Cierres, abrazos a escuelas, reducción de cursos: ¿qué pasa en los colegios privados bonaerenses?

En las últimas semanas, dos colegios del conurbano bonaerense, el Niño Jesús de Praga de Olivos y el Instituto Modelo del Sur Avellaneda, anunciaron que cerrarán sus puertas en 2024 por razones financieras. En otras escuelas privadas de la provincia, las comunidades educativas vienen organizando abrazos y otras medidas para alertar sobre su frágil situación económica.

La Asociación de Colegios Privados de la Provincia de Buenos Aires (AIEPBA) advirtió que hay 200 escuelas privadas, con y sin aporte estatal, que atraviesan dificultades financieras severas, y otros 30 colegios en “riesgo serio de cierre”. Para poder seguir funcionando, piden mayor apoyo del Estado. En total, esas instituciones nuclean a casi 10 mil alumnos y más de 1.100 docentes.

Tanto AIEPBA como las escuelas consultadas remarcan que los problemas económicos comenzaron con la pandemia, pero se agudizaron en el último tiempo por la espiral inflacionaria y el consecuente desfasaje entre costos e ingresos –es decir, entre los aumentos salariales y los incrementos en las cuotas–. Estiman que la recuperación del sector llevará entre cinco y diez años.

“Las escuelas crean valor y comunidad. La educación de gestión privada contribuye de manera decisiva a sostener el sistema educativo, albergando a un millón y medio de alumnos que nos eligen cada año”, dijo Martín Zurita, secretario ejecutivo de AIEPBA, a Infobae.

Fuentes de la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) de la provincia de Buenos Aires informaron que durante el actual gobierno hubo “un significativo incremento en las subvenciones estatales, atendiendo a la situación de compromiso económico ocasionado por la pandemia”, y señalaron que aumentaron 521% los nuevos beneficios en comparación con la gestión previa.

Esta semana, la comunidad educativa del Niño Jesús de Praga –que el año que viene cumpliría 90 años– organizó un abrazo simbólico a la escuela en rechazo al cierre del nivel inicial y primario. La escuela, que tiene más de 400 alumnos y recibe subvención estatal, informó la decisión a las familias el pasado 5 de octubre, cuando muchas instituciones ya cerraron sus períodos de matriculación.

La institución les ofreció a las familias el pase al Instituto Jesús en el Huerto de los Olivos, ubicado a una cuadra y también dependiente del Obispado de San Isidro. Desde el colegio argumentaron que ambas instituciones van a integrarse para “desarrollar un proyecto educativo único, pensando en potenciar lo mejor de los proyectos y crecer juntos”. Sin embargo, los padres advirtieron que el Huerto tiene un régimen de jornada completa obligatoria, a diferencia del Niño Jesús de Praga –donde la doble jornada es optativa–, y también que la cuota es más cara.

“Tanto el cuerpo directivo, el personal docente y auxiliar así como también madres, padres y alumnos fuimos brindando lo mejor para nuestra escuela. Sin embargo, la realidad y las dificultades económicas, tanto institucionales como del país, nos exigen tomar decisiones en pos de la educación de nuestros alumnos y la sustentabilidad del Colegio”, dice la carta a las familias firmada por Alberto Scheinig, director general y representante legal del Grupo Educativo Jesús en el Huerto de los Olivos, que nuclea a ambas escuelas de Zona Norte.

El cierre del jardín y la primaria del Colegio Niño Jesús de Praga es resistido por las familias y fue rechazado también por el gremio docente SADOP, que expresó en un comunicado: “Como representantes de los trabajadores docentes hemos iniciado negociaciones con el empleador, con la absoluta convicción de que no permitiremos la pérdida de ningún puesto de trabajo ni la pérdida de ningún derecho de los docentes que allí desarrollan su tarea de enseñar”.

No es la única institución que está cerrando sus puertas: hace un mes, el Instituto Modelo del Sur Avellaneda (IMSA) anunció que dejará de operar en 2024. Desde el colegio, que no cuenta con subvención estatal, atribuyeron la decisión a “razones económicas y financieras”. En una carta dirigida a las 700 familias que envían sus hijos a esa escuela, los directivos expresaron que “la institución ya no cuenta con la espalda económica para sostenerse y continuar funcionando con el nivel de compromiso que la responsabilidad nos ha dado y amerita”.

