En una charla exclusiva con Alejandro Martínez, decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, quedó expuesta la gravedad del presente financiero de la UBA y su impacto sobre la calidad educativa, en medio del enfrentamiento judicial entre el Estado y el sistema universitario público.
Durante su paso por el estudio de Infobae al Regreso, donde dialogó con Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos, Matías Barbería y Mica Mendelevich, Martínez lamentó: “El presupuesto alcanza hasta mayo, junio. Los médicos me dicen: ‘la plata nos alcanza hasta mayo, junio’”. Detalló que los recursos asignados “tienen una falencia de funcionamiento: la mitad del presupuesto de la UBA va a la función salud, y los hospitales universitarios tienen un problema adicional”.
El presupuesto universitario, eje de la crisis
Martínez cuestionó la “escalada de conflictos” que obliga a la comunidad universitaria a desviar energías de la tarea académica: “Es una pena que los universitarios y los docentes tengamos que dedicar la energía a estas cosas en vez de ocuparnos de lo que la universidad hace y debe hacer”. Agregó que la inversión por alumno es “5 o 10 veces menor que en universidades latinoamericanas como la UNAM o Campinas. En mi facultad, el presupuesto es cerca de dos mil dólares por año y por estudiante, mientras que en otras está entre cinco y diez mil dólares”.
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El decano remarcó que el 90% del presupuesto se destina a salarios, lo que dificulta competir con el sector privado: “No le pagás bien al docente, se va. Hay autoridades de privadas que tienen como objetivo llevarse docentes de Exactas y de Ingeniería de la UBA. El que vive exclusivamente del salario docente, cuando puede ganar lo normal en una privada, se va”. La consecuencia, advirtió, es la pérdida de capital humano y una caída en la motivación: “Esto viene pasando desde hace dos años. Ya los docentes no estaban bien pagos y la calidad se resiente”.
Cambios en los planes de estudio y necesidad de un plan nacional
Consultado sobre la adecuación de la oferta académica a las demandas productivas del país, Martínez reconoció: “Discutimos poco qué tipo de egresados necesita la Argentina, pero también falta un plan país, un proyecto definido”. Señaló que la Facultad de Ingeniería revisó en 2023 todos sus planes de estudio para reducir cuellos de botella y facilitar la graduación: “Ahora nos centramos más en el estudiante. Queremos que no existan obstáculos innecesarios y que puedan avanzar sin que el trabajo o la situación económica los frene”.
El decano insistió en la necesidad de un debate genuino entre universidades y gobierno: “El gobierno, si tuviera intención de no ir en contra de la universidad, se sentaría a plantear lo que quiera plantear y vería de hacer un plan en conjunto. Pero no así de frente, porque así de frente perdemos docentes”.
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La interacción con el sector privado y la cultura del financiamiento
Martínez reveló que la Facultad de Ingeniería ya implementó mecanismos para recibir aportes privados y donaciones individuales: “En nuestra página web hay un botón para que cualquiera pueda donar. Hace dos años interactuamos con empresas para que aporten, porque el salario se cubre con presupuesto, pero los equipos y la infraestructura dependen de fondos extra”. Sin embargo, advirtió que la cultura de donaciones en la universidad pública aún es incipiente: “Hace falta cambiar la mentalidad, tanto en la universidad como en los privados”.
La entrevista, enmarcada por la batalla legal entre el gobierno nacional y las universidades públicas por el giro de $2,5 billones, reflejó el clima de incertidumbre. Martínez fue contundente sobre los riesgos: “Si no se cumple con el financiamiento, habrá otra marcha federal. Y si no hay una discusión estructural, la universidad puede seguir el camino de la escuela media, con una degradación progresiva”.
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