Consumo investiga si los supermercados aplican correctamente la reducción del IVA

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha iniciado una investigación sobre las principales cadenas de supermercados e hipermercados para verificar si la disminución del IVA en productos esenciales como el aceite de oliva, frutas y verduras se está reflejando efectivamente en los precios al consumidor final. Bajo la dirección de Pablo Bustinduy, esta acción se emprende como respuesta a múltiples denuncias recibidas por la Subdirección General de Inspección y Procedimiento Sancionador, que sugieren un posible aumento en los márgenes de beneficio de estos distribuidores, en lugar de trasladar la reducción fiscal a los precios de venta.

En el marco del escudo social, el gobierno había implementado la rebaja del IVA para estos alimentos esenciales, buscando mitigar el impacto económico generado por la escalada de precios tras la invasión rusa en Ucrania. La medida aspira no solo a proporcionar un alivio directo a los consumidores sino también a fomentar la transparencia en la formación de precios en el sector. “El objetivo principal es asegurar que este beneficio fiscal llegue realmente a los consumidores finales”, explica la dirección del Ministerio de Derechos Sociales.

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Las cadenas de supermercados e hipermercados involucradas están siendo requeridas para presentar información detallada sobre los precios de venta de los productos afectados por esta medida fiscal, además de datos sobre la evolución de su margen comercial o estructura de costes. Esta primera etapa de la investigación pretende dilucidar si ha habido un aprovechamiento indebido de la rebaja del IVA para incrementar los beneficios de los distribuidores, en detrimento del consumidor final.

La Dirección General de Consumo enfatiza que la legislación vigente “prohíbe expresamente” que la reducción del IVA se traduzca en un aumento de los márgenes de beneficios de las empresas. La normativa establece que la finalidad es, precisamente, reducir el precio final de los alimentos para el consumidor. En caso de evidenciarse incumplimientos, las empresas podrían enfrentarse a sanciones que alcanzan los 100.000 euros, o hasta seis veces el beneficio obtenido ilícitamente en situaciones más graves. Este marco sancionador se fundamenta en el artículo 47.1 del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.

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La iniciativa del Ministerio destaca por perseguir una mayor transparencia y claridad en la conformación de precios de los alimentos, alineándose con los objetivos de protección al consumidor y eficacia de las políticas públicas. “Queremos medir el impacto positivo de las medidas adoptadas por el Gobierno en el bolsillo de la ciudadanía”, afirman desde el departamento dirigido por Bustinduy.

Esta medida temporal del tipo impositivo reducido sobre ciertos alimentos ha sido extendida hasta junio de este año, reafirmando el compromiso del Gobierno en su lucha contra la inflación y el apoyo a la economía familiar en tiempos de incertidumbre. Desde el Ministerio, se espera que esta investigación arroje luz sobre las prácticas de fijación de precios en el sector minorista y contribuya a asegurar que los beneficios de las políticas fiscales lleguen efectivamente a los consumidores, reforzando así la confianza en las medidas gubernamentales diseñadas para proteger al ciudadano frente a fluctuaciones económicas adversas.