El financiamiento del sistema educativo se mantiene en el centro de la agenda de los ministros de Educación de todo el país. Previo a la última reunión del Consejo Federal de Educación –el organismo que nuclea a los 24 titulares de las carteras educativas provinciales y a la Secretaría de Educación de la Nación–, el tema volvió a discutirse a partir de un proyecto de ley elaborado por Mendoza.
Entre otras medidas, la iniciativa propone establecer un piso presupuestario obligatorio que no pueda reducirse de un año a otro y que se actualice por inflación, para darle mayor previsibilidad al sistema y “blindarlo” de ajustes abruptos. Además, crea nuevos fondos nacionales para becas, infraestructura, tecnología e incentivos salariales vinculados al desempeño docente. También redefine los criterios de distribución de los recursos federales para favorecer a las provincias con mayor vulnerabilidad, y hace foco en la transparencia y los mecanismos de auditoría para monitorear el uso del dinero.
El borrador del proyecto, al que accedió Infobae, se titula “Ley Bases para el Financiamiento Educativo Federal”, en lo que parece ser un guiño al nombre de la ley “ómnibus” que impulsó en su momento el Gobierno nacional. El proyecto, que en su versión actual tiene 23 artículos, fue presentado en el Consejo de Mayo por el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, en representación de las provincias. Sin embargo, no fue incluido entre las “propuestas legislativas” surgidas de ese Consejo, a diferencia de la Ley de Libertad Educativa promovida por el Gobierno nacional.
Según consta en los documentos oficiales y según pudo confirmar Infobae, ninguno de los dos proyectos tuvo consenso en el Consejo de Mayo: el de Libertad Educativa fue cuestionado por la CGT, la UIA y las provincias. Tampoco fue debatido previamente en el Consejo Federal de Educación (CFE), ni tiene –por ahora– fecha de presentación formal en el Congreso nacional.
En respuesta a esa iniciativa, algunas provincias impulsan la discusión de una Ley de Financiamiento para darle mayor estabilidad al presupuesto educativo, que actualmente es financiado en un 75% por las jurisdicciones y en un 25% por la Nación. Es en paralelo a la discusión por el presupuesto universitario, que depende solo de Nación y que fue incorporado al temario de las sesiones extraordinarias del Congreso.
La propuesta es liderada por Mendoza, que en los últimos años institucionalizó varias de sus políticas educativas por medio de leyes provinciales. Este proyecto cuenta con el apoyo de más de la mitad de las jurisdicciones, según informó una fuente del CFE. Según pudo saber Infobae, en el ámbito del CFE se propuso la creación de dos grupos de trabajo para recibir aportes de las provincias y la Nación, e identificar puntos de consenso en torno a ambas iniciativas: la de “libertad educativa” y la de financiamiento de la educación obligatoria.
Varias provincias de distintos colores partidarios han cuestionado el proyecto de “libertad educativa”: critican, entre otras cuestiones, el rol subsidiario atribuido al Estado, el exceso de ideologización, la falta de un diagnóstico basado en evidencia y el desacople con los problemas actuales de la educación argentina, la ausencia de referencias a la educación digital, así como el énfasis puesto en las familias y el Estado nacional cuando son las provincias las que financian la mayor parte del sistema.
“Si bien no tomó estado parlamentario, hay varios elementos en el proyecto de Libertad Educativa que no reflejan la tradición del sistema educativo argentino ni se ajustan a su organización legal. Es regresivo en cuanto a las responsabilidades que asigna a la familia y al Estado: en Santa Fe, la Constitución provincial establece claramente que el Estado tiene un rol indelegable en garantizar el derecho a la educación. El Estado también tiene la obligación de evaluar los aprendizajes, que es la manera de rendir cuentas por el cumplimiento de ese derecho”, afirmó José Goity, ministro de Educación de Santa Fe.
