En 2022 hubo 16.864 escuelas sin conexión a internet en Argentina y el Estado nacional repartió 610 mil netbooks: apenas el 40,7% de las 1,5 millones prometidas para ese año. Los datos surgen de un pedido de acceso a la información pública realizado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y Amnistía Internacional Argentina al Ministerio de Educación de la Nación, que fue difundido hoy con motivo del Día Mundial de Internet.
Aunque la meta oficial era asegurar la “conectividad pedagógica” en el 90% de las escuelas del país, solo se logró alcanzar el 56,5%: 28.479 de las 50.382 unidades educativas existentes. Esta cifra implica que más de 16.800 escuelas permanecen desconectadas. Sin embargo, desde el Ministerio de Educación de la Nación aseguraron que el 81% de la matrícula escolar tiene acceso a internet.
La brecha digital ocupó el centro de la agenda en 2020 y 2021, cuando la pandemia y la suspensión de clases presenciales evidenciaron –y profundizaron– las desigualdades entre los chicos que accedieron a dispositivos y conexión a internet y quienes no contaron con esos recursos para sostener su escolaridad. Datos oficiales relevados durante la pandemia mostraron, por ejemplo, que cerca de un 60% de los alumnos de escuelas estatales no poseen una computadora en el hogar disponible para uso educativo ni una conexión a internet de calidad que les permita cumplir con las tareas escolares. En contraste, entre quienes asisten a escuelas privadas este porcentaje se reduce al 20% en acceso a computadoras y al 35% en acceso internet.
Ante ese escenario, en 2022 el Estado nacional había asignado más de 90 mil millones de pesos a Conectar Igualdad: era el segundo programa educativo con mayor financiamiento, superado solo por las universidades. Sin embargo, de esos fondos solo se ejecutaron 43 mil millones: un 47,7% de lo pautado. Ese recorte presupuestario explica el incumplimiento de los objetivos, explicaron desde ACIJ.
Los vaivenes en las políticas de educación digital
Durante 2022 se entregaron 612.504 netbooks en 8.217 escuelas secundarias estatales, según informaron desde el Ministerio de Educación de la Nación a Infobae. La cifra supone que hay más de 880.000 estudiantes que no recibieron su dispositivo, estimaron desde ACIJ. Desde el Ministerio indicaron que en 2022 se gestionó la adquisición de un millón de netbooks, cuya licitación está adjudicada.
Los especialistas han advertido sobre los vaivenes en las políticas públicas y el financiamiento de la conectividad educativa desde el lanzamiento de Conectar Igualdad en 2010. Un informe del Observatorio de Argentinos por la Educación mostró en 2022 que el nivel de inversión ha sido muy desparejo: alcanzó el 12,9% del presupuesto educativo nacional en 2011, y se mantuvo relativamente alto en 2013 (9,6%) y 2014 (7,4%), pero cayó por debajo del 3% entre 2016 y 2020. Según ese documento, los años de menor inversión nacional en educación digital fueron 2019 (0,9%) y 2020 (0,8%).
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Si bien 2021 marcó un incremento significativo de la inversión, desde ACIJ advirtieron sobre la subejecución del presupuesto asignado a educación digital, tanto en 2021 como en 2022: el financiamiento anunciado no se cumplió. Francisco Rodríguez Abinal, abogado y coordinador del programa Derechos Sociales de la Niñez de ACIJ, dijo a Infobae que la declaración de internet como servicio público “posiciona al Estado como garante del acceso”. En ese sentido, cuestionó que, en sus repuestas a los pedidos de información, el Ministerio de Educación atribuyera el incumplimiento en la distribución de dispositivos a trabas en la importación: “Si esta es una prioridad de política pública, el Estado no debería funcionar como compartimentos estancos, donde un ministerio impide que otro pueda ejecutar sus políticas”.
Rodríguez Abinal subrayó la importancia de Conectar Igualdad y destacó que la preocupación de ACIJ se enfoca en “promover que el Estado ejecute los recursos asignados según la ley de presupuesto”. El comunicado de la organización expresó que “es indispensable que el Estado ejecute los recursos previstos y cumpla con brindar equipamiento tecnológico y conexión a internet en las escuelas, especialmente aquellas localizadas en barrios populares y áreas rurales, donde existen grandes dificultades en el acceso a estos derechos”.
Fabio Tarasow, coordinador académico del Proyecto Educación y Nuevas Tecnologías (PENT) de Flacso, señaló que “a nivel mundial, aparte del Plan Ceibal de Uruguay, que funciona por fuera del sistema educativo, no hay muchos ejemplos exitosos de una política de educación digital sostenida en el tiempo”. Y puntualizó que “el acceso a los dispositivos e internet es solo el punto de partida para resolver la brecha digital. Lo más importante viene después: qué hacés en el aula para que esa inversión tenga valor y genere ciudadanía digital. Los chicos pueden tener un uso fluido de las tecnologías, pero eso no implica un uso crítico, que es lo que debe construir la escuela”.
La “conectividad pedagógica”, clave para cerrar la brecha digital
Por su parte, Alejandro Artopoulos, director de investigación y desarrollo del Centro de Innovación Pedagógica de la Universidad de San Andrés, estimó que las cifras de conectividad pedagógica son incluso más bajas que las informadas, dado que las actividades de enseñanza y aprendizaje en el aula requieren una mayor calidad de conexión que las tareas administrativas propias de la secretaría escolar. Artopoulos indicó que “la conectividad pedagógica exige al menos una conexión 100 kbps por alumno, lo que quiere decir que una escuela con 50 Mbps podría tener margen para unos 500 alumnos”.
La falta de conexión implica excluir a los estudiantes de los aprendizajes necesarios para vivir en la sociedad del conocimiento, afirmó Artopoulos: “Para poder enseñarle a un chico a buscar información en internet o a dialogar con una inteligencia artificial, obviamente es necesario tener internet. En ese sentido, es inútil discutir qué hacer con ChatGPT si no tenés el aula preparada”. Para el especialista de la Universidad de San Andrés, el principal problema para la consolidación de una política de educación digital “no es económico”, sino que tiene que ver con “las capacidades técnico-pedagógicas de los ministerios de educación, que hasta ahora han dado respuestas obsoletas y poco eficaces”.
Aunque la pandemia quedó atrás –y con ella, las clases por Zoom o Whatsapp–, el problema de la brecha digital es más urgente que nunca. Según Tarasow, “la explosión de la inteligencia artificial hace que aparezca un nuevo usuario de internet: ya no es el que busca en Google y evalúa críticamente las diversas fuentes, sino que ahora obtiene una única respuesta del ChatGPT. Es nuestra responsabilidad formar a los estudiantes para que sean capaces de cuestionar esas respuestas”.
Los datos señalan que, para muchas escuelas argentinas, el diálogo con el entorno digital resulta todavía un desafío pendiente. En la escena final de la famosa película Blow Up, de Michelangelo Antonioni, un grupo de mimos y payasos juegan al tenis sin raqueta ni pelota. Algo similar parece estar pasando en las aulas de las escuelas desconectadas: ¿cómo podrían aprender los estudiantes sobre inteligencia artificial, ciudadanía digital o pensamiento computacional sin computadoras ni internet?
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