“No puedes imaginar lo que supone para un migrante conseguir los papeles en España, regularizar su situación. Solo puedes saberlo si lo has vivido”. Quien pronuncia estas palabras, entre una mezcla de hartazgo e indignación, es Mamadou, un migrante senegalés de 35 años que llegó a España vía aérea hace más de dos décadas y que prefiere no revelar su nombre verdadero. “Sin papeles no puedes ir al médico, no puedes abrir una cuenta bancaria, no puedes cotizar, no puedes hacer nada”, aclara. A él, en concreto, le costó 10 años regularizar su situación y ahora tiene problemas para renovar su NIE (Número de Identidad Extranjero), al no conseguir una cita en las oficinas de Extranjería debido al colapso. Una situación que nada tiene que ver con las personas migrantes que disponen de recursos económicos como para comprar una vivienda de 500.000 euros y así conseguir el visado de oro que permite obtener la residencia en solo unos meses.
Fruto de la precariedad, Mamadou, que reside en Barcelona, solo ha podido desarrollar trabajos en el campo sin contrato y mal pagados o como mantero vendiendo diferentes artículos en la calle. “Siempre tienes miedo de que la Policía te quite lo que vendes y te lleve a comisaría”, cuenta a Infobae, porque, además, los agentes pueden sancionarles por este tipo de trabajo y eso genera antecedentes penales, lo cual les imposibilita regularizarse. “Cuando no tienes papeles siempre tienes miedo de la Policía y de que te deporten”, asegura Mamadou, quien tampoco lo ha tenido fácil en cuestión de vivienda. En muchas ocasiones se ha visto obligado a ocupar un piso o a recurrir a amigos que le alquilaban por un tiempo una habitación.
Mamadou es tan solo un ejemplo de los muchos obstáculos a los que se enfrentan miles de migrantes en el país para poder regularizar su situación administrativa, pues de media tardan unos 7 años y medio en conseguir un permiso de residencia, según indicó en 2022 en una ponencia el entonces ministro de Migraciones, José Luis Escrivá, e incluso cuando lo consiguen, siguen teniendo problemas para lograr un contrato en condiciones dignas y en igualdad de derechos. En muchos casos las personas migrantes consiguen obtener un permiso de residencia después de acreditar tres años de permanencia continuada.
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De ahí la importancia de que este martes el Congreso acordara tramitar la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la regularización extraordinaria de unas 500.000 personas extranjeras en España, con 310 votos a favor y los 33 en contra de Vox. De esta forma, la propuesta, que logró reunir más de 611.000 firmas y el poyo de 900 organizaciones sociales, continuará ahora su trámite parlamentario donde los grupos pueden presentar enmiendas.
Desde 2013 se puede obtener visado de oro por compra de inmueble
Existe, sin embargo, otra forma más rápida de lograr la residencia en España, pero solo está al alcance de algunas personas extranjeras, concretamente de quien dispone de al menos 500.000 euros para adquirir una vivienda. El llamado visado de oro o golden visa es un mecanismo por el que se conceden permisos de residencia a extranjeros a través de inversiones empresariales o inmobiliarias y que funciona gracias a una ley que se aprobó en 2013 bajo el Gobierno del Partido Popular.
Dependiendo de la asesoría a la que se consulte, los tiempos para conseguir un visado de oro por compra de un inmueble varían, pero por lo general se sitúan entre los dos y seis meses, un tiempo notablemente inferior al que suelen tardar Para ello, la persona extranjera interesada debe aportar el pasaporte, el certificado de antecedentes penales, certificado y seguro médico, la prueba de inversión en el inmueble y una justificación de medios económicos en la que se demuestre que se dispone de los medios económicos necesarios para vivir en España durante el tiempo que dure el permiso de residencia.
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Terminar con un “negocio especulativo”
El actual Ejecutivo de Pedro Sánchez ha anunciado esta misma semana que pondrá fin a la concesión de los visados de oro con el objetivo de “garantizar que la vivienda sea un derecho y no un mero negocio especulativo”, si bien la medida solo afectará a quienes quieran comprar esas viviendas de lujo, ya que las personas extranjeras no residentes en la Unión Europa que realicen una inversión significativa -entre uno y dos millones de euros- en deuda pública y fondos de inversión podrán seguir obteniendo una autorización de residencia. De momento, además, modificar la ley que el PP aprobó hace 11 años aún llevará tiempo.
Según datos del Gobierno, desde el 2013 se han concedido un total 14.576 visados de oro ligados a inversiones en bienes inmuebles, la mayoría a ciudadanos de China, Rusia, Reino Unido, Estados Unidos, Ucrania, Irán, Venezuela y México, y principalmente en las provincias de Barcelona, Madrid, Málaga, Alicante, Baleares y Valencia, pues concentran el 90% de las autorizaciones concedidas en toda España.
En ese sentido, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, también ha indicado que este tipo de inversiones “tensionan mucho el mercado, incrementan el precio de las casas y favorecen la especulación”.