desde la Consellería de Medio Rural argumentan que siempre han estado en contra de dicha modificación. Así se lo han hecho saber al ministro del ramo, Luis Planas, en las diferentes conferencias sectoriales desde que se elaboró la reforma. Una vez se puso en marcha la medida, el PP decidió elevar la queja al llevarla al Parlamento gallego, donde tiene mayoría, para su aprobación.

Voces de este departamento señalan que volverán a insistir en “la necesidad de corregir esta situación, remarcando lo que ya se expuso en ocasiones anteriores al ministro (en encuentros como el Consejo Consultivo del pasado 20 de marzo)”. Es decir, pedirá su supresión basándose en la postura que tuvo a lo largo del desarrollo de este texto normativo. Y es que el Gobierno gallego presentó cerca de 40 alegaciones técnicas y una consideración general de relevancia, subrayando que “las explotaciones de autoconsumo deberían quedar fuera del ámbito de aplicación de este Real Decreto”.

Se consideran gallineros de autoconsumo los que tienen menos de 30 gallinas ponedoras o 50 pollos de engorde. En ningún caso, sus propietarios podrán comercializar “los animales ni su carne ni los huevos ni otras producciones, siendo consideradas en caso de comercializarlos como explotaciones reducidas”. Asimismo, el Real Decreto impone la obligación de “identificar a un veterinario de referencia al que poder recurrir en caso de aparición de problemas sanitarios concretos”.

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En el caso de no estar registradas, los dueños no podrán adquirir nuevas aves al no poder mostrar el código de su explotación. Asimismo, aunque la norma no regula las consecuencias, la Ley de Sanidad Animal sí. En concreto, contempla como infracción leve “la tenencia de menos del 10% de animales, cuando la identificación sea obligatoria, en relación con los animales que se posean, o, en el caso de animales de producción, en relación con los pertenecientes a la explotación, cuya identificación carezca de alguno de los elementos previstos en la normativa específica”.

Para las infracciones leves, se aplicará una multa de 600 a 3.000 euros o apercibimiento. Esto último sólo se impondrá “si no hubiera mediado dolo y en los últimos dos años el responsable no hubiera sido sancionado en vía administrativa por la comisión de cualquier otra infracción de las previstas en esta ley”, añade el texto legal.

La Xunta entiende que los únicos requisitos exigibles para estas explotaciones deberían ser los relacionados con “las condiciones mínimas higiénico-sanitarias y de bienestar animal, así como las de permitir los controles oficiales y estar sujetas al régimen sancionador en su caso”. En conversación con este medio, fuentes del Gobierno de Alfonso Rueda lamentan que “no ha sido escuchado en el desarrollo de este Real Decreto”, y entienden que esta normativa es “otro ejemplo de legislación diseñada e implementada de espaldas al territorio, sin tener en cuenta sus particularidades”. A tenor de los datos aportados por esta administración, en Galicia hay ya registrados 79.111 gallineros de autoconsumo.

Durante el debate de la proposición no de ley -más allá de la defensa ejercida por el representante del PP encargado de presentar la propuesta, Silvestre José Balseiros, y por Armando Ojea (Democracia Ourensana)-, las diputadas del BNG y el PSdeG-PSOE acusaron a la Xunta de “no haber informado a la población” durante los tres años transcurridos desde que se aprobó el Real Decreto hasta su entrada en vigor.

Así, la diputada nacionalista Ariadna Fernández, veterinaria y procedente del medio rural, subrayó que la norma contribuye a prevenir enfermedades de transmisión y poder establecer planes de vacunación. Y la exalcaldesa de Lugo, la socialista Lara Méndez, recordó el motivo por el que el Ministerio de Agricultura impulsó esta regulación, que proviene de una normativa europea.

Ante estas acusaciones, desde la Xunta matizan que su “objetivo” es “asesorar e informar a la población para que pueda registrar sus gallineros de autoconsumo con todas las garantías y de manera paulatina, resolviendo sus dudas y acompañándolos durante el proceso”. Este medio ha tratado de ponerse en contacto con el Ministerio de Agricultura, aunque hasta el momento no ha recibido respuesta. En todo caso, el Gobierno gallego está decidido a exigir al Ejecutivo la modificación de este Real Decreto.