Es el problema de los hospitales públicos de gestión privada. Que las cuentas, a veces, no cuadran. La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictaminó en marzo de este año que IDC Salud Móstoles (filial del Grupo Quirón) tenía razón en el pleito judicial que había interpuesto contra la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid por una deuda del año 2014, cuando el presidente regional era Ignacio González. Tras nueve años de discrepancias y litigios, el Ejecutivo autonómico que ahora preside Isabel Díaz Ayuso es el que tiene que pagar 30.314.194 euros.
El pago de los 30 millones fue acordado en el pasado Consejo de Gobierno celebrado el 5 de julio, pero no se hizo público en la rueda de prensa posterior. El diputado de Más Madrid Eduardo Gutiérrez ha preguntado a la Comunidad de Madrid qué influencia presupuestaria pueden tener los procesos judiciales en vigor en los que la Administración sea parte demandada por importes superiores a 10 millones de euros. La respuesta que existen actualmente abierto dos pleitos por los que reclaman a las arcas públicas 233 millones de euros y otra sentencia ya firme por estos 30 millones.
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“El problema es que los gobiernos del PP en la Comunidad de Madrid han abusado de las concesiones público privadas generando una deuda de miles de millones, que no se reflejan en la deuda pendiente, y están afectando a su sostenibilidad financiera”, señala Gutiérrez. En este caso concreto, la discrepancia que llevó al Grupo Quirón a litigar en los tribunales fue la liquidación del ejercicio 2014 del contrato de “gestión de servicios públicos, por concesión, de la asistencia sanitaria especializada del Hospital Universitario Rey Juan Carlos de Móstoles”.
El Grupo Quirón gestiona cuatro de los hospitales públicos de gestión privada de la comunidad de Madrid: la Fundación Jiménez Díaz (en régimen concertado) y el Hospital Infanta Elena de Valdemoro, el de Villalba y el Rey Juan Carlos de Móstoles (estos tres últimos en régimen de concesión). Este último fue inaugurado en 2012 y la gestión se asignó inicialmente a la empresa privada Capio. La compañía cambió de nombre en 2013, pasando a denominarse IDC Salud, y tras la fusión con la empresa Quirón en 2014 pasó a depender de Quirón Salud, que a su vez fue adquirido por el grupo sanitario alemán Fresenius Helios. La concesión tiene una duración de 30 años y finaliza en 2040.
Esa concesión es la que provocó discrepancias en los servicios prestados en el ejercicio 2014. La Comunidad (dueña del hospital) paga a la concesionaria un canon anual por cada tarjeta sanitaria que atiende. Ese 2014 la Consejería Sanidad facturó 94 millones de euros a este hospital por los servicios sanitarios privados. Pero luego hay un proceso largo de comprobación. Y en agosto de 2018, cuatro años después, Sanidad modificó la liquidación definitiva del ejercicio 2014 del contrato de asistencia sanitaria especializada correspondiente al Hospital Rey Juan Carlos y determinó que el hospital había cobrado 10,3 millones de más.
El Grupo Quirón no estuvo de acuerdo y reclamó. En julio de 2020, la Vicenconsejera de Asistencia Sanitaria estimó parcialmente el recurso de reposición interpuesto por IDC Salud Móstoles contra la resolución de agosto de 2018 y modificó dicha liquidación, reconociendo esta vez un saldo favorable a la sociedad concesionaria por importe total de 14.343.242,60 euros. Pero no era suficiente para Quirón, por lo que acudió a los tribunales. Al final, la justicia ha dictaminado que el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) debía 30,3 millones de euros a la concesionaria.
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“Se trata de una sentencia en la que ha habido una serie de discrepancias en las liquidaciones correspondientes a este hospital del año 2014″, explica un portavoz de Sanidad. “Desacuerdo sobre la liquidación de 2014. Lo llevan a los tribunales y en la última instancia les dan, parcialmente, la razón”. Parcialmente porque Quirón Salud reclamaba otros 264.000 euros por la atención de pacientes prestada en Móstoles derivados de otros hospitales gestionados por el mismo grupo, por estimar el tribunal que la actividad prestada no es financiable por el SERMAS. El Grupo Quirón no ha querido hacer comentarios.
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