La deforestación se reduce en la Amazonía brasileña, pero el derecho de los indígenas a la tierra sigue en peligro: “Sin ellos se rompería el equilibrio”

La tala masiva de árboles, los devastadores incendios y la explotación de los recursos han causado graves daños en la selva tropical más grande del mundo. Marita Bosch, experta en la protección de los pueblos amazónicos, habla con ‘Infobae España’ sobre la importancia de que las comunidades originarias permanezcan en sus territorios

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Árboles secos en una zona inundada por la presa hidroeléctrica Santo Antonio en una reserva en Jaci Paraná, en el estado de Rondonia, Brasil, en 2023. (AP Foto/Andre Penner)
Árboles secos en una zona inundada por la presa hidroeléctrica Santo Antonio en una reserva en Jaci Paraná, en el estado de Rondonia, Brasil, en 2023. (AP Foto/Andre Penner)

Nadie esperaba que Jair Bolsonaro pronunciara un discurso en defensa del medioambiente cuando en 2019 intervino como presidente de Brasil en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas celebrada en Nueva York. Pero el entonces mandatario brasileño fue más allá y llegó a negar que la Amazonía es el pulmón del planeta. “Es una falacia decir que la Amazonia es patrimonio de la humanidad”, dijo el líder ultraderechista, que también aseguró que la selva no estaba siendo devastada por los incendios cuando en realidad ardía por los cuatro costados.

Durante su mandato, entre 2019 y 2022, Bolsonaro redujo sus esfuerzos para combatir la tala y la minería ilegal, además de promover polémicos proyectos desarrollistas en la región, por lo que la Amazonia perdió entre 35.000 y 45.000 kilómetros cuadrados de bosque y los pueblos indígenas se vieron gravemente afectados. Muchas de estas poblaciones, de hecho, fueron expulsadas y desplazadas de sus tierras.

Cuando en enero de 2023 Luiz Inácio Lula da Silva regresó al poder, prometió proteger la Amazonia y ha puesto en marcha un plan para erradicar la deforestación en 2030. Y aunque los datos del Instituto de Investigaciones Espaciales de Brasil (INOPE) indican que entre agosto de agosto 2022 y julio de 2023 la deforestación cayó un 22%, los desafíos aún continúan y será complicado revertir las políticas ambientales de su antecesor.

Territorios indígenas y el “marco temporal”

A Marita Bosch, pedagoga puertorriqueña que lleva años viviendo en zonas fronterizas de la Amazonía, donde acompaña a distintos pueblos indígenas, se muestra especialmente preocupada con el hecho de que durante el Gobierno de Bolsonaro no se reconociera ninguna de los territorios indígenas que estaban en proceso de ser homologadas, porque así “es más fácil que la industria maderera o la minera entren en sus territorios y eliminen la diversidad de la naturaleza”, dice en entrevista con Infobae. “No solo es la naturaleza la que está en peligro, sino también la vida de las personas, que se ven obligados a desplazarse”, aclara la experta en la protección de los pueblos amazónicos, que se encuentra de visita en España dentro de la campaña ‘Somos Amazonía’ de las ONG Entreculturas y Alboan, cuyo objetivo es defender este espacio y proteger a los pueblos que habitan en él.

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El pasado mes de septiembre, el Tribunal Supremo de Brasil declaró inconstitucional una tesis jurídica que limitaba los derechos de los pueblos indígenas a sus tierras ancestrales, una decisión histórica que celebraron las comunidades originarias. Esa tesis jurídica, conocida como “marco temporal”, sostiene que los pueblos indígenas solo tendrían derecho a tierras que ocupaban o disputaban legalmente en la fecha de promulgación de la actual Constitución, el 5 de octubre de 1988, algo que no comparten los pueblos indígenas porque muchos fueron expulsados a lo largo de la historia de sus territorios ancestrales, principalmente a lo largo de la dictadura (1964-1985).

Operación de las autoridades brasileñas contra el avance de la deforestación y la minería ilegal en una de las zonas más conflictivas de la Amazonía, en la Floresta Ambiental Itaituba II. (EFE/ André Borges)
Operación de las autoridades brasileñas contra el avance de la deforestación y la minería ilegal en una de las zonas más conflictivas de la Amazonía, en la Floresta Ambiental Itaituba II. (EFE/ André Borges)

Sin embargo, apenas una semana después de la decisión del Supremo, el Senado brasileño aprobó un proyecto de ley que limita ese derecho indígena a la tierra. Pero la historia tampoco termina ahí, porque en octubre el presidente Lula da Silva vetó varios artículos de ese proyecto de ley dejando sin validez el “marco temporal” y, en diciembre, el Congreso anuló el veto del líder progresista. De esa forma, en el país se abrió una nueva batalla entre los legisladores y el máximo tribunal del país.

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“La lucha continúa”

Entre las medidas que fueron restablecidas por el Congreso, según informó TeleSur, además del “marco temporal”, también figuran la extensión de rutas, instalación de bases militares y explotación de recursos en tierras indígenas sin consentimiento de las comunidades. “Para los pueblos indígenas sus territorios no solo son un pedazo de tierra, sino que para ellos hay una conexión con ese espacio donde viven”, señala Bosch, que explica que cuando son expulsados de sus tierras y se ven obligados a irse a las ciudades, “los problemas aumentan” porque se enfrentan a la pobreza y a la discriminación.

Marita Bosch, experta en la protección de los pueblos amazónicos. (Entreculturas)
Marita Bosch, experta en la protección de los pueblos amazónicos. (Entreculturas)

“La permanencia de los pueblos indígenas en esos territorios significa mucho para el planeta porque podemos ver cómo en los lugares donde residen hay un equilibrio. Si observamos una foto aérea se puede ver perfectamente donde están los pueblos indígenas como guardianes y ese cuidado, esa diversidad, es necesaria para el mundo entero. Si no estuvieran, se rompería el equilibrio del sistema”, asegura la experta.

A pesar del veto del Congreso brasileño, los pueblos indígenas ya han advertido de que seguirán luchando por sus derechos y en los próximos días podrían presentar un recurso de inconstitucionalidad al Supremo.