“La escuela no llega a cubrir sus costos y mes a mes aumentan sus deudas”, señaló el comunicado del IMSA, que también mencionó entre las causas del cierre la imposibilidad de “recuperar la matrícula necesaria los años posteriores a la pandemia” y la gran cantidad de “deudores, morosos e incobrables”.

El Niño Jesús de Praga y el IMSA no son casos aislados: podrían venir más cierres, advierten las fuentes consultadas. “Hay muchas escuelas privadas bonaerenses que están en una situación muy límite, cerrando divisiones debido a la falta de matrícula”, dijo Adriana Etcheverry, fundadora de ECO Escuelas Comprometidas, una organización que nuclea a 400 escuelas de la provincia de Buenos Aires. Etcheverry señaló que vienen observando una migración de las familias “de las escuelas privadas a las privadas subvencionadas y de ahí a las estatales”.

“El porcentaje de ganancia de las escuelas privadas se está achicando. Entre el 85 y el 90% del ingreso se va a sueldos, aportes y contribuciones. Con el 10 o 15% restante uno le tiene que hacer frente a la parte impositiva, el mantenimiento de la escuela, el sostenimiento de la infraestructura y el equipamiento”, dijo Etcheverry, quien también es propietaria del jardín Rayito de Sol en Florida, y resaltó que la situación es especialmente crítica en los jardines maternales, que suelen tener salas de pocos alumnos y mucho personal.

“Uno no puede trasladarles a las familias cada ajuste de salario, porque no lo pueden pagar. Entonces las escuelas vienen poniendo plata de su bolsillo para seguir funcionando, pero algunas instituciones ya no tienen más resto, porque arrastran deudas desde 2020. Ningún gobernante quiere tomar la posta de este problema”, describió Etcheverry. Y agregó que el Instituto de Previsión Social (IPS) “no ha condonado deudas ni ha generado una moratoria prolija”, sino que “ha implementado embargos en cuentas de colegios privados y ha generado intereses leoninos sobre las deudas”.

Algunas comunidades educativas se vienen movilizando para advertir sobre la situación crítica que atraviesan sus escuelas. Se organizaron abrazos solidarios al Colegio Amancio Alcorta de Moreno, a la Nueva Escuela Spegazzini de Ezeiza y al Colegio Vicente F. Saperi de Monte Grande, entre otros. Otras instituciones, como el Colegio Sagrado Corazón de María, de Arturo Seguí, en las afueras de La Plata, vienen pidiendo aportes estatales para seguir funcionando.

Los criterios para la asignación de subvenciones estatales son motivo de cuestionamiento. “La última vez recibieron subvenciones 80 colegios, de los cuales algunos ya tenían, o sea que les subieron el porcentaje. Mientras tanto, otras escuelas no recibimos nada y cada día se nos hace más difícil”, dijo Silvia Saperi, psicopedagoga y fundadora Complejo Educativo Vicente F. Saperi, que funciona desde hace 35 años en Monte Grande.

Saperi explicó a Infobae que vienen solicitando subvención estatal desde 2021, que por trabas burocráticas no recibieron el ATP durante la pandemia y que, aunque han cumplido siempre con los salarios, se les acumuló una deuda millonaria con el IPS. Y resaltó: “Hay colegios que reciben subvenciones y que cobran cuotas más altas que la nuestra. Es difícil de entender: se supone que las subvenciones son para ayudar a los que no tienen, para generar más igualdad, no para que algunos se hagan ricos”.

Con más de 500 alumnos, el Colegio Saperi fue uno de los que movilizó a su comunidad durante las últimas semanas para alertar sobre la situación. Silvia Saperi explicó que recibieron el apoyo del intendente, pero que eso aún no se tradujo en soluciones concretas: “Estamos en una espera agonizante, no sabemos si nos van a ayudar o no. Creemos que no hay decisión política, porque si no la ayuda ya habría llegado”.

“No podemos pagar las deudas, nos tratan y nos exigen como a una empresa, pero somos una institución educativa, una fuente de trabajo para 99 personas y un colegio que tiene más de 43 alumnos con proyectos de inclusión en curso. No hay en la zona colegios estatales que tengan esa cantidad de inclusiones”, afirmó Saperi, y dijo que solo por licencias y ausencias tuvieron este año “una pérdida de 5 millones de pesos”. Ya venían de un panorama crítico desde 2020: durante la pandemia la matrícula bajó en 200 estudiantes.

