Los efectos secundarios de la soja y la palma: la compra masiva de España que devasta Brasil e Indonesia

Si el Amazonas es el pulmón de la Tierra, el Cerrado es lo más parecido al grifo del que todos beben. De allí brotan habas de soja, que convierten esta región ecológica —que representa el 25% del territorio de Brasil— en una fuente de energía a merced de Occidente. El producto llega a España a través de tres puertos, Barcelona, Cartagena y Bilbao, que monopolizan su descarga. El motivo principal es que las mismas empresas que explotan los campos cariocas, Cargill y Bunge, tienen las plantas molturadoras en los aledaños a estos muelles. La sabana con más biodiversidad del planeta, devastada por la demanda del mercado de soja.

La soja se ha convertido en los últimos años en un producto esencial para la elaboración de biodiésel, uno de los biocombustibles —apelativo rechazado por la comunidad ecologista al ser engañoso, dado que estos productos terminan siendo contaminantes— más usados en la Unión Europea en la transición energética hacia la descarbonización. Es un caso similar al que ocurre con la palma, procedente de Indonesia. Las exportaciones hasta el viejo continente vacían los almacenes de estos países, y además de provocar “trabajo esclavo” y graves destrozos medioambientales al deforestar miles de hectáreas, también impide que estas naciones ejecuten una transformación energética hacia producciones renovables.

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Fruto de este contexto, varios activistas de Brasil e Indonesia han viajado hasta España para reunirse con organizaciones ecologistas y el Ministerio de Industria con el objetivo de visibilizar las prácticas empresariales con las que estas multinacionales expolian los campos de sus países. Junto a Ecologistas en Acción, dos delegaciones recorrerán España para concienciar sobre la compra masiva que Europa hace de palma y soja y sus consecuencias allí donde esto ocurre.

“El 75% de la soja de Brasil se exporta para alimentación animal, para el norte global y para China. De los 86,1 millones de toneladas de soja en grano que salieron en del país en 2022, 8,4 millones fueron para la Unión Europea. España fue el país que más recibió (3,5 millones de toneladas), seguido de Países Bajos, con 2,8″, asegura a Infobae España la abogada Juliana de Athayde, de la Asociación de Abogados de Trabajadores Rurales (AATR) de Brasil y parte de la delegación aterrizada en España.

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“En España, la cadena de la soja se desarrolla de la mano de una industria ganadera altamente intensiva, dependiente de importaciones extranjeras y orientada mayoritariamente a la exportación de piensos y carne, que persigue un crecimiento acelerado de los animales reduciendo al máximo los costes de producción, en detrimento de su bienestar y con profundos daños en el medioambiente”, asegura el informe Con la soja al cuello de Ecologistas en Acción. Varios estudios confirman teorías sobre la prematura aparición de la leucemia en menores que residen cerca de estas explotaciones.

La impunidad de las empresas explotadoras ocupa parte de la denuncia de estas organizaciones, que alegan un maltrato a los pueblos originarios que aún pueblan esos campos y malas condiciones laborales. “Hay una importante falta de rastreabilidad de sus acciones. Queman sus casas y les amenazan con pistolas, queman todo lo que es construcción civil, puentes..., les cercan incluso con vallas físicas”, denuncia Pollyana, también de la delegación de Brasil, que ha contabilizado varios muertos este año por enfrentamientos contra las empresas.

Entre 1995 y 2022, se han identificado como “trabajadores esclavos” cerca de 60.000 personas solo en los negocios relacionados con la explotación de la soja. “El trabajo esclavo desgraciadamente es una realidad. Son trabajadores en unas condiciones totalmente degradantes”, dice la activista.

El problema de Brasil no es único. Indonesia atraviesa las mismas complicaciones, pero con el árbol de palma. Esta planta produce aceite que sirve tanto para el consumo como para la elaboración de combustible. Aunque son probadas sus propiedades contaminantes y tóxicas, la Unión Europea esquilma los campos de Riau, en Sumatra, donde hay plantaciones que ocupan alrededor de cuatro millones de hectáreas.

“España es el mayor importador de palma de Europa y le sigue Italia. Y en tercer lugar, Holanda”, explica Giorgio, director adjunto de la organización Madani Berkelanjutan y parte de la delegación indonesia en España. “El país tiene unos 16,4 millones de hectáreas de plantación y el 40% pertenece a pequeños agricultores que lo gestionan ellos directamente, pero el problema aquí es en cuanto a la venta, ya que el 90% se hacen a través de intermediarios y suponen unas pérdidas de hasta un 30 o 40% de ingresos para los agricultores”, explica a este medio.

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La legalidad vigente, afirman estos activistas, obliga a las grandes empresas a ceder parte de las tierras que explotan para aquellos que habitan alrededor de las mismas y que han vivido durante generaciones de ellas, pero en la práctica este porcentaje, que debería rondar el 20%, no se cumple con garantías. “En 2022, de 74 conflictos agrarios, 59 han estado directamente relacionados con el aceite de palma”, denuncian.

La delegación procedente de Indonesia reclama a la Unión Europea un freno en las explotaciones para que así el país pueda encaminar una transición energética gracias a la palma, que puede usarse como biocombustible. “Indonesia tiene un sistema energético dependiente de la palma, además de la que exportan. Una alternativa para abandonar esa palma sería el aceite de cocina usado, un residuo que se genera, pero la Unión Europea también lo importa y no queda para que Indonesia lo pueda usar y dejar de depender de la palma”, aseguran desde Ecologistas en Acción. Si para la Unión Europea el objetivo emisiones cero para el año 2050 ya es complicado, para estas naciones que siquiera pueden disponer de sus materiales, se antoja prácticamente inaccesible.