Grupos ecologistas exigen mejoras en la regulación de la energía eólica marina: “Es insuficiente para la conservación del mar”

Las organizaciones ecologistas consideran que el nuevo Real Decreto por el que se regula la producción de energía eléctrica en instalaciones ubicadas en el mar, y que sirve de herramienta para celebrar las subastas de eólican marina, “avanza en la buena dirección, pero es insuficiente” para garantizar la conservación de los mares y la participación social, por lo que piden poder participar en la mesa de trabajo en la que se negociará con todos los sectores interesados la implantación de esta energía en España y, en especial, la localización de los parques.

“El texto actual se queda lejos de poder garantizar un despliegue de energía renovable marina que sea capaz de asegurar la conservación de nuestros mares y de tener en cuenta a las personas en su desarrollo”, han señalado en un comunicado Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF al presentar sus observaciones al Real Decreto. Las organizaciones creen que el proyecto solo tiene en cuenta a los sectores y administraciones públicas afectadas, mientras que deja de lado a las comunidades locales y a las asociaciones ambientalistas.

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“Se debería aumentar el peso de los criterios ambientales hasta el 50% y los sociales hasta el 25%”, asegura estos grupos, al tiempo que recuerdan que España cuenta con una plataforma continental marina “excepcionalmente rica en biodiversidad”, por lo que es especialmente relevante “asegurar tanto las mejores ubicaciones como los mejores proyectos para evitar potenciales impactos”, pues, si se llegaran a producir, “podrían hacer fracasar el despliegue de renovables en el mar”.

Cabe recordar que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico lanzó a consultas la nueva regulación el pasado de febrero, una audiencia pública que se extendió hasta finales de marzo, y permitirá otorgar simultáneamente, mediante concurso, el régimen económico de energías renovables y la reserva de la capacidad de acceso a la red y de la concesión de uso del dominio público-marítimo terrestre por un plazo máximo de 30 años, según ha informado el departamento que dirige Teresa Ribera.

Por otro lado, las organizaciones ecologistas también han destacado en su comunicado la urgencia de “lograr la neutralidad climática en la Unión Europea y en España no más tarde del año 2040″, así como de cumplir con el compromiso de proteger al menos el 30% del espacio marino para el 2030. “Para que esto pueda ocurrir, es imprescindible que el despliegue de las energías renovables, tanto en el mar como en tierra, ocurra de forma ordenada y respetuosa con las personas y la biodiversidad”, aseguran.

Paras las organizaciones hay aspectos clave que no pueden quedar fuera del Real Decreto, como es limitar el despliegue de la eólica marina a las zonas de alto potencial para el desarrollo de esta energía (ZAPER), así como su apertura de forma escalonada, priorizando aquellas que representen un menor grado de impacto ambiental.

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También consideran fundamental la “adjudicación de derechos en base a criterios sociales y ambientales”, que se defina mejor el diálogo público-privado, y que se cree un fondo público para el apoyo socioeconómico y medioambiental.