En la provincia de Buenos Aires funcionan 6284 instituciones educativas de gestión privada, desde el nivel inicial hasta el nivel superior. Más del 70% cuenta con aporte estatal, en porcentajes que van del 40% al 100%, informaron desde la DGCyE. De ese total, hay 1041 instituciones que tienen aportes del 80% y 2301 que reciben aportes del 100%.

“La inversión en la gestión privada no se limita solo a las subvenciones: durante la pandemia se implementaron Módulos para el Fortalecimiento de las Trayectorias Educativas (FORTE) para la intensificación de la enseñanza, se dieron excepciones y anticipos de aportes especiales, se brindó y se brinda capacitación docente, y sus estudiantes están incluidos en los viajes de egresados que otorga la provincia”, afirmaron desde la DGCyE.

Pese a las ayudas estatales, un relevamiento de AIEPBA identificó 200 escuelas con algún nivel de “riesgo de funcionamiento”. Entre todas ofrecen 53 servicios de nivel maternal, 158 de nivel inicial, 147 de nivel primario, 134 de nivel secundario, 16 de nivel superior y 7 de modalidad especial. El 75% de esas escuelas recibe un aporte estatal (de entre 60 y 100%), mientras que el otro 25% no.

La mitad de los establecimientos educativos relevados tiene entre un 20 y un 30% de morosidad en el pago de las cuotas. Además, “el 56% tiene deudas con el Instituto de Previsión Social y, de ese total, la mitad fue generada desde la pandemia”, explicó AIEPBA en un comunicado. De las 200 escuelas, el 43% proyecta que en 2024 recortará cargos u horas no obligatorios, incluyendo personal docente pero también de administración y maestranza.

Desde AIEPBA señalaron que enviaron a las autoridades de la Dirección General de Cultura y Educación un informe detallado de la situación y un pedido para trabajar en conjunto. “Advertimos a las autoridades hace tiempo que muchas escuelas atraviesan una crisis importante y consideramos que el gobierno provincial debe atender estas problemáticas concretas que afectan a cientos de alumnos y docentes. Es por ello que hemos elevado propuestas para evitar el cierre de instituciones o su desfinanciamiento”, afirmó Zurita.

Entre las medidas sugeridas por AIEPBA, figura el “cese momentáneo de embargos e inicio de juicios por parte de los organismos de recaudación”, como el IPS, AFIP o ARBA. También piden la reducción de contribuciones patronales “por un período de tiempo determinado”, o la creación de un Programa de Ayuda al Sostenimiento de las Escuelas que permita “recibir un monto fijo de pesos por empleado”.

Otro reclamo de las escuelas privadas es la “actualización de los aranceles autorizados”, teniendo en cuenta el “desfase” entre el aumento de los salarios docentes y el incremento de los aranceles desde 2020. En ese sentido, denuncian que los aranceles hoy no alcanzan para cubrir los costos.

Las propuestas incluyen la ampliación del Programa Ahora 6 o 12 “para el pago de las deudas en los aranceles”, la reducción en tarifas de luz y gas, el acceso a líneas crediticias a tasas subsidiadas y la eliminación del impuesto al cheque. Uno de los puntos pone el foco en el “sistema de control y aprobación de las licencias, sobre todo extraordinarias”, que implican “un costo económico y financiero importante para las escuelas”.

Desde la DGCyE explicaron a Infobae que continúan evaluando las situaciones de las distintas instituciones, “considerando siempre el nivel de vulnerabilidad de la matrícula de influencia y las condiciones de cada institución”.

El sector de gestión privada nuclea al 31,4% de los alumnos del sistema educativo bonaerense en los niveles obligatorios, según el último Anuario Estadístico. “El gobierno debería vernos como aliados”, señaló Adriana Etcheverry. Y planteó que muchas comunidades educativas hoy atraviesan “una situación de gran tristeza y amargura, porque cada institución que se cierra arroja a la calle a cientos de docentes y no docentes, y deja a los chicos y chicas sin su escuela”.