“No creo que, en su enorme mayoría, las familias puedan ni quieran asumir la responsabilidad que ese proyecto de ley les asigna”, dijo Flavia Terigi, directora general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires. Y agregó: “Si respecto del proyecto de Ley de Libertad Educativa decimos que no resuelve ningún problema real de la educación argentina, digamos también que una ley de financiamiento educativo es necesaria en tanto proponga asegurar el financiamiento del Estado nacional a la educación”.
Primero, el financiamiento
Buena parte de las provincias reclaman que, antes de discutir una reforma educativa, se aseguren las condiciones de previsibilidad para el financiamiento del sistema, según pudo reconstruir Infobae a partir de consultas en on y en off a ministros de distintas provincias y de diferentes signos políticos. El planteo motivó una reunión de funcionarios provinciales antes de la última asamblea del CFE en CABA la semana pasada, aunque fuentes de la Secretaría de Educación de la Nación señalaron que ese proyecto “no se trató institucionalmente” ni formó parte de la agenda oficial del Consejo Federal.
El proyecto surge tras un recorte del 50% en el presupuesto educativo nacional en los dos últimos años. Ese ajuste impactó en los salarios docentes –a partir de la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) en febrero de 2024–, la infraestructura escolar, el equipamiento (incluyendo la eliminación del plan Conectar Igualdad), las becas (con la reducción de los montos y de la cantidad de beneficiarios del programa Progresar), la formación docente y los comedores escolares, entre otros rubros. Desde las provincias señalan que incluso es insuficiente el financiamiento nacional para el plan de alfabetización acordado a nivel federal, y cuyos fondos se destinaron sobre todo a la extensión de la jornada escolar a través del programa Hora Más.
Más del 70% del presupuesto educativo nacional se destina a las universidades; para la educación obligatoria quedan menos de 3 de cada 10 pesos disponibles. Además, el artículo 30 del Presupuesto 2026, aprobado en diciembre, implicó la derogación de varias disposiciones que establecían pisos de financiamiento –históricamente incumplidos–: además de eliminar la meta de inversión del 6% del PBI en educación, se anuló el fondo para la Educación Técnico Profesional. La retirada unilateral de los fondos nacionales fue absorbida según las posibilidades –desiguales– de cada jurisdicción: por ejemplo, algunas pudieron cubrir el FONID con fondos propios, pero otras no.
“La mayoría de las provincias coincide en que hay que hablar del financiamiento de manera urgente y necesaria. Mendoza está liderando esa discusión. Necesitamos asegurar el presupuesto para las políticas educativas”, dijo Tadeo García Zalazar, ministro de Educación, Cultura, Infancias y director general de Escuelas de Mendoza. Y propuso empezar por “el plan nacional de alfabetización, que tiene un consenso pleno, pero requiere de financiamiento y recursos. Si no, es difícil que las provincias puedan avanzar”. Varios ministros coinciden en calificar la situación del financiamiento como “urgente” y plantean la necesidad de alcanzar un acuerdo con la Nación en el primer semestre del año.
“A lo largo de las últimas décadas, hemos comprendido que la reforma educativa es estructuralmente inviable si se desvincula de la solidez financiera. La inversión no puede ser una variable de ajuste; debe ser la palanca de transformación”, señala en sus fundamentos el borrador del proyecto presentado por el gobernador Alfredo Cornejo.
“La transformación educativa no es una aspiración meramente pedagógica; es una necesidad económica y un imperativo social. Las reformas pasadas han demostrado su inviabilidad estructural al concebir el financiamiento como un mero mecanismo operativo posterior, en lugar de un requisito sine qua non para cualquier cambio real”, continúa el texto.
Qué dice el proyecto
La iniciativa ya no establece una meta de inversión educativa en función de un porcentaje del PBI, como lo hacía el artículo 9 –ahora derogado– de la Ley de Educación Nacional y como lo había planteado la Ley de Financiamiento Educativo vigente desde 2005. Algunos especialistas y funcionarios nacionales cuestionaban esa forma de definir metas, que implicaba que pareciera que la inversión educativa crecía cuando el PBI se contraía.
