Acoso sexual en las Fuerzas Armadas: sólo una de cada diez investigaciones acaba en condena

Desde 2016, el Ministerio de Defensa ha registrado 219 denuncias por acoso, prácticamente todas realizadas por mujeres. De los 269 procedimientos abiertos, únicamente 31 han redundado en un castigo para el agresor

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Militares de las Fuerzas Armadas de España (Archivo)
Militares de las Fuerzas Armadas de España (Archivo)

Tan sólo el 11% de las procesos iniciados ante una denuncia por acoso sexual en las Fuerzas Armadas han finalizado con condena judicial o sanción disciplinaria del agresor. Dado que el protocolo de Actuación frente a este tipo de situaciones fue adoptado en 2015, el Ministerio de Defensa comenzó a registrar los casos a partir del año siguiente. Entre 2016 y 2022, la cartera que lidera Margarita Robles ha contabilizado un total de 219 denuncias, con un mínimo de 20 en 2016 y un máximo de 39 en 2021.

Según el informe presentado por el Observatorio de la Vida Militar el pasado jueves ante la Comisión de Defensa, estas denuncias han dado lugar a 112 procedimientos penales y 157 expedientes disciplinarios. El hecho de que existan más procesos abiertos que denuncias realizadas responde a que una vez comenzado un procedimiento disciplinario la jurisdicción considera que los hechos investigados pueden ser constitutivo de delito. En estos casos, el procedimiento disciplinario no se archiva sino que se suspende hasta que finalice el proceso penal. Si los hechos denunciados fueran objeto de condena penal, el disciplinario se archivará, pero si no hubiera responsabilidad penal, el disciplinario se reanudará, para determinar si existe infracción disciplinaria.

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En el apartado de procedimientos disciplinarios, del total de expedientes abiertos únicamente 13 han concluido en sanción para el denunciado; mientras que 100 han sido archivados, es decir, el 64%. Al 1 de enero de 2023, 36 de estos procesos continuaban pendientes de resolución y otro ocho casos habían sido recalificados. En el ámbito penal, en cambio, 18 casos han finalizado en condena para el agresor, 42 permanecen en trámite, 36 han sido archivados y seis han terminado con la absolución del acusado. Asimismo, otras 10 denuncias han sufrido un cambio de calificación. En resumen, tras siete años y 269 procedimientos iniciados, tan sólo ha habido 31 condenas penales o sanciones disciplinarias.

Casos de 2022

Los últimos datos disponibles respecto a las denuncias por acoso en las Fuerzas Armadas corresponde a 2022, cuando se registraron 38 denuncias. La gran mayoría de estas han tenido lugar en el Ejército de Tierra, con 26 casos; seguido por el Ejército del Aire y del Espacio, con cinco; la Armada y el Estado Mayor de la Defensa, con tres denuncias cada uno; y los Cuerpos Comunes, con una.

En total, han sido señalados como presuntos acosadores 42 personas (41 hombres y una mujer): seis oficiales, nueve suboficiales y 27 efectivos de tropa y marinería. Por su parte, las víctimas suman 40: 35 de sexo femenino y cinco del masculino. En cuanto a la escala de los denunciantes, tres eran oficiales, cuatro suboficiales, 27 pertenecían a la tropa y tres eran personal civil.

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Las 38 acusaciones se han traducido en 47 procedimientos: 18 penales y 29 disciplinarios. Entre los primeros, se ha archivado un caso y recalificado cuatro; mientras que entre los segundos, los casos archivados ascienden a nueve y dos los que han visto cambios en su calificación. Hasta enero de 2023, ninguna de estas investigaciones había redundado en condena o sanción.

Posible revisión del protocolo

Durante su comparecencia en el Congreso, el presidente del Observatorio de la Vida Militar, Mariano Casado, ha abierto la puerta a una posible revisión del procedimiento de actuación ante denuncias de acoso sexual en el seno del estamento militar. Aunque no ha referido al número concreto de denuncias ni a su evolución, Casado ha apuntado a la necesidad de revisar el protocolo, algo que no se ha hecho desde su aprobación, casi diez años atrás.

Sin embargo, la revisión del protocolo sólo podría hacerse después de que el observatorio haya realizado un análisis de la cuestión, premisa que no se cumple. El organismo publicó un estudio específico sobre la situación de las medidas de prevención, formación y apoyo a las víctimas de acoso sexual en 2011, cuatro años antes de que el procedimiento naciera. “Hicimos un primer informe hace ya años sobre esas cuestiones y no hemos vuelto a hacer otro. A lo mejor habría que hacerlo”, ha zanjado.

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