La estrategia legal en auge para cancelar un contrato de alquiler: cuando tu casero dice que su hijo necesita el piso

Los derechos y protecciones que puede generar la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) se desmoronan ante ciertos vacíos legales que priman en España. El Sindicato de Inquilinos denuncia que en los últimos tiempos se ha producido un aumento de caseros que reclaman las viviendas alquiladas antes de que el contrato termine. La intención, aseguran, no es otra que recuperar los pisos, subir el alquiler mensual, y volver a ofrecerlos en un mercado inmobiliario cada vez más caro.

Forzar a un inquilino a abandonar una vivienda antes de que finalice el contrato de alquiler es ilegal y solo se puede hacer bajo causa de fuerza mayor. El Artículo 9 de la LAU recoge un supuesto extremo, el derecho a recuperar una vivienda alquilada cuando es un caso de necesidad para el casero o algún familiar de primer grado. Sin embargo, lejos de ser una excepción, “es una práctica bastante común”, cuentan desde el sindicato a Infobae, que se ha percatado de esta jugada por parte de muchos inquilinos, como ya pasara hace unos meses con los regates que diseñaron para evitar la nueva Ley de Vivienda.

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Natalia Palomar, abogada de Provivienda, asociación que trabaja por el derecho a la vivienda en España, identifica una evolución en la norma, que ha dado vaivenes en varias reformas y en ciertos momentos ha dejado muy desprotegido al inquilino. La ley, aprobada en 1994, exigía en un primer momento que el contrato de alquiler recogiera una cláusula de preaviso si el propietario quería que los inquilinos abandonaran la vivienda ante posibles imprevistos. Sin embargo, en 2013, con el Gobierno de Mariano Rajoy, esta cláusula desapareció y los propietarios podían reclamar la vivienda pasado el primer año de contrato. “Ya no tenías que reflejar en el contrato que la podrías necesitar, con solicitarla bastaba. Con la reforma de 2019 se volvió a lo mismo: hay que reflejar en el contrato por qué necesitamos la vivienda antes de la finalización de contrato”, explica la jurista.

Aunque la ley guarda cierta defensa para quien vive alquilado, las asociaciones muestran su preocupación ante el auge de casos que arguyen una necesidad para romper contratos de alquiler. “Si la ley se aplicara de forma honesta, el artículo estaría bien, pero hay mucha picaresca”, arguye Palomar, que aunque reconoce protección en la ley tras la última reforma, el alquilado siempre lleva las de perder. “La parte arrendataria puede negarse y decir que no se cree al propietario, así que se irá a un procedimiento judicial ordinario para hacer valer la necesidad. Si lo pone en el contrato, está en su derecho”, dice Palomar.

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El nuevo Ministerio de Vivienda de Isabel Rodríguez reconoce a este medio que “en la LAU no aparece nada” que pueda proteger al inquilino ante esta práctica. Ante la pregunta de si tienen previsto aprovechar la legislatura para diseñar planes de contención que eviten estas formas, el Ministerio no ha respondido a la pregunta.

“Son muchas las inquilinas que han llegado porque sus caseros de la noche a la mañana les han comunicado que necesitan la vivienda para su uso personal (o para su hijo) y lo que realmente nos estamos encontrando es que, en la mayoría de las ocasiones, es una excusa para saltarse la ley y no respetar los años de contrato que les quedan para poder subir, aún más, el precio de los alquileres”, sostienen desde el Sindicato de Inquilinos.

Pero puede pasar que muchos alquilados reciban una llamada de sus caseros para abandonar la vivienda y que el contrato no refleje nada para esta situación. No es una cláusula obligatoria en un contrato de alquiler y puede no estar reflejado. Ahí, el propietario lleva las de ganar, aunque el Sindicato de Inquilinos considera que “si el casero no incluyó explícitamente una cláusula que recogía esta posibilidad, no se podrá aplicar y, por lo tanto, sería ilegal”.

Actualmente, el precio de la vivienda está en continua escalada. El precio de segunda mano terminó el 2023 con una subida del 8,86%, con el metro cuadrado a 2.160 euros. La Comunidad Valenciana fue donde más subió el precio de la vivienda de segunda mano el pasado mes de diciembre, con un incremento del 13,83%, seguida de Madrid, con un 13,23%, y Canarias, con un 12,82%.