Para proteger el financiamiento educativo de eventuales recortes –como pasó en los últimos años–, el proyecto establece un piso presupuestario federal obligatorio para educación que no podrá ser inferior al gasto ejecutado el año anterior. Además, ese piso deberá actualizarse cada año según el índice más alto entre la inflación (IPC) y el aumento de la masa salarial docente, con el objetivo de garantizar un crecimiento real de la inversión.
Ese el primer “pilar” del proyecto, orientado a garantizar una inversión “suficiente”. Desde algunas provincias advierten, sin embargo, por la definición de cuál será ese “piso”: plantean que, si se considerara lo ejecutado en 2025, se estaría convalidando el recorte ya efectuado. Señalan también que una subejecución de los fondos permitiría, en los hechos, recortar el presupuesto año siguiente.
El proyecto crea un Mecanismo Federal de Compensación Educativa, que apunta a garantizar una distribución de fondos que favorezca a las provincias más vulnerables y genere mayor equidad. Según ese mecanismo, la idea es asignar más recursos a las jurisdicciones con mayor índice de vulnerabilidad socioeducativa, menor capacidad de inversión propia y más necesidades vinculadas a la matrícula –un punto que favorecería a las jurisdicciones que tienen más estudiantes–.
Un tercer eje clave es la definición de cuatro prioridades estratégicas para la asignación de los recursos nacionales. Allí se plantea que los recursos transferidos por la Nación deben destinarse prioritariamente a la expansión del nivel inicial (salas de 3 y 4 años), el fortalecimiento de la alfabetización, acompañamiento de trayectorias y terminalidad de la secundaria, y formación docente. Además, se crea el Fondo Federal Único de Becas Educativas (FFUBE), que unificaría los programas de becas existentes.
Un cuarto “pilar” se enfoca en la inversión en capital y tecnología, en un contexto en el que –en promedio– el 90% del presupuesto educativo de las provincias se destina a salarios. En ese punto se crea el Fondo Único Rotativo para Inversión en Capital (FFURP), que unifica los recursos nacionales destinados a infraestructura escolar, equipamiento y tecnología. Ahí se establece que una parte del financiamiento estará condicionada a la implementación de planes de conectividad y equipamiento tecnológico, incluyendo “aulas digitales, plataformas educativas robustas y la instalación de antenas de banda ancha en escuelas rurales y contextos desfavorecidos”.
Un quinto eje se dedica a los “incentivos” salariales, una línea en la que vienen trabajando varias provincias. El proyecto crea el Fondo Federal de Estímulo al Desempeño Docente (FFEDD), que financia incentivos vinculados a metas educativas. Entre ellos, se propone un aumento salarial del 20% para docentes en zonas críticas, para reducir la rotación (lo que en Mendoza se llama el “ítem arraigo”, creado en 2025) y mejoras salariales del 10% para quienes completen formación continua, además de incentivos a las provincias para universalizar el nivel inicial y extender la jornada escolar (lo que hoy se realiza por medio del programa Hora Más creado en 2022).
El sexto pilar se refiere a “transparencia y rendición de cuentas”, para asegurar el control público del gasto y vincular el financiamiento con resultados. En este sentido, el proyecto establece la publicación trimestral de la ejecución de los fondos educativos, la creación de una base de datos federal compatible con el sistema nacional SInIDE que abarque a todas las provincias, y la realización de auditorías independientes del gasto educativo para evaluar su impacto en los resultados de aprendizaje.
Además, la iniciativa plantea que todas las jurisdicciones deberán integrarse a un Sistema Federal de Alerta Temprana con el objetivo de “garantizar la continuidad de las trayectorias educativas y combatir el abandono escolar en todos los niveles obligatorios”.
El borrador del proyecto también busca asegurar el financiamiento para la educación técnica. Propone reducir la duración de la secundaria técnica a cinco años, crear un sistema de créditos académicos que reconozca saberes previos y aumentar la inversión en equipamiento. También establece que las jurisdicciones deberán promover “la creación de un sistema dual de certificación de oficios en articulación con el sector productivo, las cámaras empresariales y las entidades sindicales”.