El Estatus de Protección Temporal (TPS) se ha transformado en un eje central de la vida de decenas de miles de migrantes centroamericanos en Estados Unidos. Este beneficio federal, que otorga protección contra la deportación y permisos laborales a personas provenientes de países afectados por crisis extremas, atraviesa un momento de máxima tensión para varias comunidades de la región.
Diseñado en 1990 por el Congreso estadounidense, el TPS nació como respuesta a desastres naturales, guerras civiles y emergencias humanitarias que imposibilitaban el regreso seguro de ciertos colectivos. Las primeras designaciones para Centroamérica se emitieron tras eventos críticos: El Salvador fue incluido tras los terremotos de 2001; Honduras y Nicaragua ingresaron al programa tras el paso devastador del huracán Mitch en 1998.
En contraste, Guatemala nunca ha recibido una designación de TPS, a pesar de haber enfrentado crisis severas como la erupción del Volcán de Fuego en 2018 y los daños provocados por los huracanes Eta e Iota en 2020.
Diversos sectores sociales y diplomáticos han solicitado repetidamente que se extienda la protección a los guatemaltecos, pero hasta ahora el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) no ha concedido el beneficio, dejando a miles de migrantes de ese país sin acceso a este resguardo temporal.
El Salvador: la mayor comunidad amparada y el único TPS estable
Más de 170.000 salvadoreños mantienen actualmente su estatus bajo el TPS, conformando la principal comunidad centroamericana protegida en Estados Unidos. Luego de sucesivas renovaciones y litigios, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) extendió la vigencia de este beneficio hasta el 9 de septiembre de 2026. Esto les permite residir y trabajar legalmente, aunque la protección sigue siendo temporal y sujeta a futuras revisiones políticas o judiciales.
Honduras y Nicaragua: protección en riesgo tras un fallo clave
La situación de Honduras y Nicaragua ha adquirido una nueva dimensión tras un reciente avance judicial. El 9 de febrero, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, anunció un fallo determinante del Noveno Circuito que habilita al gobierno federal para retirar el TPS a migrantes de Honduras, Nicaragua y Nepal. Noem celebró la decisión como “una victoria para el Estado de derecho y una reivindicación de la Constitución de los Estados Unidos”, y acusó a la administración de Joe Biden de haber distorsionado el uso del TPS para facilitar la entrada de “terroristas violentos, criminales y amenazas a la seguridad nacional”.
La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, mediante una orden de seis páginas, suspendió temporalmente la decisión de la jueza federal Trina Thompson, del Distrito Norte de California. En diciembre de 2025, Thompson había dejado sin efecto la terminación del TPS al considerar que el procedimiento federal no evaluó adecuadamente las condiciones reales en los países de origen. Ahora, el Departamento de Seguridad Nacional puede avanzar con la cancelación del programa, aunque persisten litigios de fondo pendientes.
La incertidumbre sigue siendo la constante: más de 51,000 hondureños y casi 3.000 nicaragüenses permanecen amparados, mientras miles de familias continúan a la espera de nuevas resoluciones judiciales y decisiones administrativas. Voceros de organizaciones migrantes insisten en que el impacto emocional, económico y social de este limbo legal es profundo, ya que la estabilidad de comunidades enteras depende de la continuidad del TPS y de su capacidad de enviar remesas a sus países de origen.
Contribución e impacto económico del TPS en Centroamérica
El TPS ha permitido que las comunidades de El Salvador, Honduras y Nicaragua aporten en conjunto más de USD 4.500 millones anuales en salarios y casi USD 7.000 millones en contribuciones a la seguridad social de Estados Unidos durante la última década, según datos de ASAP Together y Forum Together. Además de estos indicadores, el programa ha favorecido el arraigo de familias binacionales y el envío de remesas, que representan un pilar económico en sus países de origen.
La suspensión o eliminación del TPS podría detonar separaciones familiares, desarraigo y una mayor presión sobre los sistemas migratorios tanto en Estados Unidos como en Centroamérica.