Un auxiliar de enfermería roba ketamina del hospital y le condenan a 3 años y 10 meses de cárcel

El sanitario vendía los viales a un amigo, también condenado, que conocía el origen ilícito del medicamento y lo revendía a terceros a 35 euros la unidad

Una trabajadora de una farmacia, acomoda los estantes de medicinas en una fotografía de archivo. (EFE/Miguel Gutiérrez)

Durante dos años, un auxiliar de enfermería del Hospital General Universitario de Alicante robó 135 viales inyectables de sustancias psicotrópicas que contenían ketamina para su venta. Entre finales de 2017 y febrero de 2019 el trabajador se dedicó a sustraer los medicamentos cuando nadie le veía y a venderlos.

Ahora, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Alicante le ha condenado a tres años y diez meses de cárcel. El Tribunal considera al sanitario autor de un delito continuado de hurto con la atenuante de reparación del daño y de un delito contra la salud pública con la agravante de prevalerse del carácter público de su cargo. Asimismo, aplica para ambos delitos la atenuante de dilaciones indebidas.

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La sentencia, que ha sido dictada por conformidad de las partes, tras el acuerdo alcanzado entre la Fiscalía y las defensas, impone también otra pena de un año y dos meses de prisión a otro acusado, amigo del anterior, por un delito continuado de receptación, con atenuante de reparación del daño, y de un delito contra la salud pública con atenuantes de drogadicción y dilaciones indebidas.

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Ambos condenados deberán indemnizar de forma conjunta al Hospital General Universitario de Alicante con 660 euros, valor al que ascendían las sustancias sustraídas.

Se activó un dispositivo de vigilancia

Ante la sospecha de una comercialización ilícita de esas sustancias, la Policía Nacional estableció un dispositivo de vigilancia que determinó que el sanitario le vendía los viales al otro condenado, al que le unía una sólida relación de amistad. A su vez, el comprador, que conocía el origen ilícito del medicamento, lo revendía a terceros a 35 euros la unidad.

En el momento de los hechos, este acusado era consumidor de estupefacientes y tanto él como el sanitario consignaron 660 euros antes de la celebración del juicio para satisfacer la responsabilidad civil en caso de condena.

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